UP rechazó las críticas a Kicillof por la Saladita y recordó que Montenegro no convocó a licitación para crear un nuevo paseo de compras

El bloque de concejales reclamó que el intendente “asuma su responsabilidad como administrador del espacio público”. En 2022 el Concejo Deliberante aprobó la creación de una nueva UTF y autorizó un llamado a licitación.

La Saladita de la Bristol, en medio de una nueva disputa política entre Ciudad y Provincia.

6 de Enero de 2025 13:03

Por Redacción 0223

PARA 0223

La polémica por las responsabilidades políticas por la situación de la denominada Saladita de la Bristol sumó un nuevo capítulo este lunes en respuesta a la denuncia penal del intendente Guillermo Montenegro para desalojar el lugar, acompañada de declaraciones públicas culpando por el tema al gobernador Axel Kicillof.

Es que el bloque de concejales de Unión por la Patria emitió un comunicado donde recordó que el propio gobierno municipal nunca llevó adelante el proyecto que autorizó en 2022 el Concejo Deliberante para crear allí un nuevo paseo de compras. Se trata de un expediente iniciado en 2021 por el Ejecutivo y que en octubre del año siguiente fue sancionado por unanimidad, formalizando la creación de la Unidad Turística Fiscal “Paseo de Compras Bristol”, autorizando a su vez al Emturyc a la elaboración de un Pliego de Bases y Condiciones para convocar a licitación, lo que indicaría que la zona está bajo jurisdicción municipal.

Según el proyecto aprobado en ese entonces, “se propone la recuperación del sector, a través del ordenamiento del espacio público, que permita respetar el entorno paisajístico, generar nuevas oportunidades de trabajo y la posibilidad de generar una inserción laboral, y la posibilidad de ampliar, mejorar y modernizar los servicios que l sector brinda a la comunidad y a sus visitantes”.

“El bloque de concejales de Unión por la Patria rechaza enérgicamente las declaraciones en medios nacionales del intendente Guillermo Montenegro, quien, de manera insólita y con fines políticos, acusó al gobernador Axel Kicillof de una situación que corresponde exclusivamente a la Municipalidad de General Pueyrredon y para lo cual el propio intendente presentó un proyecto”, remarcó ahora el bloque presidido por Mariana Cuesta.

“En lugar de asumir su deber y buscar soluciones efectivas para un espacio cuya gestión es competencia de su gobierno, opta por desviar el foco de atención con acusaciones infundadas hacia la Provincia. El problema no radica en Kicillof ni en sus políticas, sino en la incapacidad de la actual gestión municipal para avanzar con los proyectos que el mismo municipio propuso”, añadió el espacio opositor.

Exigimos al intendente Guillermo Montenegro que cese de utilizar recursos mediáticos para atacar a terceros y asuma su responsabilidad como administrador del espacio público en Mar del Plata. Los vecinos merecen una gestión comprometida y seria, que enfrente los problemas de raíz en lugar de buscar chivos expiatorios”, concluyó el bloque.

En 2022 el Concejo Deliberante creó una UTF sobre la zona que ahora Montenegro pide desalojar.

 

 

La jurisdicción sobre la Rambla, otra vez bajo la lupa

La semana pasada, Montenegro presentó una denuncia penal para lograr el desalojo de la feria que ocupa el histórico paseo de la playa Bristol, a la par que responsabilizó a la Provincia por el “abandono” del lugar”, abriendo nuevamente el debate por las jurisdicciones sobre esos sectores de la costa, algunos de los cuales dependen de La Plata o otros del municipio. En el caso de la feria en cuestión, la misma tuvo en su momento un permiso precario para su funcionamiento, otorgado en 1999 por el Concejo Deliberante a través de la Ordenanza 12.953, pero que ya se encuentra ampliamente vencido.

El pedido de desalojo de la feria se basa en informes producidos por la Secretaría de Seguridad, Obras Sanitarias y la Subsecretaría de Inspección General de General Pueyrredón, que indica que su funcionamiento genera “un riesgo cierto y serio en la seguridad y salubridad públicas”, y que en el lugar se producen “hechos tipificados penalmente”.