Villa de Paso: el Colegio de Martilleros judicializó el conflicto y pidió suspender las subastas realizadas por el gobierno

El conflicto que a fines del año pasado enfrentó al Colegio de Corredores y Martilleros de Mar del Plata y al gobierno de Guillermo Montenegro finalmente llegó a la Justicia y ahora se abre un nuevo capítulo tras la decisión del Ejecutivo de avanzar con subastas públicas de terrenos a través del Banco Ciudad en lugar de los profesionales marplatenses, como lo indica una ordenanza vigente.

En las últimas horas, la entidad presentó una demanda que ya tramita el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 para lograr la anulación de los decretos 1977/24 y 2474/24 con los cuales se convocó a los remates, donde además solicitó una medida cautelar para suspender la ejecución de dichos actos. Asimismo, hizo reserva de una ampliación para solicitar una indemnización por los daños y perjuicios generados, además de adelantar un eventual cuestionamiento judicial contra los funcionarios implicados, entre los que se encuentra el propio jefe comunal.

El inicio de la polémica se remonta a la decisión que el gobierno tomó a mediados del año pasado, con la firma de un convenio con el Banco Ciudad para realizar el remate vía online de los terrenos de la Villa de Paso. La primera subasta se concretó el 10 de octubre, cuando se vendieron tres de siete lotes, mientras que el 20 de noviembre se completó la venta de los restantes cuatro, en una segunda vuelta. Si bien pasó medio año de la realización de las subastas, la demanda recién se elevó ahora al agotar el Colegio la vía administrativa ante el Municipio.

La nueva modalidad online, explicó en ese entonces el Ejecutivo, se debió a la necesidad de echar mano a herramientas más modernas que permitieran una mayor participación de interesados, luego que en 2023 tuviera poco éxito la subasta presencial realizada a través de martilleros locales, quienes no contaban con una plataforma virtual.

Sin embargo, la iniciativa fue rechazada de plano por el Colegio con un argumento central que ahora articula la demanda judicial a la que accedió 0223. La modalidad implementada “viola y contradice ilegalmente la vigencia de la Ordenanza Municipal 2273”, donde el Artículo 1° crea el Registro Municipal de Martilleros y Tasadores y el Artículo 2° donde se regula que solo podrán inscribirse e intervenir en subastas martilleros matriculados regularmente en el Colegio conforme la ley de la materia. Si bien la normativa data de 1964, se encuentra plenamente vigente.

Fuertes consideraciones del Colegio frente a las subastas online del gobierno

“Este decreto causa agravio irreparable a nuestra parte por lesionar derechos irrenunciables de la entidad y de nuestros matriculados y es nulo absoluto e insubsanable”, indicó el colegio en la demanda firmada por el presidente Guillermo Rossi y el secretario Oscar Cherú.”Nos encontramos con un acto (decreto) que adolece de vicios graves y afora en la categoría de nulo absoluto, insubsanable e imprescriptible”, remarcó.

“Aunque el Decreto 1977 cita a la Ordenanza 12.719, omite el decreto 2423 del 28 de noviembre de 2007, que ratifica la vigencia y aplicación de la ordenanza 2273/64 en el anexo 1 Reglamento cuyo artículo 1 reafirma que la venta se efectuará al mejor postor, por intermedio del martillero público que resulte designado del registro creado por Ordenanza 2273/64, debiendo la Dirección de Asuntos judiciales proceder, a dichos fines a la desinsaculación de un profesional”, detalló sobre la obligatoriedad que tendría el gobierno de realizar la subasta a través de martilleros marplatenses.

Además, “omite el decreto 1977 la existencia del decreto municipal 215 que específicamente para la subasta pública de lotes del asentamiento precario poblacional Paso, lo sería por intermedio del martillero público designado del registro creado por la ordenanza 2273/64, y en especial sus artículos 1, y anexo I cláusulas primeras y terceras donde se afirma que la venta será por intermedio de martillero público que resulte designado del registro de la ordenanza 2273/64 y la subasta deberá llevarse a cabo en el salón del colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata en la fecha y horario que establezca el profesional designado conforme se indica en la cláusula primera”.

En otro pasaje de la demanda el Colegio se preguntó “¿por qué razón se celebra un convenio con el Banco Ciudad de Buenos Aires?” y pareció sugerir como respuesta algún tipo de trasfondo político, considerando que se trata del banco estatal gestionado por el gobierno porteño del Pro. “Más allá de posibles afinidades políticas circunstanciales que no pueden válidamente justificar semejante nulidad, se debe respetar la legalidad y con ello no transferir fuera de la competencia municipal a una entidad de la CABA, ajena al territorio provincial que regula la norma local”, apuntó.

“Nuestra entidad, y sus beneficiarios, posee derechos adquiridos regularmente que no pueden ser desconocidos ni ignorados en tales condiciones. Es por ello que lo decidido por el órgano, Intendente Municipal, está nulificando, absoluta e insubsanablemente, al decreto. Esto es atentar contra la colegiación de asociación sin fines de lucro, de la oferta y competencia que el régimen constitucional argentino garantiza dentro de un estado activo y presente pero no totalitario”, concluyó el Colegio de Martilleros.

La causa es llevada adelante por el juez Marcelo Fernández, donde tras cumplimentar los primeros pasos administrativos deberá resolver la aceptación de la demanda. Tras ello, podría resolver el pedido de la medida cautelar y solicitar a la Municipalidad de General Pueyrredon la pertinente contestación a la demanda.