Crece la venta de armas en medio de una incógnita: ¿cuántas hay en Mar del Plata?

La venta de armas se recarga permanentemente en Mar del Plata y lo hace a base de una sola munición: el miedo. En una sociedad en la que la violencia crece y también impulsa la circulación ilegal de armas, el miedo a convertirse en la víctima de un delito dispara la búsqueda urgente en hombres y mujeres de ir a comprar una pistola, un revólver, para defenderse de la delincuencia. Y ese fenómeno se da en medio de una incertidumbre que el gobierno nacional no logra responder: cuántas armas circulan en Mar del Plata. 

Comprar un arma no es fácil. Exige requisitos pero también conocimientos: cualquier arma no sirve para cualquier cosa. El mercado es tan amplio como diverso pero la oferta se puede clasificar, a grandes rasgos, en tres familias: según las características, existen armas cinegéticas (para cacería), otras para fines deportivos y otras para defensa personal. Y por la demanda que acusan en el día a día, son las mismas armerías las que advierten un interés creciente por el armamento defensivo en el último tiempo.

“Te aseguro que de cien clientes, el noventa y cinco por ciento busca un arma para defensa y el otro cinco por ciento la quiere para tiro. Es imposible nombrar todos los delitos que me cuentan cuando vienen a comprar un arma. Lamentablemente, la cabeza de la gente funciona así: cuando pasan una determinada línea, se cansan y dicen ‘listo, se terminó, me voy a comprar una’ y acá los tenemos”, dice Gastón, del local Universal Arms, ubicada en Alvarado al 1599.

Leonardo, dueño de El Francotirador que se encuentra en Jara al 2474, coincide en que hay una “rotación en el consumo” que le ha hecho ganar terreno a las armas para defensa. “Lo cinegético evidentemente ha bajado; lo que es deportivo se mantiene, como suele pasar, pero lo que ha crecido bastante es el ámbito defensivo, y en eso te das cuenta por el fuerte volumen de ventas de armas cortas, que es lo que más se usa para estos casos. Nosotros vemos un crecimiento interanual superior al 30 por ciento”, afirma.

Más trámites, más causas

Naturalmente, el fenómeno no solo se evidencia en las ventas sino en los trámites. Las dos armerías consultadas brindan asesoramiento para que las personas puedan acceder a la credencial de legítimo usuario (CLU), el permiso que otorga el Estado argentino para poder tener un arma, y en ambos casos dan cuenta de un mayor número de pedidos. “El incremento es exponencial en el último año, tanto de las renovaciones de los CLU que estaban por vencer o que ya están vencidos como de los nuevos”, dice Leonardo.

La Justicia también lo ve reflejado en las causas penales que incluyen secuestro de armas, así como en las testimoniales que ofrecen los imputados cuando son sometidos a indagatoria. “Mucha gente se justifica en esos casos diciendo que hay inseguridad, que nadie hace nada, que se tienen que defender de alguna manera y que tienen el arma en casa para disparar por si entran a robar, cosa que tampoco es fácil porque primero hay que estar preparado. La verdad, algunas de las explicaciones que nosotros escuchamos cuando declaran son hasta incoherentes”, apunta Graciela Trill, cotitular de la Unidad Función de Instrucción de Composición Temprana de Conflictos Penales.

Para la fiscal, es “un cóctel medio explosivo que no se acrecentó con la pandemia, sino que ya viene de largos años”. “Algunos piensan que se tienen que salir a defender solos y también hay otros que tienen un temperamento especial. Y tener un arma no es para cualquiera; hay que tener un temple determinado. Hay que saber que un arma puede terminar con la vida de una persona. No es para salir a  los tiros a lo loco, como suele pasar. Nos llegan cada vez más denuncias de ese estilo, a lo ‘far west’, por conflictos vecinales”, reitera.

El impacto de la pandemia

En las armerías coinciden en que la tendencia comercial viene de larga data –al menos cuatro años–, pero no evitan señalar al coronavirus como un factor que inexorablemente condicionó distintos aspectos y conductas. Las restricciones impuestas en la emergencia sanitaria, por ejemplo, paralizaron la salida de carabinas o calibres importantes para cacería ya que en el 2020 el Gobierno no habilitó la temporada de caza, y también vedó la posibilidad de hacerlo en este 2021 en forma particular.

