Drogas cerca de escuelas y protección policial: juzgan a 18 miembros de una banda

Catorce hombres y cuatro mujeres acusados de abastecer de estupefacientes a grupos familiares, allegados y sujetos vinculados o no entre sí, que vivían en la denominada Villa Mateotti comenzaron a ser juzgados este lunes en el Tribunal Oral Federal. Para los investigadores todos los imputados habrían contado con protección policial para llevar adelante la tarea.

La acusación será detallada por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani el próximo lunes cuando se retome el debate, que preside Roberto Falcone, acompañado por sus colegas del tribunal, Nicolás Toselli y Fernando Machado Pelloni. Sólo dos de los acusados estuvieron presentes en la sala junto a sus abogados defensores; el resto lo siguió por videoconferencia.

En inmediaciones de la zona donde operaban los imputados funcionan la escuela primaria provincial 35, la secundaria 47 y el jardín 919 y la secundaria 47, lo que resulta uno de los agravantes imputados para el delito de comercialización de estupefacientes.

La teoría del caso que presentará el Ministerio Público Fiscal ha sido confirmada por los 13 imputados que rubricaron el acta de juicio abreviado, elevada al tribunal, que resolverá su convalidación –al final del debate- en conjunto con la sentencia que discernirá las responsabilidades de quienes afrontan el juicio oral y público: Luis David Novile, Orlando Ezequiel Menghini, Pedro Ismael González, Carlos Alberto Fernández y Darío Guillermo Fernández.

Durante la investigación, se logró determinar algunos nexos entre los acusados al igual que acciones delictivas, que fueron acreditadas con nutrido material probatorio. De acuerdo a la acusación fiscal, Novile conducía un automóvil para tareas de remis, aunque también le habría servido como una herramienta para el transporte de material estupefaciente que compraba en el barrio, por lo cual cobraba un extra. Cada vez que le llegaba un pedido a su celular, se comunicaba con un tercero, a quien le pedía “un 25”, “50 gramos” o “500 pesos".

Novile, además, resulta ser medio hermano de Menghini, quien trabajaba en el servicio de calle de la comisaría Quinta. La fiscalía entendió en la investigación que intercambiaban información útil para la tarea policial que tenía asignada Menghini, quien a su vez, la trasmitía al ex agente de Drogas Ilícitas, González. La información era intercambiada, de acuerdo a la acusación, por el preaviso de los procedimientos que podían llegar a darse en el barrio, “logrando que los sujetos buscados por la justicia provincial se den a la fuga, o quienes tengan estupefacientes a la venta obtengan un cierto lapso de tiempo para que puedan esconder la mercadería y todos aquellos elementos que los incriminen”.

Los policías, de acuerdo a la acusación fiscal, habrían brindado la ayuda necesaria para el despliegue de la actividad ilícita. En tanto, Carlos Fernández habría sido uno de los principales proveedores de estupefacientes en “Villa Mateotti” y quien habría provisto a su hermano Darío la droga para la venta en la zona ubicada detrás del barrio SOIP.

La postergación de la lectura de la acusación para la próxima semana obedeció a que Carlos y Darío Fernández, quienes habían convenido un acuerdo de juicio abreviado, decidieron afrontar el juicio oral y público en los momentos previos al inicio del debate.