Inspeccionaron campos por una causa por explotación laboral de 150 personas

En el marco de una causa que investiga la explotación laboral de al menos 150 personas en campos de producción de frutos rojos, el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti le dio intervención al Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata para que realice el seguimiento de la situación de las víctimas detectadas hasta el momento. En consecuencia, el organismo llevó a cabo inspecciones en los predios dedicados a la producción de frutillas y arándanos de la firma “El Frutillar” -que tiene a cuatro directivos procesados por el delito de trata de personas-, ubicados en Mar del Plata y Bella Vista, provincia de Corrientes, según informó el sitio Fiscales.gob.ar.

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, en la que interviene en colaboración la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que encabezan el fiscal Marcelo Colombo y la fiscal Alejandra Mángano.

En el caso se encuentran procesados sin prisión preventiva el presidente, la vicepresidenta y dos encargados de recursos humanos de la firma por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. La Justicia pudo acreditar la situación de vulnerabilidad de trabajadores y trabajadoras, pagos inferiores a los establecidos por las normas laborales, y jornadas que llegaban a las 16 horas, entre otras irregularidades.

El Comité realizó en febrero la primera inspección en el predio que la empresa tiene en Mar del Plata; y la segunda se concretó días atrás en la ciudad correntina. De ambos operativos participaron además distintos organismos nacionales como la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Migraciones, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).

Según informó el Comité, en la ciudad balnearia más de 60 inspectores relevaron los predios durante 10 horas de manera coordinada y evaluaron la situación migratoria, las condiciones de contratación, la jornada de trabajo, el nivel de retribución salarial, las condiciones del entorno y, en el caso de Renatre, las condiciones de sindicalización. El abordaje se hizo teniendo presente los criterios establecidos en la “Guía para investigar y detectar la trata laboral”, publicada de manera conjunta por el Ministerio Público Fiscal y la Organización Internacional del Trabajo en 2017.

Si bien un informe elaborado por el Comité indicó que “no se detectaron casos de explotación infantil y en el campamento principal las condiciones eran aptas”, el documento concluyó que “las condiciones objetivas que llevaron al Juzgado a procesar a los directivos de la empresa no habían sido subsanadas”. A fin de garantizar la protección de las víctimas, se sugirieron medidas que fueron ordenadas oportunamente por el juez federal.

Desde el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, que dirige Gustavo Vera, remarcaron que “el operativo conjunto demostró que la cooperación inteligente entre la Justicia Federal y los organismos inspectivos del Gobierno nacional es decisiva para tramitar seriamente y en profundidad las causas judiciales evitando la impunidad y garantizando la reparación y el restablecimiento de derechos de los trabajadores y las trabajadoras”.