La Agencia Nacional de Materiales Controlados –que hasta el 2015 fue el Registro Nacional de Armas (RenAr)– es el ente descentralizado que se encarga de fiscalizar las armas y materiales explosivos que circulan en el país y tampoco estuvo exenta a los largos cierres de oficinas estatales que obligó el avance del Covid-19, por lo que varios trámites de tenencia de armas aún acusan demoras. “Muchos nos insisten con los llamados porque quizás compraron un arma hace tres o cuatro meses pero están obligados a seguir esperando porque el trámite de CLU todavía no sale en la ANMaC. Las armas están en nuestro depósito pero si no hay credencial, no se puede entregar nada”, aclaran en Universal Arms.

Inclusive, la incidencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio se trasladó a las denuncias por amenazas agravadas con empleo de armas de fuego, que mostraron una reducción interanual notable. “En 2019 tuvimos unas 6700 denuncias y en el 2020 fueron 4500 aproximadamente. Hay mucha diferencia pero eso no quiere decir que no hubo conflictos sino que fue muy importante el efecto del aislamiento por las limitaciones para salir. En este año, creemos que por el incremento diario de causas y el monto que ya venimos trabajando, vamos a volver al número de 2019”, confirma la fiscal Trill.

Sin embargo, el contexto de incertidumbre social que propició la llegada de la pandemia se tradujo en un “pico” de ventas que hace años no vivía la actividad armamentística. Todo comenzó en abril del 2020, cuando algunos medios empezaron a insistir con la idea falaz de que las autoridades iban a avanzar con una “liberación masiva” de presos de las cárceles. “La gente venía desesperada. Fue impresionante lo que se vendió”, asegura Gastón, de Universal Armas, y precisa que por esa época las ventas se gestionaban de manera online, a través de WhatsApp.

“Eso fue real y también en el momento posterior a las restricciones más fuertes de la pandemia, cuando ya se pudo abrir, hubo una época de muchísimo movimiento para nosotros porque la incertidumbre sobre qué era lo que iba a pasar o cómo iba a desenvolverse la situación hizo que la gente tomara recaudos”, recuerda Leonardo, el responsable de El Francotirador.

Antes, gas pimienta; ahora, un arma

La demanda de armas es igual de heterogénea a la oferta. A los comerciantes les cuesta referir características específicas de sus clientes e insisten en que es “extremadamente variado” el perfil de quienes se acercan a los locales, sin importar sexo, edad o profesión. Si bien los hombres son los que más consultan, en los dos locales se observa un mayor interés de parte del público femenino.

“En los últimos cuatro o cinco años se acercan un montón: antes venían por el gas pimienta pero hoy se acercan a buscar el arma. Y no hay edad porque vienen chicas y mujeres mayores; están los dos extremos. Todo el mundo tiene miedo hoy”, grafican en la armería de calle Alvarado, mientras que en la de avenida Jara señalan: “Hace diez años que ya hay un crecimiento importante de chicas a nivel deportivo en el ámbito de tiro, que practican porque les gusta y lo disfrutan. Y en lo que es defensa, siempre hay mujeres que consultan y que compran su arma por seguridad”.

Lo que más sale

Los calibres .380 y 9 milímetros asoman como la primera opción en materia de defensa. Por lo general, las personas, y sobre todo los primerizos, se inclinan por las pistolas Bersa, de industria nacional, o las Taurus, fabricadas en Brasil. Hay dos razones que justifican esta elección: con un precio de entre 35 o 50 mil pesos, se ubican como las armas más económicas de mercado y tienen la ventaja de incluir un seguro externo que previene accionamientos involuntarios.

Foto 0223: revolver calibre .38.

