Aplican la "Ley Antimafia" e imputan a 7 acusados de integrar una banda criminal: avanza la causa por el megaoperativo de abril

El pasado viernes, en el marco de una investigación de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, a cargo del fiscal federal Santiago Eyherabide, se llevó a cabo la imputación de siete personas acusadas de conformar una banda delictiva que, en principio, fue investigada por narcotráfico y terminó siendo catalogada como una “organización criminal” tras el descubrimiento de otros delitos.

Según la investigación, la organización era dirigida por al menos dos personas que se encontraban encarceladas. Su actividad principal era la distribución de marihuana y cocaína en distintos puntos de la ciudad, y fue desarticulada el 14 de abril tras la realización de 23 allanamientos.

El grupo criminal también se dedicaba a cometer robos violentos, usurpaciones y circulación ilegal de armas, entre otros delitos. Además, varios de sus integrantes estaban vinculados a otros hechos, especialmente a la tenencia y comercialización de estupefacientes.es. En ese marco, también fueron imputados por asociación ilícita agravada en el marco de la nueva Ley Antimafia, la Ley N° 27.786, que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

De acuerdo a lo informado por Fiscales.gob.ar, los siete investigados, dos mujeres y cinco hombres, fueron imputados por integrar una “organización criminal” dedicada a cometer delitos, con especial incidencia en el tráfico de estupefacientes. La pareja líder de la organización operaba desde dos cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) el hombre desde la Unidad Penal 44 y la mujer desde la Unidad 50 de Batán.

Cuatro de los detenidos quedaron además imputados por tenencia ilegal de arma de guerra, a raíz de los secuestros realizados en sus domicilios. Para todos los involucrados se dispuso la prisión preventiva por 120 días de investigación, salvo en el caso de un menor y una mujer, para quienes el plazo es de 30 días.

El juez también ordenó la prohibición del uso de celulares u otros dispositivos de comunicación no provistos por el sistema penitenciario, ya que con esos aparatos habrían coordinado las maniobras delictivas investigadas. En ese marco, al principal acusado se le secuestraron siete teléfonos en su celda.

Según se menciona en la imputación, la banda funcionaba como una estructura cerrada y escalonada, integrada principalmente por dos clanes familiares y personas allegadas.