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Reclaman al municipio que garantice puestos de trabajo a personas que recuperan la libertad

Reclaman al municipio que garantice puestos de trabajo a personas que recuperan la libertad

Por Redacción 0223

En una jornada de trabajo, pidieron que el municipio adhiera a una ley provincial que fija en un 2% el cupo laboral para personas que recuperan la libertad tras un conflicto con la ley penal.

La reinserción laboral de las personas privadas de su libertad es uno de los mayores desafíos de la Argentina, que no encuentra un sistema de resocialización en las cárceles del país. Con esa premisa, se realizó este viernes una jornada de trabajo en el Concejo Deliberante en la que se planteó, fundamentalmente, la necesidad de que el municipio adhiera a la ley Provincial 14.301 que establece un cupo del 2% de personas libreadas en la planta municipal.

“El Estado tiene que dar el ejemplo a la reinserción y tiene que favorecer herramientas y mecanismos para que los privados también lo hagan. Esto puede ser generando regímenes impositivos que beneficien a aquellos que toman a este sector en su planta laboral”, planteó Facundo “Apache” Villalba, referente del Instituto de Acción y Pensamiento Interdisciplinario (Iapi), uno de los organizadores de la jornada.

En ese sentido, la adhesión a la ley provincial garantizaría que el municipio garantice que un 2% de su planta de personal esté compuesta por personas que recuperan la libertad. A su vez, Villalba dijo que existen otras herramientas que podría aplicar el municipio como establecer la obligatoriedad de que se incorpore a esta población en las concesiones del transporte público o el servicio de recolección de residuos.

En la jornada de trabajo surgieron las dificultades que se enfrentan las personas privadas de su libertad para conseguir trabajo una vez que salen fuera de los muros. “Se encuentran con una sociedad, un Estado que en general les es hostil”, dijo.

Villalba señaló que las personas privadas de su libertad reciben una “doble condena”: la que les impone el juez, que se cumple en condiciones muy complejas, y “una vez que salen se encuentran con la condena social, el repudio de una sociedad con muchas trabas a la hora de encontrar un empleo”.

“Hay prejuicios que se tiene muchas veces a la hora de emplear a la persona que estuvo en conflicto con la ley penal. La pena es un castigo y cuando uno ve cuál es la población que está presa se encuentra mayormente con varones jóvenes y pobres y con una situación muy particular de la comunidad trans”, concluyó Villalba, quien organizó la jornada junto a la concejal Verónica Lagos.

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Reclaman al municipio que garantice puestos de trabajo a personas que recuperan la libertad

En una jornada de trabajo, pidieron que el municipio adhiera a una ley provincial que fija en un 2% el cupo laboral para personas que recuperan la libertad tras un conflicto con la ley penal.

La reinserción laboral de las personas privadas de su libertad es uno de los mayores desafíos de la Argentina, que no encuentra un sistema de resocialización en las cárceles del país. Con esa premisa, se realizó este viernes una jornada de trabajo en el Concejo Deliberante en la que se planteó, fundamentalmente, la necesidad de que el municipio adhiera a la ley Provincial 14.301 que establece un cupo del 2% de personas libreadas en la planta municipal.

“El Estado tiene que dar el ejemplo a la reinserción y tiene que favorecer herramientas y mecanismos para que los privados también lo hagan. Esto puede ser generando regímenes impositivos que beneficien a aquellos que toman a este sector en su planta laboral”, planteó Facundo “Apache” Villalba, referente del Instituto de Acción y Pensamiento Interdisciplinario (Iapi), uno de los organizadores de la jornada.

En ese sentido, la adhesión a la ley provincial garantizaría que el municipio garantice que un 2% de su planta de personal esté compuesta por personas que recuperan la libertad. A su vez, Villalba dijo que existen otras herramientas que podría aplicar el municipio como establecer la obligatoriedad de que se incorpore a esta población en las concesiones del transporte público o el servicio de recolección de residuos.

En la jornada de trabajo surgieron las dificultades que se enfrentan las personas privadas de su libertad para conseguir trabajo una vez que salen fuera de los muros. “Se encuentran con una sociedad, un Estado que en general les es hostil”, dijo.

Villalba señaló que las personas privadas de su libertad reciben una “doble condena”: la que les impone el juez, que se cumple en condiciones muy complejas, y “una vez que salen se encuentran con la condena social, el repudio de una sociedad con muchas trabas a la hora de encontrar un empleo”.

“Hay prejuicios que se tiene muchas veces a la hora de emplear a la persona que estuvo en conflicto con la ley penal. La pena es un castigo y cuando uno ve cuál es la población que está presa se encuentra mayormente con varones jóvenes y pobres y con una situación muy particular de la comunidad trans”, concluyó Villalba, quien organizó la jornada junto a la concejal Verónica Lagos.

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