Denuncian a un entrenador de fútbol barrial por abuso de menores

En las últimas horas el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén acusó a un entrenador de fútbol barrial por una serie de delitos sexuales cometidos contra menores de edad. El acusado, identificado como D.E.M., es abogado e integraba el cuerpo deportivo del Club Unión Vecinal. 

Su imputación en la justicia tiene que ver con los delitos de abuso sexual, grooming, corrupción de menores, promoción de la prostitución y exhibiciones obscenas. Los hechos habrían ocurrido en un contexto de confianza generado desde su rol de entrenador, lo que le facilitó el acercamiento a las víctimas.

De acuerdo a la investigación, los sucesos comenzaron en el 2025, cuando D.E.M. sumó a uno de los adolescentes al equipo. Desde entonces generó un vínculo cercano que incluía entrenamientos, viajes y encuentros fuera del ámbito deportivo.

La acusación establece que el imputado habría realizado ofrecimientos de dinero a cambio de contenido sexual, amenazas hacia el entorno familiar y contactos físicos sin consentimiento, en distintos momentos y lugares. Además, la fiscalía indicó que realizaba regalos costosos como botines, teléfonos y viajes.

Qué dijo la presidenta del Club Unión Vecinal

La presidenta del Club Unión Vecinal Fabiana Cárdenas expresó ante los medios que "estamos atravesando una situación bastante compleja y tratamos de manejarla con la mayor prudencia posible porque se trata de chicos menores de edad”.

Explicó que la comisión directiva decidió desvincular al entrenador del club de manera preventiva, incluso antes de que existieran denuncias formales: "Tomamos la determinación hasta saber realmente qué estaba pasando”.

La presidenta contó que D.E.M., en su rol de abogado, también habría cometido varias estafas a personas vinculadas al club. “Hay entre ocho y nueve casos de familias en esa situación”, afirmó Cárdenas.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó cuatro meses de prisión preventiva al considerar que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la necesidad de proteger a las víctimas. Sin embargo, el juez de garantías Marco Lupica Cristo resolvió dictar solo 15 días.

También fijó un plazo de cuatro meses para la investigación, en el que se espera recolectar pruebas y la ampliación de cargos.