Denuncian un “negociado” en la Ruta 226 y piden control externo con veedores

El gobierno de Axel Kicillof denunció públicamente supuestas intenciones del gobierno nacional de “hacer algún negociado” con las licitaciones de rutas nacionales, sostuvo la existencia de maniobras para perjudicar la oferta de la estatal bonaerense Aubasa —que compite en la compulsa— y pidió garantías de transparencia en una presentación formal ante el Ministerio de Economía nacional, a cargo de Luis Caputo.

La polémica se da en el marco de la licitación que la Dirección Nacional de Vialidad lanzó para concesionar distintas redes de rutas nacionales, entre ellas las correspondientes a los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa, en territorio bonaerense, donde Aubasa presentó una oferta compitiendo con otras 14 empresas privadas.

En concreto, la empresa estatal apuntó a lograr la concesión de la Ruta 226, que nace en Mar del Plata, así como también de la Ruta 3, la 205, la Autopista Riccheri y la Autopista Ezeiza-Cañuelas.

Mientras Vialidad analiza las ofertas recibidas el pasado 27 de febrero, este lunes el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, realizó una presentación ante Caputo para pedir transparencia en el proceso, tras advertir movimientos que la administración provincial interpretó como intentos de perjudicar a Aubasa.

“Hemos solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de garantizar la plena transparencia en la concesión de estas rutas”, sostuvo en la habitual conferencia de prensa que brinda el gobierno en La Plata.

Luego de exponer las condiciones que tiene Aubasa para hacerse cargo de la administración de, entre otras, la Ruta 226, Katopodis denunció la existencia de “arbitrariedad” en el proceso licitatorio.

“Una semana antes de que venciera el plazo de presentación, en más de 34 páginas modificaron 33 artículos de la licitación. Cambiaron las condiciones cuando el proceso ya estaba iniciado. Esos cambios desvirtúan el proceso licitatorio y modifican estructuralmente el esquema de concesión al que nos convocaba el gobierno nacional”, explicó.

Además, advirtió que el proceso “está lejos de ser transparente e íntegro” y compartió una presentación titulada “Buscan excluir a Aubasa”, en la que se detalló que “la Comisión Evaluadora cuestionó sin fundamento la experiencia de Aubasa”, frente a lo cual “la empresa respondió y demostró su capacidad para la concesión”.

También señaló que “6 de las 10 ofertas tienen deficiencias no subsanables (estados contables, perfiles profesionales, certificaciones y estatutos)”, lo que implicaría que varios competidores deberían quedar fuera de carrera.

“Si Aubasa quedara afuera, no sería una decisión técnica sino política que comprometería la integridad de la licitación, la confianza de los inversores y la credibilidad del Estado como comitente”, advirtieron desde la Provincia.

“Algún negociado”

Tras insistir en la necesidad de que la Defensoría del Pueblo actúe como veedora para garantizar la transparencia del proceso, Katopodis sugirió la existencia de intereses detrás de las concesiones.

“Lo oscuro de esta licitación se vincula a una intencionalidad de hacer algún negociado con la adjudicación de estas concesiones, un modelo que ya vimos en Argentina: peajes caros, dolarizados, de un gobierno nacional que hoy tiene la concesión de estas rutas y que en dos años y medio cobró peajes y no hizo ni el corte de pasto”, afirmó.

Finalmente, el ministro aseguró que desde la Provincia mantienen “un seguimiento muy estricto sobre las resoluciones que vaya tomando el Ministerio de Economía” y contrapuso los modelos de gestión: mientras en territorio bonaerense los peajes se destinan a mejorar la infraestructura, sostuvo que Nación, pese a cobrar peajes y percibir el Impuesto a los Combustibles, no realiza obras en las rutas nacionales.