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Sánchez Herrero: “Hay que acercar a la Justicia a quienes más la necesitan”

Sánchez Herrero: “Hay que acercar a la Justicia a quienes más la necesitan”

Por Redacción 0223

La abogada de Mar del Plata para integrar el Consejo de la Magistratura trazó un balance tras recorrer todo el país. 

El próximo viernes los abogados elegirán  a un colega que los represente en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Marina Sánchez Herrero es la candidata de Mar del Plata y tras recorrer todo el país hace un balance de la situación de la justicia federal en Argentina.

-¿Cómo analiza la demanda social en relación con el servicio de justicia?

-Hoy la sociedad argentina demanda una transformación de la Justicia. Esa demanda es genuina y tiene dos aspectos esenciales: la eficacia del servicio de justicia y la lucha contra la criminalidad organizada. Nuestra posición es muy clara en ambos casos, y nos avalan los hechos: en materia de corrupción, el actual Consejo de la Magistratura ha llevado adelante diversos procesos disciplinarios y acusaciones que culminaron o con la renuncia de los jueces investigados o bien con la destitución y ello muestra que cuando se actúa con seriedad, convicción y profesionalidad, los resultados que la sociedad espera de este órgano constitucional llegan a materializarse. Y en relación con la celeridad y calidad institucional también hay avances concretos. Creo que hay que acercar a la Justicia a quienes más la necesitan, y responder a lo que la sociedad reclama: una justicia rápida, eficiente y justa. Eso se logra fortaleciendo el sistema.

-¿Cómo se fortalece el sistema?

-Activando mecanismos de evaluación de la gestión judicial, por ejemplo. Las auditorias ya fueron iniciadas en la actual gestión y es un logro que debe mantenerse y ampliarse a otros fueros y materias. A eso hay que sumarle un sistema estadístico cabal y completo que permita conocer los datos ciertos y objetivos de la justicia y no diagnosticar en base a meras suposiciones. Todo ello debe ser complementado con los procesos de transparencia, como es fortalecer el acceso a la información pública y lograr los portales de datos abiertos, para que toda la ciudadanía tenga acceso a la información sobre la gestión judicial. Nuestra lista es la garantía de la continuidad de esos procesos, a lo que vamos a sumar el impulso al expediente digital para todos los fueros, de manera tal que permita el acortamiento de los plazos procesales y otorgue mayor eficiencia y transparencia al servicio de justicia.

-¿Cómo es la actualidad del Consejo a dos décadas de la primera integración?

-El cambio ha sido notable respecto de los últimos años. Entre 2011 y 2014 el Consejo de la Magistratura elevó al Poder Ejecutivo solamente 45 ternas, cuando había trescientos cargos para cubrir sobre un total de mil, es decir, un tercio de los cargos vacantes en la justicia federal estaban en manos de jueces subrogantes. Los abogados del interior del país conocemos muy bien lo que son los juzgados vacantes. También había un manto de sospecha sobre la remoción de jueces y la transparencia en procedimientos institucionales. Afortunadamente hoy la cosa ha cambiado, el Consejo no solo evalúa la conducta y desempeño de los magistrados y magistradas, sino que, además, ha establecido mecanismos de evaluación y control de gestión, lo que ha sido un notable ejercicio de atribuciones que estaban en la ley y que no se habían utilizado. Volvió a ser una institución que garantiza la independencia de la Justicia y ese es el camino que debemos profundizar, contribuyendo con lo aún está pendiente.

-¿Cuáles considera que son los ejes principales por donde debe pasar la transformación de la Justicia?

-La independencia de la Justicia es un principio irrenunciable. Y la centralidad del abogado en el sistema judicial es una premisa fundamental. En mi opinión es de una importancia capital modificar la ley de conformación del Consejo y elevar el número de representantes de la abogacía a 4 miembros, y que haya por lo menos dos del interior. Creo que así nuestra profesión, los colegios y la Federación, tendrán una representación más equilibrada. Aspiramos, además, a lograr la representación de los abogados en la Comisión de selección de jueces, porque nadie mejor que nosotros sabemos qué es lo que necesita un juzgado, sabemos lo importante que es un juez que nos reciba y que tenga empatía con el conflicto. Nosotros lo sabemos mejor que nadie. Vamos a luchar por cada espacio de participación que podamos alcanzar. Tenemos que atender problemas urgentes y bien específicos, como las deficiencias estructurales edilicias, o el sistema de gestión informática del poder judicial que hay que mejorar, para darle a los a abogados y funcionarios los recursos indispensables para hacer su trabajo. También es un eje fundamental el compromiso con la transparencia y eficiencia en la gestión judicial, y para ello se debe dotar al acceso a la información pública de una prioridad absoluta en los objetivos del Consejo. Debemos bregar incansablemente por una justicia independiente, cercana a la ciudadanía, eficiente y comprometida con los más altos valores constitucionales.

