La Justicia le exigió al Municipio realizar controles al transporte ilegal pero rechazó suspender las apps

En un fallo que rechazó el planteo central de la Federación Nacional de Conductores de Taxis para suspender el funcionamiento de las apps de transporte en General Pueyrredon, la Justicia marplatense le exigió al gobierno de Guillermo Montenegro la realización de controles para velar por el cumplimiento de la Ordenanza 23.928 que prohíbe el transporte ilegal mediante plataformas como Uber, Cabify y Didi.

La decisión fue celebrada por la entidad demandada, desde donde aseguraron que el Tribunal de Trabajo N°4 “se expidió a favor de los taxistas” a través de una fallo donde parece darse cuenta de la falta deliberada de controles de parte del gobierno municipal, habilitando de hecho el funcionamiento de las Apps pese a la normativa vigente desde 2019. Por su lado, desde el Ejecutivo resaltaron como central el rechazo a la cautelar y, sobre la notificación para fiscalizar el control de la ordenanza, remarcaron a 0223 que “esta situación no modifica en nada las actuaciones que se vienen desarrollando en los últimos años”, asegurando que se cumple con los controles.

En fallo unánime de los jueces María José Beldarrain, Cecilia Bartoli y Alejandro Escobar, se rechazó la medida cautelar requerida en la presentación realizada por la Federación en abril de este año, a la par que libró “en forma inmediata” oficio a la Municipalidad “a fin de que el área correspondiente tome conocimiento de las denuncias formuladas por la accionante, y a efectos que arbitre los medios necesarios para fiscalizar el cumplimiento de la Ordenanza municipal 23.928…tomando las medidas pertinentes que estime corresponder”.

La postura de la Justicia sobre la suspensión de las Apps

En el voto de Beldarrain al cual adhirieron sus pares, se hizo una diferenciación entre el ejercicio del servicio transporte ilegal que potencialmente realizan automóviles y la propia existencia de las apps. “Suspender cautelarmente a las empresas que proveen la intermediación entre la oferta y la demanda, resulta una injustificada extensión de los alcances de la norma punitiva de tipo administrativo”, sostuvo. Así entonces, “la actividad que sanciona la norma local es el hecho del transporte y no la provisión de software que, entre otros, incluye un rubro que permite el transporte de pasajeros”.

Además, a diferencia de lo planteado por la demandante, “los hechos no resultan configurativos de las deslealtades dispuestas en la ley 23551, porque tales prácticas deben atentar contra el libre ejercicio de los derechos de asociación de sindicatos o uniones, federaciones y confederaciones, con la finalidad de dificultar el ejercicio de la misma”.

En otro pasaje, pareció darse cuenta de la situación donde taxistas y remises también ofrecen sus servicios a través de las Apps. “Tampoco podría aseverarse que todos los conductores que utilizan las aplicaciones provistas por las accionadas como herramienta, ejerzan la actividad del transporte de pasajeros en infracción a las regulaciones, habilitaciones, licencias especiales y medidas de seguridad que la actora dice incumplidas, resultando cuanto menos imprudente ordenar el cese de una actividad comercial en abstracto”, puntualizó.

Los controles municipales, en la mira

El reclamo de los taxistas sobre la falta deliberada de controles de parte del gobierno municipal tuvo recepción en el fallo judicial, donde si bien se rechazó la cautelar para suspender las Apps, se solicitó al Ejecutivo “fiscalizar el cumplimiento de la ordenanza municipal 23.928 en dicho ámbito en su carácter de autoridad de aplicación administrativa y en ejercicio del poder de policía”.

Para el Tribunal, resaltó el planteó de la Federación sobre que la falta de controles “devendría en un riesgo para los usuarios de los servicios en tanto fallaría el control de las medidas de seguridad que el transporte público de pasajeros exige”, por lo que dio curso al oficio.