Pirotecnia: las empresas del sector demandarán a la municipalidad

Desde la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales anticiparon que se presentarán ante la Justicia, disconformes con el decreto de Montenegro. "Se está poniendo en crisis a muchas familias que tenían previsto desarrollar una actividad lícita", expresaron.

En la previa de las fiestas, el debate por el uso de pirotecnia quedó otra vez en el centro de la escena

22 de Diciembre de 2019 15:01

Por Redacción 0223

PARA 0223

Apenas unas horas después de que el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, avalara el decreto ad reférendum impulsado por el intendente Guillermo Montenegro que prohíbe la venta de pirotecnia sonora en General Pueyrredon, desde la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales hablaron con 0223 y anticiparon que presentarán una demanda en la Justicia.

"Es una decisión política, sin ningún tipo de análisis ni estudio previo sobre la realidad. Hay un poco de improvisación, pensando en los derechos que protegen para algunos personas pero sin pensar en más de 100 familias que viven directa o indirectamente de esta actividad", expresaron desde la entidad en primera instancia.

En esa línea, desde la cámara del sector insistieron en los perjuicios generados por la medida del oficialismo: "Las empresas ya han comprado los productos para comercializar en los próximos días. Se está poniendo en crisis a muchas familias que tenían previsto desarrollar una actividad lícita", afirmaron.

La resolución que impulsa Montenegro podría traerle problemas a la comuna en el futuro. "Las empresas involucradas se enteran por un decreto, ni siquiera por una ordenanza tratada, y cuando además la Corte Suprema resolvió con criterio con respecto a este tema, y es algo que viene siendo sostenido en más de siete ciudades, donde ya se otorgó el permiso de uso", describieron los representantes de la entidad.

Consultados por el tipo de pirotecnia sonora que se busca prohibir, desde la agrupación aseveraron: "No cambia nada. Lo que ha dicho la Corte es que es tan inconstitucional prohibir un tipo de artículo como todos. Las limitaciones parciales constituyen el mismo grado de inconstitucionalidad, toda vez que los municipios no resultan competentes para restringir la actividad comercial o el uso arbitrario de una actividad lícita, regulada por una ley nacional. Si los municipios deciden sancionar una norma así, significaría una anomia", explicaron.

Desde las empresas de fuegos artificiales entienden que la comuna sí podría tener competencia en ciertas regulaciones: "Si por ejemplo no se quiere utilizar pirotecnia a 100 metros a la redonda de una casa velatoria, es entendible. Si se quiere impedir usar pirotecnia, por ejemplo, en un lugar como la reserva natural de Laguna de los Padres, es comprensible. Ahora, no se pude disponer de una norma que restringa abusivamente o ilimitadamente el uso y la venta de pirotecnia", sentenciaron.

A la Justicia

"Esta semana que viene estaremos presentando la demanda, con un requerimiento de medida cautelar, de días y horas inhábiles, habida cuenta de que la Justicia no puede resolver la cautelar antes de las fiestas", confirmaron desde la cámara.

En ese sentido, las empresas advirtieron que la medida tomada por la comuna "implica un daño y un perjuicio, primero porque ante esta información la gente ya deja de comprar, y a su vez los comerciantes minoristas también dejarán de comprar a los proveedores más grandes. Todo es una cadena afectada", detallaron.

"Vamos a intentar que la medida cautelar se resuelva en el tiempo más corto posible. Sabemos que es algo que vamos a lograr revertir a más tardar en el mes de enero. Para ese entonces estarán las condiciones procesales, el juez de feria pueda tener los elementos para resolver la cautelar" indicaron desde la cámara.

Desde la entidad no descartan que el Estado municipal reciba demandas por daños y perjuicios. "Mar del Plata para este verano ya tiene muchos shows de fuegos artificiales agendados. Si se declara inconstitucional, es una medida que se ha tomado sin derecho y ahí el Estado es responsable", concluyeron.