El Municipio le quitó al Centro de Residentes Bolivianos el predio que gestionaba en Laguna de los Padres

El intendente Guillermo Montenegro dio de baja el permiso de uso y ocupación que el Centro de Residentes Bolivianos tenía desde hace ocho años sobre un predio en Laguna de los Padres, al asegurar que se detectaron diversas irregularidades administrativas.

La decisión se conoció a través del Decreto 661/2025, donde se revocó el permiso que el Concejo Deliberante había otorgado a fines de 2016, durante el gobierno de Carlos Arroyo y tras gestiones que se habían iniciado durante el mandato de Gustavo Pulti, en 2015.

En el decreto, Montenegro además intimó a la institución a que desocupe el bien en un plazo de diez días desde la notificación y también autorizó a la Secretaría de Participación Ciudadana a llevar adelante las gestiones necesarias para el desalojo en caso de no cumplirse el plazo. Finalmente, se aclaró que la totalidad de las mejoras introducidas en este tiempo por la entidad civil pasan a propiedad municipal, “sin derecho a compensación o retribución alguna”.

Entre los fundamentos de la medida, el gobierno destacó tres aspectos, si bien principalmente se enfocó en la falta de regularización de la situación legal de la institución. La Municipalidad aseguró que el 17 de mayo del año pasado se intimó a la institución a ponerse al día, por lo que solicitó Acta Constitutiva de Asamblea vigente con integración del órgano directivo, con el debido visado de la Dirección de Personas Jurídicas y Constancia de Otorgamiento de Personería Jurídica.

“Al día de la fecha el Centro de Residentes Bolivianos no ha actualizado la documentación pertinente, por lo cual no cuenta con certificado de vigencia como Entidad de Bien Público vigente”, remarcó Montenegro. En ese sentido, en julio del año pasado, la comisión normalizadora del Centro de Residentes Bolivianos “Don Pedro Domingo Murillo” convocó a los socios a reempadronarse con el fin de regularizar la situación legal de la institución.

Por otro lado, el gobierno remarcó que se llevó adelante una inspección con el fin de verificar el estado actual del predio, donde “se constataron deficiencias graves incluyendo un pozo ciego a cielo abierto, lo cual atenta contra la seguridad”. Finalmente, también se hizo referencia a la ausencia de documentación respecto al plan de obras al que se había comprometido la entidad al recibir el permiso.

“Existen razones más que suficientes para proceder a revocar el permiso precario y gratuito de uso y ocupación en cuestión”, resaltó la administración municipal, donde al tratarse de un permiso precario, su rescisión se encuentra dentro de las atribuciones del intendente reguladas por la Ordenanza 23.336 y su decreto reglamentario.

La Ordenanza 22.973 había conferido al Centro de Residentes Bolivianos permiso de uso y ocupación con carácter precario y gratuito, de una parcela ubicada en la calle de acceso al Museo José Hernández. El plazo era por cinco años, aunque se establecía como cláusula su renovación automática “en tanto y en cuanto no exista manifestación en contrario de alguna de las partes notificada por medio fehaciente”.

La decisión va en sintonía con una similar tomada el año pasado, cuando se resolvió dar de bajo el permiso que tenía el Sindicato Único de Peones de Taxi (Supetax) para el uso de un predio donde funciona el camping de la entidad. Allí también el gobierno remarcó la constatación de "deficiencias graves".