Matrimonio denuncia que una abogada los "soborna" para devolverle sus documentos

Un matrimonio de Mar del Plata denuncia ser víctima de una larga odisea judicial que solo trae angustia y preocupaciones y que hoy está a punto de poner en riesgo la permanencia de Federico, uno de sus dos hijos de 27 años que padece parálisis cerebral severa y crónica, en un hogar para personas en situación de discapacidad de Villa Ballester donde recibe el tratamiento y la contención adecuada para su delicado diagnóstico.

Todo comenzó en diciembre 2019, a raíz de una breve “crisis” de pareja que sufrieron Hugo y Nora que los llevó a tomar distancia por “un tiempo”. Entonces, para tener un resguardo económico durante ese lapso, la mujer se puso en contacto con una abogada de la ciudad que la asesoró con la posibilidad de firmar un convenio “extrajudicial” para que el esposo le garantizara un ingreso de 40 mil pesos mensuales.

Tanto Hugo como Nora compartieron los escuetos puntos del convenio propuesto y a mediados de enero firmaron el acuerdo en un café de la calle Alem. Pero para arribar a la instancia de la firma, la letrada antes les había pedido los documentos originales de las libretas de nacimiento de sus dos hijos, la libreta de casamiento y el certificado de discapacidad de Federico.

“El acuerdo era una carilla de una hoja A4. Después de firmarlo, la doctora me pidió como 300 mil pesos en honorarios y yo me opuse a pagar porque no me parecía que había justificación para eso. Ella dijo que no había problema, que después se veía la manera de llegar a un arreglo, y cuando me voy y Nora se queda sola con la abogada, mi esposa le pide los documentos que le había dado para poder armar este convenio y ella lo que responde es que no los tenía a mano y que después se los iba a dar. El problema es que desde enero del 2020 a la fecha, no nos dio nada”, asegura Hugo.

El matrimonio, que inició una causa penal en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº10 de Delitos Económicos por el delito de “retención de documentación pública”, sostiene que la abogada los intenta “sobornar” para que le paguen un abultado monto de dinero a cambio de recuperar sus papeles personales. “Me está pidiendo 350 mil pesos, con intereses y demás”, afirma el denunciante, al compartir el drama con 0223.

“Hace un año que vengo hablando con la abogada: lo que le digo es que yo le voy a pagar pero con la documentación en mano. Y está todos los días sobornándome con escritos en los que me exige que le pague determinada plata y que tampoco le inicie un juicio por daños y perjuicios”, relata Hugo, quien también aclara que el convenio de separación nunca llegó a homologarse porque él y Nora reconstruyeron su relación a la brevedad.

Pero la preocupación principal del matrimonio no pasa por el “intento de soborno”, sino por el futuro de su hijo discapacitado: es que al no tener el certificado de discapacidad, no pueden iniciar ningún trámite de renovación para que Federico pueda permanecer en 2022 en el hogar de Villa Ballester. “El año pasado no se hizo la renovación tradicional y por la pandemia se extendió la vacante en el colegio por un año más pero ahora que ya se solucionó todo, necesito presentar el certificado para que Federico no se quede sin atención. Estoy a 10 días de que mi hijo pierda el lugar que tiene en su hogar”, expresa.

Además, por la misma situación, ni Hugo ni Nora pudieron ir a visitar a su hijo en el contexto de pandemia y quedaron vedados de gestionar un traslado a un hogar en Mar del Plata ya que en cada lugar le exigían la documentación que está en manos de la abogada. “Estamos realmente desesperados. Hace un año que no lo podemos ver por lo que hace esta abogada”, enfatiza el padre del joven.

Federico tiene una parálisis cerebral que condiciona seriamente su vida cotidiana: no puede comer solo, tampoco controla esfínteres por lo que debe usar pañales, y se tiene que movilizar con la ayuda de una silla de ruedas. “Nora está siendo asistida con psiquiatras en el HPC. Tiene una depresión terrible, ataques de pánico y tiene que estar medicada por lo que estamos pasando”, afirma, al dimensionar el impacto emocional del conflicto.

“Yo trabajo hace casi treinta años en el Parque Industrial. Y por esta situación la abogada declaró que yo me iba a ir a vivir a México y por eso la Justicia dictaminó una cautelar con la que me embargaron el sueldo para sacarme todo antes de que yo supuestamente me vaya. Me han sacado casi 240 mil pesos del sueldo. Es una locura. Y yo no es que no reconozco que no le debo plata, sé que se la debo y se la voy a pagar pero eso va a ocurrir cuando ella me devuelva todos los documentos que nos pertenecen”, explica.

En el marco de la compleja odisea, el único avance que logró la familia se dio en el Juzgado de Familia Nº6 de Adriana Rotonda, donde se intimó a la letrada a que entregue la documentación. “Este viernes se le vencía a la abogada el plazo que dio el Juzgado para entregar la documentación y todavía no mandó los documentos”, dice Hugo, quien insiste en el pedido a las autoridades judiciales para que se pongan del lado de las “personas más vulnerables”.