En Universal Arms también dicen que hay un “grupo de clientes jóvenes y experimentados” que eligen la Glock, un arma importada, de origen austríaco, que se distingue como una alternativa de “alta gama” y que, por sus características –no cuenta con ningún seguro–, está pensada para alguien con conocimientos previos en tiro. La calidad se vuelca al costo: su valor oscila entre los 100 y 150 mil pesos. “Es un arma más liviana porque todo el frame es de polímero, que es un plástico muy resistente y que pasa por estrictas normas de seguridad, y eso obviamente la encarece”, explica el vendedor.

Foto 0223: Calibre 9 milímetros de Glock. 

“Hay 9 milímetros que están 50 mil pesos pero también hay otras, del mismo calibre, que están 150, 180, o hasta 200 mil pesos. Hay muchos precios y opciones. Hay gente que elige por determinada característica, por determinada medida de seguridad que tiene un arma y que no la hace mejor o peor con respecto a otra sino que la vuelve distinta, y por supuesto que también se elige por el renombre de la marca”, sostiene Leonardo, de El Francotirador.

Las municiones varían. En 9 milímetros, por ejemplo, hay tres clases de balas: la ojival, una de las más tradicionales y de alta velocidad; la troncocónica, que suele ser utilizada por las fuerzas de seguridad, y la bala punta hueca, que se caracteriza por una gran capacidad de daño. “La troncocónica es una bala de punta chata, más lenta pero con más impacto, y la punta hueca casi que no se vende porque podés terminar con problemas con la ley”, detalla el vendedor de Universal Arms.

Foto 0223: Calibre 9 milímetros de Taurus.

Aunque los pedidos son menos frecuentes, el revólver es otra opción que se tiene en cuenta a la hora de pensar un instrumento de defensa personal, principalmente en mujeres y adultos mayores. “Los calibres .38 y .357 son los que más se venden en estos casos. Hay mucha gente grande que no se acostumbra a la pistola y para la mujer también suele ser más fácil usar el revólver porque no tiene corredera; automáticamente metés la bala en el alveolo y disparás”, indican en la misma armería.

La adrenalina solo sirve en Hollywood

Ambos comercios hacen hincapié en la importancia del “asesoramiento” a los clientes para que no se “lleven un problema a la casa” y no se transformen en una potencial amenaza “para sí o para terceros” e insisten en la necesidad de capacitación, algo que también, a partir de distintas campañas de concientización que marcaron un cambio de paradigma en el mercado, experimenta un crecimiento en el último tiempo.

“Sugerimos que todo aquel que tenga alguna duda o inquietud con el tema, se acerque y nos pregunte sin ningún tipo de compromiso o tabú. La información y la capacitación es lo primero que hay que tener. Antes de comprar un arma, es fundamental tener una charla para saber si realmente es lo que se necesita o si en realidad hay que acudir a otra herramienta. Está claro que no siempre el arma es la solución al problema”, coinciden los vendedores de las armerías.

El abogado penalista Maximiliano Orsini aconseja a las personas que han sufrido un hecho de inseguridad que “no caigan en la desesperación” de buscar un arma como método de defensa. “Hay que estar muy preparado para manejar un arma y hay que tener muy presente todos los peligros que puede traer, como la posibilidad de que la agarren tus hijos en un descuido y hasta de matar alguien”, sostiene, y apunta: “No es fácil usar un arma en momentos de mucha adrenalina. Algunos quizás se piensan que están en Hollywood, pero son justamente esas personas las que provocan que se restrinjan las armas”.

No sabe, no contesta

¿Cuántas armas circulan legalmente en Mar del Plata? La pregunta es fácil pero parece imposible de responder. Quien debe dar la respuesta es la ANMaC pero sus autoridades apenas se molestan por informar la cantidad de armas registradas en el país. El último dato oficial corresponde a agosto de 2020: hasta esa fecha, había 1.662.033 armas declaradas y 743.817 usuarios –hombres, en un noventa y nueve por ciento– armados pero solo el treinta por ciento cumplía con las certificaciones correspondientes. Dicho de otro modo, el setenta por ciento cometía un delito.

