Hizo cobros indebidos y puso datos falsos en un acta de matrimonio: imputan a una empleada del Registro Civil

Una empleada del Registro Civil quedó bajo investigación judicial por cobro indebido y la confección de actas irregulares, hechos que habrían generado perjuicios tanto a un matrimonio como al Estado. Desde el ámbito judicial calificaron la situación como de extrema gravedad.

El caso ocurrió en Neuquén y este martes, durante una audiencia, el asistente letrado Facundo Bernat reformuló los cargos contra la trabajadora acusada de haber exigido un pago ilegal a una pareja para concretar un casamiento y de haber consignado datos falsos en el acta matrimonial.

El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que los hechos y delitos imputados se mantuvieron, aunque la acusación fue modificada para incorporar agravantes y nuevas consecuencias económicas derivadas de las maniobras investigadas.

Según el comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal provincial, son dos los hechos que se le atribuyen a la imputada. El primero corresponde a un presunto cobro ilegal ocurrido el 6 de enero de 2025, cuando la mujer —en su rol de oficial pública— habría solicitado $90 mil argumentando que el sellado previamente abonado no era válido para el trámite matrimonial. Ese dinero fue transferido a una cuenta personal de la acusada.

En cuanto al segundo hecho, Bernat señaló que la mujer confeccionó el acta del matrimonio omitiendo que la ceremonia se realizó a domicilio, y además no consignó los testigos exigidos por la normativa vigente.

Tras la exposición de los cargos, la fiscalía remarcó que estas irregularidades no solo constituyen una falsedad documental, sino que también provocaron un perjuicio patrimonial al Estado, ya que no se abonó la tasa correspondiente al casamiento a domicilio. A su vez, los contrayentes se vieron obligados a rectificar la documentación.

De este modo, la empleada fue imputada por los delitos de exacciones ilegales agravadas, por haberse apropiado del beneficio económico del ilícito, y falsedad ideológica agravada, al haber sido cometida por una funcionaria pública, todo ello en concurso real y en carácter de autora.

Finalmente, el fiscal solicitó una prórroga de tres meses en el plazo de investigación, pedido que fue avalado por el juez de garantías Juan Guaita, quien también dio lugar a la reformulación de los cargos.