Batán: en apenas dos semanas, hubo 2 muertos, 4 internos apuñalados y una fuga

Las últimos tiempos que se vivieron en el penal de Batán estuvieron marcadas por una fuerte convulsión: en apenas dos semanas, se registró el saldo de dos personas fallecidas y de cuatro internos trasldados al hospital por ataque de puñaladas.

Uno de los datos trágicos se corresponde con Victor Lorenzo Franco, de 29 años, que perdió su vida el 15 de noviembre después de las heridas de arma blanca que sufrió en una reyerta con Lucas Carlos Moreyra, el principal sospechoso que tiene la Justicia por el homicidio.

La investigación que lleva adelante el titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº7, Leandro Arévalo, explicaría el hecho por un ajuste de cuentas. Ambos se conocían hace años: en 2016, en el barrio Don Emilio, habían sido protagonistas de un primer enfrentamiento cuando el joven fallecido baleó a Moreyra y lo envió a un centrio sanitario.

La segunda muerte, y más reciente, data el 20 de noviembre. En este caso, la víctima fue Néstor Fabián Machado Giménez, de 46 años, quien permaneció internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) por 48 horas hasta que su cuerpo no tuvo más fuerzas. Había sido encontrado en el sector de duchas del penal con un corte en el cuero cabelludo.

Su causal de muerte es incierto y por esta fecha lo intenta determinar el fiscal Rodolfo Moure. El hombre tenía un antecedente no menor: había denunciado "apremios ilegales" por parte de la policía, cuando se lo detuvo el 2 de agosto pasado  en la ruta 226 por estar acusado del robo de cubiertas en Balcarce.

Los episodios de violencia continuaron: el 15 de agosto se registró otro ataque con arma blanca a un joven de 23 años dentro de la Unidad Penal 15 y este domingo sucedió lo mismo con dos internos, de 22 y 29 años. En los últimos dos casos, las heridas no se traducirían en un riesgo de vida.

La recurrencia de estos hechos recrudece la preocupación por el contexto hostil que se vive en la unidad carcelaria ubicada en Batán, donde autoridades judiciales también han reiterado la preocupación por las situaciones de hacinamiento y sobrepoblación dentro de los pabellones.

"El hacinamiento es lo que empieza a generar violencia, problemas en la salud de los internos y condiciones indignas de vida. Hoy el sistema está desbordado", planteó a 0223 Radio el juez de Garantías, Juan Tapia.

El funcionario judicial también reconoció y lamentó que "a gran parte de la sociedad no le importa lo que pasa en la cárcel ni le importa que los detenidos vivan así". "Algunos hasta festejan que estén viviendo de esa manera. Posiblemente pase eso porque no consideran que alguna vez pueden llegar a estar detenidos. Hay que cambiar esa perspectiva", instó.

En estas dos últimas semanas, sin embargo, se registraron otras situaciones anómalas como la sorpresiva evasión del 9 de noviembre de Agustín Fernando Porto Gallastegui: limó barrotes de su celda para acceder a un patio interno del penal y luego utilizó una cuerda de tela y con el apoyo de unas maderas escaló el muro de contención para darse a la fuga.

La grave irregularidad se tradujo en el apartamiento de un agente del Servicio Penitenciario por no haber efectuado los controles suficientes para evitar el escape del sujeto de 29 años que está imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa.

El 15 de noviembre, también se conoció los resultados de una investigación de la Justicia Federal que desbarató una banda que ingresaba droga a la cárcel de Batán a través del servicio de lavandería.

La empresa a cargo de la prestación utilizaba de manera exclusiva las instalaciones de los penales de Batán y Melchor Romero, por lo que no tuvo que realizar una inversión de capital propio y, al mismo tiempo, aprovechaba la mano de obra precaria brindada por los internos que lavaban la ropa blanca quirúrgica a clínicas y sanatorios privados de Mar del Plata y de La Plata.

El acceso al área de lavandería -que por cuestiones funcionales exigía el ingreso de rodados con bolsones de ropa- habría sido el medio idóneo para que los investigados pudieran ingresar de manera oculta a la unidad penal estupefacientes que luego serían vendidos a los internos. Pero además, por la voluminosidad del trabajo que desplegaba el área de lavadero, la firma comenzó a obtener alto rendimiento económico, según revelaron desde el Ministerio Público Fiscal.