Esos números los dio a conocer Ramiro Urristi, quien se desempeñaba como director ejecutivo hasta hace poco más de un mes. El 1 de julio formalizó su renuncia al cargo después de haber firmado una autorización para que la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta adquiriera pistolas Taser. Desde entonces, la dirección de la ANMaC no tiene reemplazante designado. En el organigrama del Mapa de Estado que difunde públicamente la Jefatura de Gabinete figura como actual responsable Héctor Nicolás Massini.

0223 recurrió, entonces, al subdirector ejecutivo Massini para conocer el número de armas registradas en General Pueyrredon, después de la primera negativa que dio la delegación marplatense del organismo a cargo de Carlos Nistal. Sin embargo, el funcionario tampoco aportó cifra alguna. También se canalizó el 26 de julio la misma inquietud a través del formulario de consultas que tiene la ANMaC para “garantizar” el acceso a la información pública (Ley 27.275) pero, al momento de esta publicación, tampoco hubo respuesta.

Es decir, que el Estado no revela datos en una ciudad donde las armas prevalecen prácticamente en la mitad de los crímenes, una lógica que se replica a lo largo y ancho del planeta y que a nivel local se sostiene a lo largo de los últimos años. El Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito contabilizó en 2019 46 homicidios dolosos, de los cuales 28 fueron cometidos con armas de fuego; en 2020, en plena pandemia del coronavirus, la cifra cayó a 33 asesinatos, de los cuales 16 fueron cometidos con armas de fuego. Y en lo que va del 2021, en Mar del Plata ya hubo 31 crímenes, siendo el arma de fuego el medio utilizado para materializar 12 de estos hechos de muerte.

Flojito de papeles

La falta de información precisa sobre un tema tan delicado como el circuito legal de armas es otra problemática de larga data. Pero la falta de información, también se puede leer como información: los silencios encienden alarmas. “Lo que estás pidiendo es un dato esquivo porque es alarmante. Muchas veces me preguntan cuántas armas ilegales circulan en Argentina y la respuesta que doy siempre es que no sabemos cuántas legales hay. Es más, ni siquiera sabemos cuántas armas tienen las fuerzas de seguridad, así que imagínate”, grafica Tobías Schleider, especialista internacional en seguridad democrática.

En la misma línea, Graciela Trill suma críticas y considera que la agencia nacional que depende de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “no hace un control efectivo en relación a las personas que tienen armas”. “Es algo que vemos en los allanamientos. Ninguna de las armas que secuestramos, en general, tienen la credencial de legítimo usuario y mucho menos los papeles para la portación”, ejemplifica la representante del Ministerio Público Fiscal.

Más requisitos, ¿más clandestinidad?

El primer paso para tener un arma es tramitar el CLU. Para que el Estado haga entrega del permiso, primero debe constatar que el potencial usuario supere los 21 años de edad, que pueda justificar un domicilio real, que tenga un medio de vida lícito y que no cargue con antecedentes penales. También debe poner a prueba su idoneidad de tiro con un examen y la aptitud psicofísica, a través de una consulta previa con un profesional de la salud. Si la persona no cumple con alguno de estos requisitos, entonces la posibilidad de tenencia se rechaza. “El arma no va para cualquiera. Es un circuito bastante cerrado”, aseguran en Universal Arms.

Con una dinámica similar a lo que ocurre con las licencias de conducir, la credencial vence a los cinco años y si el usuario está interesado en continuar con la posesión del arma bajo ley y como corresponde, entonces debe volver a realizar el trámite desde cero: es decir, otra vez tiene que dar cuenta de la inexistencia de antecedentes penales y aprobar el examen de tiro y el psicofísico con un psicólogo. Algunas voces del sector apuntan a estas exigencias como una de las causas que promueven el salto a la ilegalidad.

De todos modos, en la armería de Alvarado al 1500 destacan que la ley de armas que se implementa en Argentina "es una de las mejores del mundo" y reconocen que "las pruebas deben ser exigentes". "Esto es más que nada por la parte psicológica de la persona a la hora de manipular un arma", justifica el vendedor.

