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Los documentos que confirman que el Emtur conocía desde 2016 de las irregularidades en el Rancho Móvil

Los documentos que confirman que el Emtur conocía desde 2016 de las irregularidades en el Rancho Móvil

Por Redacción 0223

Vecinos habían denunciado las irregularidades que incluso fueron constatadas por la Dirección General de Recursos Turísticos. También habían radicado una denuncia penal.

El escándalo por las irregularidades en la Unidad Turística Fiscal Playa Redonda, una reserva forestal en la que se detectó la construcción ilegal de 17 cabañas, sigue dando que hablar. Mientras la denuncia penal formulada por el Ente Municipal de Turismo ya se tramita en la justicia local y un grupo de socios fundadores de la Asociación Civil Rancho Móvil de la Costa busca que el gobierno les devuelva el permiso precario para poner en valor el lugar y darle el espíritu inicial, 0223 tuvo acceso a la documentación que comprueba que el ente que comanda Gabriela Magnoler sabía desde hace más de dos años de las irregularidades que se cometían en el predio ubicado en el kilómetro 544 de la ruta 11.

La primera advertencia que se le hizo al Emtur fue a mediados de 2016, cuando un grupo de vecinos se acercó a denunciar la tala indiscriminada de especies arbóreas, hecho que originó una inspección del lugar por parte de la Dirección General de Unidades Turísticas Fiscales.

Ante el reclamo, el área a cargo de Mónica Rábano verificó in situ “la realización de áreas de extracción y poda de especies vegetales, modificación de cerramientos e instalación de un tendido eléctrico sin permiso ni autorización por parte de este ente”, según indica en una nota que hace referencia al expediente 15600-1-2003 - Obras sin permiso UTF Arroyo Seco, del 28 de julio de 2016.

 

Casi un mes más tarde, el 26 de agosto del mismo año, vecinos del barrio Santa Isabel -situado justo en frente al Rancho Móvil- realizaron una denuncia penal en la que dijeron haber sido testigos directos de “actos de grave devastación de flora autóctona y contaminación”, “tala indiscriminada” de plantas denominadas ‘siempre verde’ y la realización de pozos negros en parcelas individuales.

En la presentación señalaron además que al consultar los motivos de esa actividad ilegal, quienes la llevaban adelante -personas no identificadas pero que dijeron responder a la cuestionada asociación civil- les manifestaron que en el lugar se construiría un “barrio privado de nivel superior” y aseguraban que contaban con autorización porque habían “ganado una licitación municipal”.

 

Ante el avance de la construcción de cabañas, que fue de la mano con el aumento de los daños provocados en el medioambiente, los vecinos volvieron a presentar una nota dirigida al Emtur, esta vez, para dar cuenta de que en el lugar se comercializaban terrenos o parcelas y que, incluso, a los “no socios” se les cobraba en el ingreso un bono contribución de 150 pesos.

A juzgar por el escándalo en el que derivó el tema, todo indica que Magnoler ignoró documentación aportada por los vecinos y corroborada por la Dirección General de UTF durante poco más de dos años.

La presidenta del Emtur se presentó en la Comisión de Turismo y recibió duras críticas por parte de los ediles. Confirmó que el ente presentó una denuncia penal y no pudo dar precisiones sobres los “propietarios” de los ranchos desmontados.

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Los documentos que confirman que el Emtur conocía desde 2016 de las irregularidades en el Rancho Móvil

Vecinos habían denunciado las irregularidades que incluso fueron constatadas por la Dirección General de Recursos Turísticos. También habían radicado una denuncia penal.

El escándalo por las irregularidades en la Unidad Turística Fiscal Playa Redonda, una reserva forestal en la que se detectó la construcción ilegal de 17 cabañas, sigue dando que hablar. Mientras la denuncia penal formulada por el Ente Municipal de Turismo ya se tramita en la justicia local y un grupo de socios fundadores de la Asociación Civil Rancho Móvil de la Costa busca que el gobierno les devuelva el permiso precario para poner en valor el lugar y darle el espíritu inicial, 0223 tuvo acceso a la documentación que comprueba que el ente que comanda Gabriela Magnoler sabía desde hace más de dos años de las irregularidades que se cometían en el predio ubicado en el kilómetro 544 de la ruta 11.

La primera advertencia que se le hizo al Emtur fue a mediados de 2016, cuando un grupo de vecinos se acercó a denunciar la tala indiscriminada de especies arbóreas, hecho que originó una inspección del lugar por parte de la Dirección General de Unidades Turísticas Fiscales.

Ante el reclamo, el área a cargo de Mónica Rábano verificó in situ “la realización de áreas de extracción y poda de especies vegetales, modificación de cerramientos e instalación de un tendido eléctrico sin permiso ni autorización por parte de este ente”, según indica en una nota que hace referencia al expediente 15600-1-2003 - Obras sin permiso UTF Arroyo Seco, del 28 de julio de 2016.

 

Casi un mes más tarde, el 26 de agosto del mismo año, vecinos del barrio Santa Isabel -situado justo en frente al Rancho Móvil- realizaron una denuncia penal en la que dijeron haber sido testigos directos de “actos de grave devastación de flora autóctona y contaminación”, “tala indiscriminada” de plantas denominadas ‘siempre verde’ y la realización de pozos negros en parcelas individuales.

En la presentación señalaron además que al consultar los motivos de esa actividad ilegal, quienes la llevaban adelante -personas no identificadas pero que dijeron responder a la cuestionada asociación civil- les manifestaron que en el lugar se construiría un “barrio privado de nivel superior” y aseguraban que contaban con autorización porque habían “ganado una licitación municipal”.

 

Ante el avance de la construcción de cabañas, que fue de la mano con el aumento de los daños provocados en el medioambiente, los vecinos volvieron a presentar una nota dirigida al Emtur, esta vez, para dar cuenta de que en el lugar se comercializaban terrenos o parcelas y que, incluso, a los “no socios” se les cobraba en el ingreso un bono contribución de 150 pesos.

A juzgar por el escándalo en el que derivó el tema, todo indica que Magnoler ignoró documentación aportada por los vecinos y corroborada por la Dirección General de UTF durante poco más de dos años.

La presidenta del Emtur se presentó en la Comisión de Turismo y recibió duras críticas por parte de los ediles. Confirmó que el ente presentó una denuncia penal y no pudo dar precisiones sobres los “propietarios” de los ranchos desmontados.

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