Denunció un caso de mobbing y terminó creando una comisión de víctimas de violencia en el Poder Judicial

Hace más de 20 años, Estela Duvidio denunció ante la justicia marplatense a quien fuera su jefe, el juez Alejandro Castellanos, por hechos de acoso laboral con contenido sexual: era su secretaria. Recién en el 2014 y después de idas y vueltas judiciales pudo interponer junto a dos colegas una demanda por mobbing. "No habia tanta receptibilidad en cuestiones de género en ese momento", recordó Duvidio.

Pese a la pandemia de coronavirus y a la pérdida de un expediente central en mitad del proceso, la causa se desarrolló en 10 años. A fines del 2023 el juez debía dictar la sentencia, pero el plazo se extendió hasta el 2025 por constantes pedidos de prórroga y de "medidas de mejor proveer porque faltaban expedientes del juzgado de familia sobre reclamos míos personales que no tenían nada que ver con lo laboral", contó la denunciante.

Finalmente la sentencia salió y no dio lugar a ninguno de los planteos. "Se la di para leer a distintas personas que trabajan en lo laboral, para que me dieran su visión porque la mía podía estar un poco nublada, y todas coincidieron en lo mismo: la argumentación comienza dando un marco de género, pero termina torciendo eso y diciendo que no ha habido mobbing porque no había relación jerárquica", explicó Dividio.

Todo ello le dio razones para apelar y finalmente la causa se elevó a segunda instancia en La Plata, pero los tres jueces sorteados se excusaron: "Yo no los conozco, parece que ellos a Castellanos sí. Así que ahora, otra vez estoy a la espera de tener un Tribunal que pueda seguir el caso".

Lo cierto es que mientras se define el Tribunal, la denunciante interpuso una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado nacional, el juez acosador y el juez sentenciante. El viernes 13 de marzo el pedido fue admitido, lo que significa que hubo excepcionalidad, porque el sistema interamericano requiere que primero se agoten las vías internas. "Se entendió que el plazo fue exiguo y por lo tanto lo admite", comentó la denunciante y agregó: "Lo que se está peticionando es el apartamiento del Estado nacional en cuanto a los compromisos internacionales que asumió a través del marco constitucional, Belem do Pará, la ley de violencia contra la mujer y el convenio 190 de la OIT".

"Es un caso que excepcionalmente no podría haber llegado, si no hubiese sido porque hubo un letargo de denegatoria de justicia. Cuando la justicia llega tarde, no es justicia", sintetizó.

Comisión de víctimas de violencia en el Poder Judicial

"Todo este caminito de litigio lo hice sola", contó Duvidio y agregó que por aquellos tiempos no había ningun tipo de recepción respecto de casos de acoso laboral o mobbing: "Ningún colectivo, ningún gremio, nada". Entonces en el trascurso de los últimos dos años, lo crearon.

"Formamos una Comisión de víctimas de violencia en el Poder Judicial", expresó Duvidio y comentó que no tienen una posición partidaria formulada ni pertenecen a ninguna agrupación, "tenemos una psicóloga especializada en mobbing para acompañar a las mujeres que están atravesando lo mismo que yo atravesé".

"Hoy estamos ante un corporativismo judicial que es imposible permear porque vivimos encontrándonos con murallas que ellos mismos hacen. En todo el proceso de litigio que tuve no hubo ni una mujer en lugares con poder de decisión", remarcó Estela y agregó: "La institución judicial está compuesta por hombres en su mayoria y cuando hay que tratar cuestiones de género que tienen que ver con situaciones internas del Poder Judicial mismo suceden estas cosas".

"Por sus dinámicas, por su estructura obsoleta y por no tener mecanismos a los que recurrir, se realiza un vallado donde el corporativismo no deja que se invada ni que se haga pública la figura o la dignidad de uno de sus integrantes excusándose en decoro o delicadeza", cerró.