Multa y nuevas sanciones del Tribunal de Cuentas, un socio descolocado y un pedido de la Justicia

Rendición de Cuentas 2023: multa económica para el intendente

En un fallo conocido esta semana, el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires estableció una multa de 200 mil pesos al intendente Guillermo Montenegro y amonestaciones a cinco secretarios por “verificarse incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias” correspondientes a la Rendición de Cuentas 2023.

Fueron cuatro las observaciones realizadas por el organismo bonaerense encargado de auditar las cuentas de los municipios, las que contemplaron la ejecución del contrato con la Unmdp para modificar la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), una sanción por un incumplimiento de contrato de un proveedor, un fuerte déficit financiero registrado durante 2023 y una irregularidad vinculada al proceso de municipalización de guardavidas.

Las sanciones se suman a las que ya recibieron el propio Montenegro y los presidentes del Emvial, Emsur y Emder por las rendiciones de dichos entes, aunque en esos casos solo fueron por el déficit con el que cerraron todos los organismos el 2023. La situación también alcanzó ahora a la Administración Central, donde se constató un desequilibrio financiero de $5.019.608.697.

El Tribunal de Cuentas cuestionó el resultado del contrato que en 2020 la Municipalidad firmó con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (750 mil) para evaluar, relevar y elaborar una propuesta de rediseño de la Tasa de Servicios Urbanos. El vínculo se fue prorrogando hasta agosto de 2023, aunque la Comuna nunca recibió el informe final que debía surgir de todo el estudio, quedando solo en dos informes parciales. El gobierno aseguró que la situación no generó un “perjuicio al erario público” ya que no se realizó desembolso alguno por informes no presentados, aunque igualmente se aplicaron sanciones.

Por otro lado, el organismo apuntó por el incumplimiento de un contrato por el cual el gobierno compró 102 m3 de hormigón. El proveedor nunca entregó el material debido a las dificultades que había por la cuestión inflacionaria y la crisis económica, por lo que la Comuna aplicó una sanción. Sin embargo, el Tribunal remarcó que “la sanción impuesta por las autoridades municipales no se corresponde con la tipificada”.

Por último, también se observó un aspecto del proceso de municipalización de guardavidas, cuando en 2021 comenzó un proceso por el cual pasaron a planta quienes prestaban servicios en el ámbito privado, donde los balnearios deben aportar al Fondo de Unificación del Operativo de Seguridad en Playas. El Tribunal apuntó que un concesionario mantiene una deuda de 8,4 millones debido a que la Municipalidad incorporó a sus guardavidas sin haber firmado previamente un convenio con ese balneario de la zona de El Faro.

Además de la multa de 200 mil a Montenegro, por las diferentes irregularidades el Tribunal de Cuentas presidido por Federico Thea aplicó amonestaciones a los entonces secretarios Germán Blanco y Mauro Martinelli (Hacienda), Santiago Bonifatti (Gobierno), Rodrigo Goncálvez (Seguridad), Jorge González (Obras), como así también al titular de la Agencia de Recaudación Municipal, Jerónimo Rocatti

Silbando bajito en la Coalición Cívica

Que Karina es la “cajera”, que los Milei se beneficiaron con la cripto estafa, que van por voltear los DNU por los cuales se nombraron jueces en la Corte Suprema, que será candidata en Provincia y que van solo a elecciones para no quedar pegados al financiamiento ilegal de las campañas de Juntos por el Cambio. Todos esos títulos dejó la explosiva entrevista que Lilita Carrió le brindó días atrás a Joaquín Morales Solá y las astillas llegaron hasta Mar del Plata.

Es que la situación expone a los principales referentes de la Coalición Cívica en Mar del Plata, desde donde vienen exponiendo una postura por demás cercana al gobierno nacional, en sintonía con el acercamiento que encabeza el propio intendente Guillermo Montenegro. Si se confirma que el partido irá en soledad a nivel provincial, ¿qué pasará en la ciudad?, ¿la propia Carrió hará una excepción?, ¿sus referentes la desoirán e irán por su cuenta con el gobierno? Preguntas que se instalan pero que aún no tienen respuestas.

Por lo pronto, a observadores del comportamiento de la política local en redes no les pasó desapercibido que desde hace meses los concejales Angélica González y Guido García no comparten ninguno de los posteos de Carrió donde se diferencia de Milei. Por caso, esta semana votaron en contra un repudio hacia las declaraciones de Milei en Davos -por asociar homosexualidad con pedofilia- pero donde la propia Carrió había salido al cruce del expresidente, considerando que estaba infringiendo la Constitución.

La Coalición Cívica cuenta con un importante lugar dentro de la estructura de Juntos por el Cambio en Mar del Plata, no solo con ambos concejales -a González se le vence la banca este año-, sino que también está a cargo de una de las áreas de mayor relevancia y que maneja importantes recursos, como el Emturyc con Bernardo Martín. Además, hace poco sumó un nuevo espacio, con el nombramiento de Fernando Barbaricca como director de Licencias de Conducir.

La Justicia busca más edificios

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sigue profundizando la política que viene implementando en el último tiempo de sumar nuevos inmuebles para el funcionamiento de sus dependencias.

Tras la compra de Villa Devoto y Villa de Bary y otra en proceso de un exhotel en Entre Ríos al 2200, ahora se supo que la Justicia local va en busca de nuevos edificios.

Así lo hizo saber a través de un Pedido Público de Ofertas, un mecanismo a través del cual se convoca a propietarios para que ofrezcan inmuebles a la venta.

La presentación de las ofertas deberán realizarse el 26 de marzo y entre los requisitos se especificó que los inmuebles deben contar con más dee 1.000 m2 de superficie cubierta, estar ubicados dentro del éjido urbano y cercano a medios de transporte, sobre calle de asfalto, que cuente con permiso de uso de suelo para funcionamiento de la administración pública, además de otros aspectos como contar con servicios esenciales.