Monopolio

El abogado Orsini comenta que la situación se agravó en 2016 cuando el expresidente Mauricio Macri decidió “privatizar” uno de los sistemas registrables y dispuso que fuera Dienst Consulting la única empresa encargada de entregar los certificados de aptitud psicofísica. “Con ese monopolio, Macri elevó el costo y el certificado psicofísico pasó de valer 700 u 800 pesos a 3500 o 4500 pesos, lo que provocó que la gente se alejara del trámite y pasara a la clandestinidad. Y justamente, pasaron a la clandestinidad por culpa del propio Estado”, apunta.

Cuando estaba al frente de la ANMaC, Natalia Gambaro le entregó a la firma el servicio –un negocio de 3500 millones de pesos– pero la exfuncionaria tuvo que renunciar pronto, en mayo de 2018, por las presiones que habían ejercido las denuncias impulsadas en su contra en la Justicia Federal en donde la acusaban por delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita. “Fue una locura lo que pasó en esos cuatro años; hicieron un comercio”, lamenta el letrado.

En agosto del 2020, el organismo recuperó un “Sistema Abierto y Federal de Emisión de Certificados Psicofísicos” (SiAF) que garantiza a los usuarios la posibilidad de elegir a los profesionales que los evaluarán. También se creó un Registro de Profesionales Habilitados para que los psicólogos puedan inscribirse ante la agencia y realicen los exámenes siguiendo los protocolos elaborados por el Ministerio de Salud.

La marginalidad no es gratis

En el artículo 189 bis del Código Penal se establecen las penalidades por tener o portar armas sin la autorización debida. La simple tenencia de arma de uso civil conlleva una pena excarcelable, de seis meses a dos años de prisión, e incluye una pena accesoria que puede ir desde los mil hasta los diez mil pesos. Se agrava el peso de la ley en caso de que se trate de un arma de guerra: esa tenencia ilegítima ya no es excarcelable y se reprime con una pena de entre 3 y 6 años de prisión.

“Yo no sé si hay conciencia social de que tener un arma es un delito. Lo que hay que entender es que registrar un arma es una obligación legal; no es como decir ‘uy, me olvidé de tomar la pastilla para la presión’. Si nosotros allanamos, encontramos armas y la persona no tiene la credencial de legítimo usuario, se le forma una causa, termina en Batán y queda ahí los días que haga falta hasta que surja la excarcelación”, dice al respecto la fiscal Trill.

En materia de derechos, el abogado Orsini aclara, además, que tenencia y portación no son sinónimos: el usuario con CLU tiene potestad para tener el arma en su casa– cargada o no– y solamente puede transportarla si está descargada y si no está en condiciones de “uso inmediato”. “Esto quiere decir que el arma no puede estar en el asiento con el cargador al lado”, explica, y agrega: “La portación es algo excepcional y solo se otorga a los agentes de las fuerzas de seguridad. Se da cuando el arma está en condiciones de uso inmediato, con la bala cargada en la recámara”.

Con relación a las municiones, el letrado dice que “casi todos los calibres están dentro del marco de la ley” y agrega, sobre la dinámica del sistema, que la ANMaC entrega otra tarjeta al usuario con CLU que lo habilita a adquirir de balas. Por cada compra, la persona debe mostrar esa identificación –así como el CLU y el DNI– para que la armería firme y deje constancia de la operación. Si no presenta ninguna documentación, no se puede vender. “Por año, se fija un cupo límite que autoriza la compra de quinientas o mil balas. Todas las municiones están controladas de esa forma por la ANMaC para poder saber qué y a quién se le está vendiendo”, detalla.

El “caos” de la ilegalidad

En base a convenciones internacionales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y otras organizaciones de la entidad de la sociedad civil estiman que en Argentina circulan, por lo menos, la misma cantidad de armas ilegales que las que están contabilizadas en el registro de la ANMaC, por lo que, en ese caso, la cifra total de armas se duplica y superaría los tres millones.

La fiscal Trill reconoce que hay “gran cantidad de personas armadas” en algunos barrios periféricos como consecuencia del auge de los denominados ‘points’ de droga. “Eso es porque hay una industria delictiva que requiere de armas que evidentemente alguien le está proporcionando. Ese submundo opera armado pero eso es algo que no solo pasa acá, sino que se repite en cualquier otro país, hasta en Estados Unidos”, dice. “Por eso, a veces en allanamientos de drogas se secuestran armas o cuando vamos a buscar armas terminamos encontrando cocaína u otras sustancias estupefacientes”, agrega.

