Creyeron que murió por causas naturales, pero una pericia reveló el horror
El avanzado estado de descomposición del cuerpo había impedido determinar las causas del fallecimiento.
Por Redacción 0223
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Un misterioso crimen descubierto tras una serie de saqueos conmociona a la provincia de San Juan. La víctima, una jubilada identificada como Ángela Álvarez, fue hallada sin vida a fines de julio junto a su cama en una vivienda del barrio Alberdi, en la localidad de Santa Lucía. En un primer momento, el avanzado estado de descomposición del cuerpo impidió determinar las causas del deceso, por lo que las autoridades sospecharon que se trataba de un fallecimiento por causas naturales.
Cómo fue el brutal crimen contra una jubilada
El caso dio un giro dramático cuando un vecino sorprendió a dos delincuentes mientras intentaban llevarse la heladera de la propiedad enganchada a una bicicleta. El testigo logró reducir a uno de los sospechosos en el lugar y alertó de inmediato a los efectivos de la Comisaría Quinta. Al ingresar al domicilio para inspeccionar el robo, los uniformados encontraron la trágica escena y constataron que la casa había sido saqueada repetidamente durante varias jornadas consecutivas.
Los estudios histopatológicos encargados por los peritos forenses modificaron por completo el rumbo de la causa judicial. Los análisis confirmaron que la mujer sufrió una muerte violenta provocada por asfixia por sofocación durante los primeros ingresos de los ladrones al inmueble. Con este nuevo resultado sobre la mesa, la fiscalía a cargo de la investigación solicitó de manera urgente el agravamiento de la carátula contra todos los implicados en el hecho.
El juzgado de garantías interviniente hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso prisión preventiva para los cuatro hombres detenidos. Los imputados, quienes cuentan con un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad, quedaron acusados formalmente como coautores del delito de robo seguido de muerte. La legislación vigente contempla para este tipo de calificación penal una expectativa de pena que va de los 10 a los 25 años de cárcel.
Los agentes policiales analizan intensamente los registros de las cámaras de seguridad públicas y privadas del barrio para reconstruir la secuencia temporal de los robos. La instrucción busca precisar qué rol individual tuvo cada uno de los acusados en la maniobra que le costó la vida a la víctima. En paralelo, la Justicia mantiene desplegados diversos operativos de búsqueda para dar con el paradero de otros dos sospechosos que continúan prófugos.
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