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Sánchez Herrero: “Hay que acercar a la Justicia a quienes más la necesitan”

La abogada de Mar del Plata para integrar el Consejo de la Magistratura trazó un balance tras recorrer todo el país. 

El próximo viernes los abogados elegirán  a un colega que los represente en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Marina Sánchez Herrero es la candidata de Mar del Plata y tras recorrer todo el país hace un balance de la situación de la justicia federal en Argentina.

-¿Cómo analiza la demanda social en relación con el servicio de justicia?

-Hoy la sociedad argentina demanda una transformación de la Justicia. Esa demanda es genuina y tiene dos aspectos esenciales: la eficacia del servicio de justicia y la lucha contra la criminalidad organizada. Nuestra posición es muy clara en ambos casos, y nos avalan los hechos: en materia de corrupción, el actual Consejo de la Magistratura ha llevado adelante diversos procesos disciplinarios y acusaciones que culminaron o con la renuncia de los jueces investigados o bien con la destitución y ello muestra que cuando se actúa con seriedad, convicción y profesionalidad, los resultados que la sociedad espera de este órgano constitucional llegan a materializarse. Y en relación con la celeridad y calidad institucional también hay avances concretos. Creo que hay que acercar a la Justicia a quienes más la necesitan, y responder a lo que la sociedad reclama: una justicia rápida, eficiente y justa. Eso se logra fortaleciendo el sistema.

-¿Cómo se fortalece el sistema?

-Activando mecanismos de evaluación de la gestión judicial, por ejemplo. Las auditorias ya fueron iniciadas en la actual gestión y es un logro que debe mantenerse y ampliarse a otros fueros y materias. A eso hay que sumarle un sistema estadístico cabal y completo que permita conocer los datos ciertos y objetivos de la justicia y no diagnosticar en base a meras suposiciones. Todo ello debe ser complementado con los procesos de transparencia, como es fortalecer el acceso a la información pública y lograr los portales de datos abiertos, para que toda la ciudadanía tenga acceso a la información sobre la gestión judicial. Nuestra lista es la garantía de la continuidad de esos procesos, a lo que vamos a sumar el impulso al expediente digital para todos los fueros, de manera tal que permita el acortamiento de los plazos procesales y otorgue mayor eficiencia y transparencia al servicio de justicia.

-¿Cómo es la actualidad del Consejo a dos décadas de la primera integración?

-El cambio ha sido notable respecto de los últimos años. Entre 2011 y 2014 el Consejo de la Magistratura elevó al Poder Ejecutivo solamente 45 ternas, cuando había trescientos cargos para cubrir sobre un total de mil, es decir, un tercio de los cargos vacantes en la justicia federal estaban en manos de jueces subrogantes. Los abogados del interior del país conocemos muy bien lo que son los juzgados vacantes. También había un manto de sospecha sobre la remoción de jueces y la transparencia en procedimientos institucionales. Afortunadamente hoy la cosa ha cambiado, el Consejo no solo evalúa la conducta y desempeño de los magistrados y magistradas, sino que, además, ha establecido mecanismos de evaluación y control de gestión, lo que ha sido un notable ejercicio de atribuciones que estaban en la ley y que no se habían utilizado. Volvió a ser una institución que garantiza la independencia de la Justicia y ese es el camino que debemos profundizar, contribuyendo con lo aún está pendiente.

-¿Cuáles considera que son los ejes principales por donde debe pasar la transformación de la Justicia?

-La independencia de la Justicia es un principio irrenunciable. Y la centralidad del abogado en el sistema judicial es una premisa fundamental. En mi opinión es de una importancia capital modificar la ley de conformación del Consejo y elevar el número de representantes de la abogacía a 4 miembros, y que haya por lo menos dos del interior. Creo que así nuestra profesión, los colegios y la Federación, tendrán una representación más equilibrada. Aspiramos, además, a lograr la representación de los abogados en la Comisión de selección de jueces, porque nadie mejor que nosotros sabemos qué es lo que necesita un juzgado, sabemos lo importante que es un juez que nos reciba y que tenga empatía con el conflicto. Nosotros lo sabemos mejor que nadie. Vamos a luchar por cada espacio de participación que podamos alcanzar. Tenemos que atender problemas urgentes y bien específicos, como las deficiencias estructurales edilicias, o el sistema de gestión informática del poder judicial que hay que mejorar, para darle a los a abogados y funcionarios los recursos indispensables para hacer su trabajo. También es un eje fundamental el compromiso con la transparencia y eficiencia en la gestión judicial, y para ello se debe dotar al acceso a la información pública de una prioridad absoluta en los objetivos del Consejo. Debemos bregar incansablemente por una justicia independiente, cercana a la ciudadanía, eficiente y comprometida con los más altos valores constitucionales.

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