Vendedores ambulantes denuncian que el desalojo de La Saladita fue "ilegal": "Solo había orden de allanamiento"

Desde la seccional local del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara) expresaron su enérgico rechazo al desalojo de la feria ubicada en la Playa Bristol, popularmente conocida como La Saladita, que dejó a casi 300 familias sin su principal fuente de ingreso.

A través de un comunicado, desde el gremio que tiene como secretario general a Walter Rivero se refirieron al procedimiento que se realizó en la madrugada del jueves en el Paseo de Compras Bristol y aclararon que, como resultado, "casi 300 familias marplatenses, que digna e independientemente trabajaban, han sido arrojadas a la desocupación y despojadas de sus pertenencias y puestos de trabajo".

Asimismo, cruzaron al Ejecutivo municipal que conduce Agustín Neme de llevar adelante una "una campaña de publicidad política de mano dura". "Durante estos últimos dos años hemos intentado, por múltiples vías, arribar a un acuerdo pacífico con el Gobierno Municipal, con quien hemos mantenido dialogo y realizado trabajos de manera conjunta de reordenamiento del espacio público, hasta el día de ayer", lamentaron.

"En tal sentido, la violencia estatal desplegada y el semejante operativo montado contra personas trabajadoras, incluso aunque pudiere haber existido alguna irregularidad, frente a la absoluta inacción del mismo municipio ante la ola de inseguridad sin precedentes que azota la ciudad, solo puede entenderse como una maniobra de campaña política sin ningún tipo de conciencia social y en perjuicio de la paz social", agregaron.

"El operativo fue ilegal"

En otro tramo del comunicado, los representantes del Sivara señalaron que el procedimiento dispuesto por el juez federal Santiago Inchausti fue realizado "sin ningún tipo de orden judicial, es decir, de manera ilegal".

"Ante ello hemos encomendado al Estudio Jurídico Robbio - & Asociados la deducción de las denuncias penales y acciones legales correspondientes, asumiendo -como organismo representativo del colectivo de feriantes- el compromiso de extremar nuestros esfuerzos para esclarecer los hechos y responsabilizar los culpables", señalaron.

Tal como se informó oportunamente, el único procedimiento judicialmente ordenado ha sido el allanamiento del predio en el marco de la causa penal por infracción a la "Ley de Marcas".

"Debemos destacar que la posesión pública y pacifica del predio por parte de los feriantes tiene una antigüedad de casi veinte años, tiempo en el cual el propio Municipio convalido y se benefició con el funcionamiento de la misma. En ese marco, reiteramos: el ingreso por la fuerza sin orden judicial es ilegal siempre, haga quien lo haga", enfatizaron.

Las tareas de demolición y limpieza se realizaron en horas de la madrugada. Con topadoras y maquinaria, se desmantelaron más de 170 puestos.

El operativo se llevó adelante a través de distintas áreas en el cual participaron más de 100 efectivos de la Prefectura Naval Argentina desde el inicio del allanamiento hasta la última hora. También más de 150 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires coordinados por el Superintendente y el Jefe Departamental, y, además, casi 100 agentes municipales de diferentes áreas y entes descentralizados como Seguridad, EMSUR, EMVIAL, Inspección General y SAME.