Aunque es difícil dimensionarlo, Orsini también dice que el principal mercado negro “lo maneja la delincuencia en asentamientos” o en espacios clandestinos donde se comercializan las armas por “poco dinero”. “Quizás las pueden llegar a vender por tres mil o cuatro mil pesos e incluso hay lugares que alquilan las armas por cuatro cinco horas para delinquir y las devuelven ahí mismo. Eso se ha visto en Buenos Aires”, afirma.

Una de las principales características que distinguen a las armas que circulan dentro de la marginalidad es la falta de número de serie. Los delincuentes, según explica el abogado penal, los liman para que la policía sea vea imposibilitada de dar con el número original de fábrica en los procesos de revenido químico, donde se aplica un reactivo corrosivo para tratar de descubrir la marca borrada. “De esa manera, no aflora el origen y no se puede identificar a quién pertenece”, señala.

Nadie controla a nadie

El letrado, por otra parte, denuncia que algunas de las municiones que son entregadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que los efectivos realicen sus prácticas de tiro “muchas veces terminan en el mercado negro”. “Hay locales donde se comercializan esas balas que provienen de un origen ilícito y obviamente dificulta la venta legal. Eso pasa por la falta de control policial”, cuestiona.

Sobre este aspecto también se detiene Tobías Schleider: según el abogado, la única fuerza del país con un sistema de control interno de armas y arsenales que satisface los estándares internacionales es la Prefectura Naval Argentina. Ni Gendarmería ni alguna de las dos policías federales ni las 23 policías provinciales ni la policía de Capital Federal conocen cuántas armas y municiones tienen, cuáles son, dónde están, y quién es su responsable en cada momento.

El especialista en Seguridad Internacional deduce, entonces, que la principal fuente de alimentación del mercado ilegal nace en el circuito legal. “El 90% de las armas que salen del circuito legal pasan a formar parte del irregular de manera inmediata y más o menos directa”, asegura el hombre que supo dirigir en 2014 el Centro de Análisis Estratégico del Delito de Mar del Plata.

Por eso, Orsini se suma al pedido para que el Gobierno profundice las políticas de control y promueva estímulos de registración, con el fin de limitar la provisión de armas y municiones al mercado negro. “Cuando quedan pocas armas, su valor aumenta y es más difícil comprarlas. Si atrapan a delincuentes con armas viejas o que están rotas, eso muestra que les está costando llegar a un buen arma y que el Estado, en esos casos, está haciendo bien su trabajo”, plantea.

Un desarme que no alcanza

En 2007 se creó un Programa de Entrega  Voluntaria de Armas de Fuego y, según consta en los datos oficiales difundidos por la ANMaC hasta mayo del 2021, la sociedad ya ha dejado en manos del Estado 206.500 armas. Orsini dice que los resultados del plan “no son tan buenos” aunque rescata la importancia de que se sostenga una iniciativa de estas características en el tiempo: “Es mejor esto antes que nada”.

“Argentina es un país con tradición armamentística porque se creó con el campo, y en el campo siempre hubo armas, escopetas que nunca pasaron por ningún lugar. Durante muchos años, se vendieron armas sin papeles porque no había ninguna registración. Eso recién empezó a cambiar a partir de los ’90. Pero hay tantas armas que el Estado desconoce que acá va a ser difícil cerrar este tema porque sigue habiendo mucha gente que tiene armas guardadas, sin registrar, y prefiere no decir nada mientras no haya una política distinta”, advierte el abogado marplatense.

Schleider, por su parte, insiste en exigir a políticas más firmemente orientadas hacia el control de armas y llama a la reflexión de las autoridades responsables: “Si esto sigue así, no tiene arreglo. Y lo que se debe tener en cuenta es que una sociedad sin un control de armas eficiente, riguroso, es una sociedad que no puede ser pacífica, lo que quiere decir que es una sociedad que se desintegra a sí misma y que deja de ser sociedad y pasa a ser un caos”.