Crisis: una famosa cadena de electrodomésticos busca un salvataje para evitar la quiebra definitiva

La crisis de Garbarino entró en un capítulo decisivo en las últimas semanas: luego de más de cuatro años de concurso preventivo, con deudas impagas, miles de juicios laborales y una operación reducida a su mínima expresión, la Justicia abrió un registro de interesados para intentar salvar a la histórica cadena de electrodomésticos. Por lo pronto, ya hubo dos inscriptos: la propia Garbarino S.A., controlada por el empresario Carlos Rosales; y la financiera Vlinder S.A., una sociedad creada en 2024 ligada a negocios financieros. 

La decisión del magistrado Fernando D’Alessandro, a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial 7, se apoyó en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que habilita una instancia extraordinaria de “salvataje” cuando la concursada no consigue el aval suficiente de sus acreedores. De hecho, ese fue el caso de la compañía, cuya propuesta original no logró más del 35% de adhesiones, lejos del mínimo exigido por la normativa.

En su presentación, la representación legal de la icónica firma señaló la “vocación de participar” en el trámite de salvataje y ratificó la mejora de propuesta que ya había ofrecido en julio, aunque había sido desestimada por el tribunal por haber llegado fuera de término. En principio, el escrito deja abierta la posibilidad de volver a mejorarla, con el objetivo de alcanzar las mayorías necesarias para cerrar el concurso.

La propuesta previa incluía tres variantes, como un pago único del 30% al 40% de la deuda, un esquema de 55% en cuatro cuotas anuales y una tercera opción con quita del 35% y pago en diez años. Hasta ahora, todas esas alternativas no convencieron en absoluto a los acreedores, entre los que figuran bancos, proveedores y exempleados con reclamos judiciales pendientes.

Por otra parte, Vlinder S.A., presidida por el contador Claudio Alejandro Achino, cumplió con los requisitos del tribunal y depositó los $400.000 exigidos para quedar inscripta como interesada: se trata de una sociedad anónima constituida en febrero de 2024, con un capital de $10 millones, sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un estatuto que habilita desde operaciones inmobiliarias y financieras hasta la ejecución de obras civiles e industriales.