Serán nueve los policías que irán a juicio por “plantar” drogas, robar dinero y pedir retornos por horas Cores

La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías confirmó la elevación a juicio contra nueve policías, incluyendo dos que fueron sus titulares, acusados de distintos actos de corrupción en la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata. El delito de asociación ilícita queda para solamente tres de ellos ya que revocaron algunas imputaciones que había hecho la Fiscalía General.

Fueron los jueces Marcelo Madina y Adrián Angulo quienes respondieron los recursos de los defensores y el fiscal general adjunto Marcos Pagella sobre algunos puntos de la resolución original que había firmado la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos.

En esta ocasión revocaron la imputación por asociación ilícita que pesaba sobre el titular de la dependencia Claudio Pontoriero y los subalternos Débora Duran, Cristian Jonatan Battistessa y Lucas Barreiro que igual que lo definido anteriormente sobre Leandro Piboleau y Paola Reynaldo.

Pontoriero deberá responder por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, exacciones ilegales, coacción, hurto calificado por ser cometido por funcionario público y falsificación ideológica de instrumento público. Por su parte Leandro Piboleau y Paola Reynaldo están imputados por defraudación en perjuicio de la administración pública, exacciones ilegales y coacción.

En el caso de Durán, Battistessa y Barreiro, la acusación es por hurto calificado y falsificación ideológica que en el caso de los dos últimos se suman a defraudación al Estado, exacciones ilegales y coacción. La acusación de asociación ilícita solo se mantuvo para los policías Leonardo Mariño, Jonathan Aguirre y Julián Paglione, que también están acusados de hurto calificado y falsificación ideológica.

La causa

La investigación comenzó tras una denuncia anónima que llegó al área Asuntos Internos que denunció la apropiación indebida de las horas Cores por parte de la superioridad y a maniobras destinadas -a partir de un mecanismo preestablecido- a la sustracción de dinero en efectivo en los allanamientos que se llevaban a cabo en la repartición.

El primer detenido fue Pontoriero, a mediados de julio del año pasado y mientras cumplía funciones como titular de la Delegación local Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas. En la misma denuncia se indicó que en un allanamiento durante un operativo denominado "Plaza Blanca" que hizo en inmediaciones de Plaza Rocha y en un departamento ubicado en San Luis al 2300 en el que agentes de esa repartición habrían sustraído una suma cercana a los 300 mil pesos.

En cuanto a la asignación de horas Cores y el cobro de "retornos", la denuncia anónima indicó que fue una constante desde la asunción de Pontoriero y que se sostenía con amenazas de traslados o sanciones a quienes se negaban. "Las horas no se hacían y se facturaban igual por lo que los efectivos se llevaban el dinero de las realizadas y entregaban el porcentaje restante al superior", explicaron fuentes oficiales.

Más para investigar

Siete meses después de los allanamientos que terminaron con esa detención, la continuidad de la investigación generó un nuevo cimbronazo en la fuerza y en la repartición. El jefe anterior de la dependencia y otros cuatro efectivos fueron acusados de los mismos delitos y de “plantar” estupefacientes en algunos allanamientos.

Para los investigadores está acreditada la existencia de un sistema de recaudación forzosa provenientes de horas Cores en perjuicio del personal que prestaba servicio en las distintas Unidades Investigativas del área Operaciones de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas bajo amenaza de retirar la concesión de tales beneficios, de traslados a otras dependencias o el inicio de sumarios administrativos.

Según la teoría del caso, al menos entre enero y junio de 2024 un grupo de personas en forma organizada y previa distribución de roles –aprovechando su condición de funcionarios públicos- montaron un aceitado mecanismo para la comisión de delitos con la finalidad de obtener un indebido provecho económico: se apoderaron ilegítimamente de dinero en efectivo y otros bienes –incluyendo estupefacientes que posteriormente “plantaban” en otros allanamientos para garantizar que hubiera resultados positivos.

Ese accionar, que tenía como objetivo incriminar a los investigados a fin de asegurar un resultado positivo junto a la inserción de manifestaciones falsas en declaraciones testimoniales y actas de procedimiento, pudo acreditarse en dos hechos concretos, pero sería una práctica habitual.

Uno de los hechos ocurrió el 28 de abril del año pasado cuando allanaron una vivienda en López de Gomara al 6600 y requisaron un Renault Kangoo: allí se apoderaron de 350 mil pesos e introdujeron estupefacientes para incriminar al investigado. El otro, como se contó oportunamente, sucedió el 6 de junio de ese año tras un allanamiento en un departamento de calle San Luis al 2300 donde robaron cerca de 300 mil pesos.