Diputados aprobó la Reforma Laboral con apoyo dividido y polémica

En una sesión marcada por la tensión y la polémica, la Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma laboral impulsada por Javier Milei, con el respaldo clave de legisladores peronistas de Salta, Catamarca y Tucumán. La aprobación se concretó pese a las masivas protestas en todo el país que rechazaron el proyecto.

Con 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención, el oficialismo logró una nueva victoria legislativa que habilita a Milei a avanzar con su agenda libertaria, esta vez recortando derechos laborales. La votación contó con el apoyo de bloques aliados como La Libertad Avanza, Fuerza del Cambio, Innovación Federal y diputados de provincias como San Juan, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro y Jujuy.

El debate se llevó a cabo en tiempo récord y sin el análisis profundo que reclamaban sectores opositores y sindicales, quienes alertaron sobre el impacto negativo para los trabajadores. En paralelo, la Confederación General del Trabajo convocó a un paro general contra la reforma, que fue calificada como un retroceso en materia laboral.

Uno de los momentos más controversiales fue la conformación del quórum, posible gracias a la cooperación de diputados peronistas que respondieron a gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). Esta maniobra habilitó el inicio de la sesión con 129 legisladores presentes.

El diputado salteño Pablo Outes, alineado con el gobernador Sáenz, defendió su voto a favor argumentando que la legislación vigente no contemplaba a las empresas del interior del país y que la justicia debía ser equitativa para todos. Sin embargo, fue duramente criticado por legisladores opositores que lo acusaron de “traidor”.

Durante la jornada, Unión por la Patria intentó sin éxito levantar la sesión mediante una moción para que el proyecto volviera a Comisión, pero la estrategia fue bloqueada por el oficialismo que mantuvo el quórum y aceleró la votación, generando fuertes reclamos en el recinto.

El jefe de bloque de UP, Germán Martínez, denunció la existencia de “packs” para asegurar quórum y votos, y criticó al presidente de la Cámara, Martín Menem, por limitar la cantidad de oradores para agilizar la aprobación.

La diputada Vanesa Siley calificó de “traidores” a los legisladores peronistas que apoyaron la reforma, mientras Nicolás Trotta pidió una reflexión para que no “se coman la dignidad de sus gobernadores” votando una ley que no amplía derechos laborales.

Entre los artículos más cuestionados se encuentra la eliminación del artículo 44, que reducía a entre el 50% y 75% el salario durante licencias médicas, medida que finalmente fue retirada por presión social y política. Sin embargo, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) fue aprobada con 130 votos a favor, 117 en contra y 3 abstenciones, generando rechazo por financiar indemnizaciones con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social y trasladar el costo del despido al Estado.

Máximo Kirchner advirtió que el FAL está diseñado para “subsidiar despidos” y sostuvo que “no habrá excusas para el fracaso que vendrá”. Por su parte, Sergio Palazzo señaló que la reforma no contiene beneficios para los trabajadores, sino que otorga ventajas a los empresarios, además de cuestionar el traslado de la justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La reforma también amplía la jornada laboral de 8 a 12 horas, crea un banco de horas que permite compensar horas extra sin pago adicional, limita el derecho a huelga y restringe asambleas en horario laboral, declarando servicios esenciales para reducir la capacidad de protesta.

Otro punto sensible es la derogación de la Ley de Teletrabajo vigente desde 2021, que garantizaba derechos a trabajadores remotos. Además, se eliminan estatutos específicos de sectores como periodistas, peluqueros y viajantes de comercio, afectando regulaciones históricas.

La reforma también elimina el fondo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que financia la industria audiovisual argentina. Asimismo, limita la prioridad de convenios colectivos nacionales sobre acuerdos por empresa, permitiendo condiciones inferiores en negociaciones individuales.

La diputada Teresa García calificó la ley como “muerta” por los cuestionamientos constitucionales y judiciales que enfrentará, mientras el peronismo anticipa que la vía judicial será el camino para intentar frenar la norma que consideran un retroceso promovido por el FMI.

El proyecto deberá volver al Senado para tratar las modificaciones, especialmente la eliminación del artículo sobre licencias médicas, y definir si se ratifica el texto modificado o se insiste con la versión original.