La justicia volvió a negar el arresto domiciliario a un integrante de la CNU que tuvo Covid

Se trata de Eduardo Salvador Ullúa, de 68 años que en la cárcel contrajo coronavirus. La Cámara Federal de Casación Penal le negó ese beneficio. Los argumentos.

Ullúa seguirá recluido en la UP34 de Campo de Mayo.

20 de Agosto de 2020 09:31

Por Redacción 0223

PARA 0223

De manera virtual ante la pandemia, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal negó nuevamente el beneficio del arresto domiciliario a Eduardo Salvador Ullúa, un exmiembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU). La defensa planteaba que Ullúa tenía coronavirus y por ser grupo de riesgo –tiene 68 años- debía continuar su detenciín en un country de Los Cardales.

Los jueces Guillermo J. Yacobucci, Alejandro W. Slokar y Carlos A. Mahiques, consideraron que el integrante de la CNU ya se encontraba bien de salud y con el alta médica por Covid-19, por lo que podría regresar a la Unidad Penitenciaria N°34 de Campo de Mayo para seguir recluido.

Mientras cursó su enfermedad, Ullúa fue transferido al Hospital Muñiz (unidad 21 del Servicio Penitenciario Federal).

Según el tribunal oral, se rechazó nuevamente el pedido de morigeración de la prisión preventiva en favor de Ullúa, “por cuanto el diagnóstico de Covid positivo no resulta per se suficiente para modificar la situación de detención del imputado; máxime si se toma en consideración las características y gravedad de los hechos que se le imputan”.

El abogado, que permanece detenido en la Unidad Penal N° 34 “Campo de Mayo”, había solicitado 21 de abril el beneficio de morigeración durante la etapa de enjuiciamiento por el eventual riesgo de contraer coronavirus pero los magistrados intervinientes desestimaron la requisitoria.

Ullúa -quien estuvo 9 años prófugo de la Justicia- está procesado por los homicidios de Enrique "Pacho" Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique VidelaJorge Enrique VidelaJorge Lisandro Videla; el médico Bernardo Alberto GoldembergDaniel Gasparri y Jorge Stoppani; y la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi

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