ARA San Juan: hay viudas que esperan los certificados de presunción de muerte hace más de un año

La sola mención de las palabras "ARA San Juan" parecen sugerir inexorablemente el camino de una espera interminable. Los hechos lo demuestran: la búsqueda del submarino se extendió durante más de un año hasta que recién se lo pudo localizar a pocos metros del último lugar donde había perdido comunicación; la investigación por la tragedia ya lleva más de dos años sin tener aún responsables identificados y bajo sentencia, y el drama para las familias de las víctimas hoy en día sigue bajo el mismo pulso: hay viudas que aguardan desde hace más de un año por recibir algo tan básico, esencial y doloroso como los certificados de presunción de muerte. 

Ése es el caso que se presenta para Andrea Mereles, la esposa de Ricardo Gabriel Alfaro, el cocinero de 37 años que tenía el navío. "No sé muy bien cuál es el motivo de esta traba. Sé que hay esposas que iniciaron el trámite hace cinco o seis meses y ya salieron pero hay otros casos como el mío, que empecé hace un año y dos meses y todavía nada", expresó.

La marplatense confirmó que la importante dilación en los tiempos de entrega de los certificados, que se traduce en otras dificultades sevaras para el sustento económico de diferentes familias, fue uno de los ejes sobre los cuales giraron los reclamos que se le hicieron al Ministro de Defensa, Agustín Rossi, en el encuentro cara a cara que hubo en la Base Naval de Mar del Plata semanas atrás.

Mereles, en este sentido, confió que al funcionario se le sugirió hacer extensiva la decisión que se tomó para con el capitán del ARA San Juan, sobre el cual ya pesa el certificado correspondiente. "Si sale para uno y lo declaran, no entendemos por qué directamente no lo hacen para los otros 43 submarinistas", planteó.

En declaraciones a 0223, la esposa de Alfaro dijo que no está en condiciones de poder afrontar todos los costos que supone este trámite, que le permitiría solicitar la pensión a la Armada Argentina que la ayude a sostenerse económicamente. "Con el recibo de sueldo de mi esposo que todavía percibo, tuve que alquilar otra casa porque no tenemos plata suficiente. Lo que le pedimos a las autoridades es que tengan en cuenta este tipo de cosas", manifestó.

"No estoy pidiendo que me den plata para mudarme. Hay esposas que tienen casa propia pero no es mi caso. Nosotros, con Ricardo, fuimos a sacar un crédito para tener una casa y él justo se fue a navegar y pasó lo que pasó. El crédito está preotorgado pero con esto esto no sé si mel lo dará algún día el banco", comentó la viuda del tripulante, sobre su situación.

Mereles, mamá de una adolescente de 18 años y de un nene de 9 años, dijo que a Rossi también se le hicieron planteos por las situaciones laborales de las esposas después de la tragedia. "Hay varias esposas que se quedaron sin trabajo, algunas lo perdieron y otras nunca trabajaron. Pero todas estas cosas las tienen que resolver porque ellos son los responsables de lo que nos pasó", apuntó.

Con relación al esclarecimiento de la causa, la marplatense se mostró escéptica y dijo "no creer mucho" en el Gobierno de Alberto Fernández al entender que "es tan culpable" como el de Mauricio Macri. "Todos sabemos que Rossi estuvo en la reparación de media vida del ARA San Juan en su momento. Esperemos que hagan algo pero ambos gobiernos tienen responsabilidades", remarcó.

A la fecha, la investigación del Juzgado federal de Caleta Olivia, a cargo de Marta Yáñez, que intenta esclarecer la tragedia sigue caratulada por “averiguación de ilícito”. De las 44 familias, sólo 26 decidieron presentarse como querellantes, y su representación se divide entre los estudios de los abogados Valeria Carreras y Fernando Burlando, junto con el de Lorena Arias, y en forma paralela trabaja Luis Tagliapietra, quien también es papá de uno de los submarinistas.

El ARA San Juan, con asiento en la Base Naval de Mar del Plata, perdió contacto con la Armada en el mar Argentino el 15 de noviembre de 2017, cuando se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del golfo San Jorge. El 17 de noviembre de 2018, la empresa privada Ocean Innity, que fue contratada por el gobierno nacional, concluyó su búsqueda el 17 de noviembre de 2018, cuando halló al submarino muy cerca del punto de último contacto y a 907 metros de profundidad.