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Fernández garello

1 de Abril de 2019 18:55

Nuevo pedido de juicio político contra el fiscal general Fernández Garello

La Comisión Provincial por la Memoria anunció un nuevo pedido de juicio político contra el fiscal general por su posible participación en delitos de lesa humanidad como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense durante la dictadura militar.

Una vez más, el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, quedó bajo la lupa de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y otros organismos de derechos humanos que anunciaron este lunes un nuevo pedido de juicio político en su contra.

La posible participación del representante del Ministerio Público Fiscal en delitos de lesa humanidad como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dippba) durante la dictadura militar, se renovó con dos nuevos hechos por los que se lo acusa y que incluyen la desaparición forzada del ciudadano paraguayo Mario Ramírez Medina y el espionaje, infiltración y persecución de exiliados chilenos.

En noviembre pasado, el Procurador General de la provincia de Buenos Aires dispuso el cierre y archivo del trámite disciplinario contra Fernández Garello tras otras actuaciones que habían sido impulsadas por la CPM, organización que considera que su participación en delitos de lesa humanidad “constituye una falta disciplinaria de gravedad institucional para un estado de derecho”.

 

 

La justicia federal, incluso, llegó a imputar al funcionario por esos hechos denunciados tiempo atrás y este lunes la CPM volvió a la carga.  “Sobre la impunidad no podemos crear ninguna democracia, por eso reclamamos al Procurador y a la Corte provincial, como así también a la Legislatura, la inmediata separación del cargo de Fernández Garello”, dijo al respecto el premio Nobel de la Paz y presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel.

El actual pedido de juicio político se promueve tras el hallazgo de nuevas pruebas del archivo de la Dippba, acervo documental que la CPM tiene bajo custodia desde el año 2001, que vinculan a Fernández Garello en los citados dos nuevos delitos perpetrados durante la última dictadura.

 

 

Los hechos

La primera de las acusaciones da cuenta del accionar represivo sobre el ciudadano paraguayo Mario Ramírez Medina, secuestrado por personal de la Policía Bonaerense el 9 de febrero de 1979 en su propia casa —en un asentamiento de Villa Pineral— y frente a sus hijos de 13, 15 y 16 años.

Ramírez Medina fue luego trasladado a la comisaría 1ª de Tres de Febrero y, ese mismo día, la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires elaboró un informe sobre su militancia en el Partido Comunista de Paraguay a partir de información recogida tras el operativo.

Según la CPM, ese memorando de inteligencia está rubricado por el sello y firma del comisario Federico Héctor Capurro, 2° Jefe a cargo de la Delegación San Martín, y el entonces oficial ayudante Fabián Uriel Fernández Garello. Mario Ramírez Medina continúa desaparecido y su caso ya fue documentado por la Conadep.

El segundo hecho ocurrió entre 1978 y 1981, cuando la delegación San Martín de la Dippba coordinó y ejecutó acciones de espionaje e infiltración sobre una familia de ciudadanos chilenos. Estas tareas de inteligencia fueron reconocidas por el propio fiscal Fernández Garello en sus declaraciones ante la justicia, minimizándolas como un simple censo de ciudadanos extranjeros.

“Mi tarea asignada en aquella oportunidad ha sido el relevamiento de ciudadanos chilenos. Llegué a relevar alrededor de 5000 (cinco mil) ciudadanos de aquella nacionalidad sin importar filiación alguna y por la sola circunstancia del conflicto internacional en trance”, había declarado el actual Fiscal General. 

La intervención del entonces oficial ayudante Fernández Garello aparece rubricada en un memorando del 17 de octubre de 1980 que eleva “información referente al censo llevado a cabo en el Club Unión Chile Argentina”, donde participaba la familia chilena que fue infiltrada.

El informe describe los inicios del club y su localización, y advierte que “podrían llegar a realizarse actividades de propaganda ideológica en la institución de marras”. El documento anterior consta en el legajo Mesa Referencia 17901, que registra una serie de memorandos e informes sobre acciones de la Dippba en la identificación de ciudadanos chilenos “peligrosos para la seguridad nacional”. Luego de estas tareas, varios de esos ciudadanos trasandinos fueron secuestrados en la sede del club espiado.