Piden juzgar a ex director de la UP 15 por la muerte de un interno que se electrocutó

En el marco de una causa que deja al desnudo una vez más las precarias condiciones que se registran en las cárceles de la provincia, las falencias estructurales, la sobre población y la falta de respuestas más allá de las visitas semanales que realizan miembros del Poder Judicial, la defensa de un ex director de la Unidad Penal 15 de Batán solicitó el sobreseimiento del funcionario acusado de homicidio culposo por la muerte de un interno que realizó una conexión eléctrica clandestina.

La investigación a cargo del fiscal Pablo Cistoldi comenzó el 10 de marzo de 2015 luego de que se constatara el deceso del interno Daniel Flores Di Terdicci tras recibir una descarga eléctrica. Tal como se estableció en la investigación penal preparatoria la víctima tomó contacto con el borde metálico del sector de pasaplatos de la celda 37 del pabellón 8 que ocupaba mientras cumplía una condena dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal 2 en el marco de una causa por homicidio.

El abogado del imputado se opuso al pedido formulado por la fiscalía al considerar que no hay pruebas que demuestren que José Luís Rodríguez “participó en el ilícito en cuestión, pues ni siquiera puede reprochársele un obrar negligente en el ejercicio de su función”. A partir de la presentación realizada ante la Justicia de Garantías para Lautaro Resúa corresponde otorgar el sobreseimiento a quien fuera director de la Unidad Penal 15 de Batán desde el 11 de junio de 2014.

Para el profesional la ineficiencia y la desidia estatal que el fiscal atribuye a Rodríguez no son imputables a su defendido ya que “parecen prima facie valorados dentro de un contexto social y político ajeno” al que se registra en el Sistema Penitenciario Bonaerense. “El SPB acarrea carencias severas en cuanto al estado de las unidades -alimentación, servicio de salud, generación de trabajo-  que prácticamente anulan la posibilidad de integración social de los internos, uno de sus fines básicos”, señaló.

El abogado le dijo a 0223 que “la imputación realizada por el Ministerio Público Fiscal es errónea, no pudiendo ser el estado de la Unidad Penal 15 atribuible a mi asistido, quien ha obrado con diligencia en el ejercicio de sus funciones. Deberían encontrarse imputados, en su caso, las autoridades máximas del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires”.

Lautaro Resúa (Foto: archivo 0223).

En tal sentido Resúa recordó la declaración que su defendido dio ante el fiscal Cistoldi en la que sostuvo haber encontrado una unidad ediliciamente devastada “ no solo en la parte de mampostería sino también en la parte de iluminación, no solo lo que hace al sector penal sino también a lo que es el muro de ronda y calles adyacentes a la unidad”.

Rodríguez sostuvo en ese momento que las cuentas estaban en rojo, que no tenía acceso a materiales y que los recursos a los que podían acceder eran donados por distintas empresas de la ciudad. El entonces funcionario sostuvo que la superpoblación -1100 internos para una capacidad real de 700- hizo colapsar los sistemas cloacal y eléctrico del Penal.

En virtud de las causas que provocaron la muerte de interno Daniel Flores Di Terdicci el ex director sostuvo que solo había un electricista para atender a toda la población, las celdas y los problemas que se registraban en el sector de alojamiento, la administración y el muro de ronda.

Rodríguez explicó que durante su gestión al mínimo una vez por semana recibía las visitas para las recorridas de jueces o del Comité para la tortura a los que daba conocimiento del estado del edificio y solo obtenía respuestas por parte del Estado “cuando quemaban las papas o había alguna intimación judicial”. “Cuando las autoridades de la Jefatura del Servicio veían muchas quejas de los directores hacia los superiores, los cambiaban, buscando alguna excusa”, dijo en su declaración.

A partir de ese cuadro Resúa sostuvo que su defendido actuó “con diligencia y esmero en el ejercicio de sus funciones como director, en aquella unidad penal que lo viera nacer como oficial. No existieron omisiones por su parte, no pudiendo serle impuado el estado de la Unidad y menos aún el penable fallecimiento del interno Di Terdicci”, indicó.

Para el profesional la realidad de los hechos está avalada por las múltiples constancias probatorias de la investigación que incluye los informes de trabajos eléctricos en la unidad penal, entre ellos avocados a los enganches clandestinos realizados por los internos y las declaraciones incorporadas a la causa. “La situación de peligro era ampliamente conocida por las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense y pese a ello se optó por imputar erróneamente al eslabón más bajo y débil de la cadena de mando, a un oficial que llegó a Director en la Unidad Penal”, concluyó.

A partir del pedido la Justicia de Garantías deberá definir en los próximos días si avala el pedido del fiscal Cistoldi de juzgar a Rodríguez o si se decreta su sobreseimiento.