Imputaron a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y piden investigar sus bienes

Se analizarán viajes a Estados Unidos y Punta del Este, así como propiedades que estarían a su nombre y que no habrían sido declaradas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito

29 de Marzo de 2026 11:07

Por Redacción 0223

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito luego de que el fiscal Gerardo Pollicita impulsara la acción penal para investigar su patrimonio y movimientos financieros.

El fiscal solicitó al juez Ariel Lijo una batería de doce medidas de prueba tras la polémica por los viajes con su esposa. Si bien no formuló una imputación directa, el requerimiento refleja sospechas sobre la veracidad de las declaraciones públicas del funcionario respecto del origen lícito de su crecimiento patrimonial.

La causa quedó en manos de Lijo luego de que la jueza María Servini se inhibiera y remitiera otro expediente vinculado al incremento patrimonial del exvocero presidencial.

El objetivo central de la investigación es reconstruir la evolución patrimonial de Adorni y determinar si existen inconsistencias o incrementos no justificados. En ese marco, también se analizarán viajes a Estados Unidos y Punta del Este, así como propiedades que estarían a su nombre o al de su pareja y que no habrían sido declaradas.

Entre los principales pedidos de informes, se incluyen requerimientos a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, además de organismos como la Oficina Anticorrupción y la Anses, con el fin de relevar sus activos y contrastarlos con los ingresos declarados.

También se solicitó información a la administración del country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, para conocer a nombre de quién figuran gastos como expensas y cuotas. A su vez, se pidió un detalle completo de los bienes registrados en CABA tanto a nombre de Adorni como de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.

La investigación se completa con pedidos de datos migratorios, movimientos laborales y documentación sobre operaciones financieras e inmobiliarias, además de informes sobre préstamos familiares mencionados en la denuncia.