"¿No te da vergüenza?": su nieto hizo una amenaza a la escuela y ahora deberá pagar una fortuna

Las autoridades comenzaron a intimar a los padres y tutores de los alumnos identificados.

El objetivo es que se paguen los gastos de los operativos policiales.

5 de Mayo de 2026 11:00

Por Redacción 0223

PARA 0223

El Gobierno de Santa Fe inició un agresivo operativo para recuperar los costos generados por falsas amenazas de bomba en establecimientos educativos de la provincia. A través de notificaciones administrativas, las autoridades intiman a los padres y tutores de los alumnos identificados a pagar los gastos de cada despliegue policial. La medida ya alcanzó a familias de departamentos como San Lorenzo y La Capital, con el objetivo de que los responsables asuman las consecuencias económicas de estos actos vandálicos.

Uno de los momentos más tensos se vivió durante un procedimiento en el que una mujer estalló contra el menor involucrado al conocer el monto de la deuda. "¿Qué hiciste, no te da vergüenza?", increpó una abuela a su nieto cuando la policía le notificó que debían abonar la suma de 5.802.007 pesos. La cifra corresponde al costo exacto del operativo de seguridad, que incluye el uso de patrulleros, combustible y la intervención de brigadas de explosivos.

La provincia de Santa Fe puso en marcha resarcimientos por daños civiles

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, fue tajante al explicar que estas notificaciones no representan una sanción penal, sino un resarcimiento por daños civiles. "No es una multa ni una pena: es una deuda civil que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes", advirtió el funcionario sobre la firmeza de la gestión. Hasta el momento, las intimaciones enviadas durante el último fin de semana superan un total acumulado de 36 millones de pesos.

Las familias notificadas tienen un plazo de apenas cinco días para abonar el monto de forma voluntaria antes de que los antecedentes sean derivados a la Fiscalía de Estado. Las autoridades recalcaron que estas acciones buscan desalentar las bromas pesadas que afectan el normal funcionamiento de las escuelas y agotan los recursos públicos. "No es broma; es un delito", sentenció el funcionario, dejando en claro que la jurisdicción no absorberá más los gastos derivados de estas conductas irresponsables.