Un conflicto que explotó en la Justicia, la Alameda insiste y un arribo con telón de fondo

Sigue el conflicto por el delegado echado

Un complejo expediente tiene en sus manos el juez laboral Ricardo Scagliotti, quien debe decidir sobre el pedido de la Municipalidad de General Pueyrredon para quitarle la tutela sindical a un delegado al que despidió por violencia laboral de género. La causa, sin embargo, abrió un escenario de mayor complejidad, donde el demandado acusó persecución política por parte del gobierno y aseguró que fue falsa la denuncia que inició el proceso en su contra.

Tras la intervención de la Dirección General de Políticas de Género, en julio el intendente resolvió la cesantía de un delegado del área de Licencias de Conducir, tras hallarlo culpable de hostigar psicológicamente a una compañera con el fin de lograr su exclusión laboral. Para materializar la expulsión, la Comuna acudió al Tribunal de Trabajo Nº3, que debe decidir la quita de la tutela sindical del condenado, quien fue electo delegado del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) el 5 de julio de este año. La administración rápidamente logró una cautelar que ordenó que el empleado deje de asistir al lugar de trabajo.

Sin embargo, en su contestación a la demanda, el delegado -iniciales F.G.F.- planteó que se trató de una falsa denuncia con el fin de “neutralizar el ejercicio de mis libertades sindicales”, en un presunto  complot donde estarían congeniados el director de Licencias de Conducir, Leonardo Lampugano, y la empleada denunciante.

Según su relato, todo se habría iniciado en junio de 2021 cuando toman conocimiento del inminente regreso al área de un empleado con pasado conflictivo. Frente a ello, integrantes de Licencias de Conducir le informan a Lampungano -a quien señaló como “amigo” de este agente a punto de ser trasladado- de la situación, tras lo cual, siempre según la postura del demandado, se armó una “lista negra” con las personas que realizarían un supuesto paro -nunca ocurrido- para oponerse al traslado.  Esa lista negra, aseguró, la armó la misma empleada que a los días lo denunció por violencia de género.

“Se materializó una auténtica fábula, pergeñada por el Sr. Leonardo Lampugano, ejecutada por la agente -denunciante-, y convalidada sin más por toda la estructura de la entidad municipal, que responde al único fin de limitar, sancionar y amedrentar el ejercicio directo de mis funciones sindicales”, concluyó el delegado, quien pidió al juez el levantamiento de la cautelar y que rechace el pedido de la quita de la tutela sindical.

En las últimas horas, el delegado informó en la causa sobre una reunión realizada el 15 de septiembre entre “el 95% de los empelados de Licencias de Conducir” y el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, donde se puso en conocimiento del funcionario “el maltrato, el hostigamiento y la persecución que se recibe por parte del director Lampugano”. El encuentro se realizó en la sede del STM, en el mismo momento en que se desarrollaba el conflicto paritario que derivó en la primera marcha del gremio de Antonio Gilardi contra Montenegro. Algunos se aventuran a asegurar que, además del reclamo por actualización salarial, el conflicto también estuvo azuzado por las tensiones en Licencias de Conducir.

Avanza la causa por la Zona Roja

Tras algunos contratiempos por cuestiones de forma, sigue su curso la causa en la Justicia Federal que impulsa la Fundación Alameda para suspender la ordenanza que estableció la nueva Zona Roja. En las últimas horas, el juez Alfredo López elevó las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que se expida sobre la competencia del Juzgado y sobre todo “aquello que estime” necesario.

En la primera causa por la Zona Roja, iniciada por el Comité de Lucha contra la Trata, la fiscal Mazzaferri ya había dictaminado en favor de suspender la ordenanza. “El Estado, lejos de criminalizarlas y perseguirlas, debe brindarle una adecuada protección y apoyo”, había planteado. Sin embargo, López cerró la causa al considerar que el Comité no estaba legitimado para litigar en nombre del Estado.

Justamente, por ello esta segunda presentación se realizó desde la Fundación Alameda, donde algunos de sus referentes son funcionarios del Comité. Inicialmente, la demanda se trabó porque a su presidente Néstor Escudero -quien reemplazó a Gustavo Vera, actual director del Comité- le faltaba agregar documental que certifique su condición de máxima autoridad de la ONG. Ese trámite se cumplimentó en los últimos días, por lo que la caua volvió a moverse.

Un desembarco empresarial que generó ruido

El Concejo Deliberante acaba de autorizar, por ordenanza, a una empresa oriunda de Chascomús y con sede en Caba a realizar una obra de tendido aéreo y subterráneo de fibra óptica en todo el territorio de General Pueyrredon. Se trata de la firma Fibra TV SA, que ofrece el servicio de internet y tv digital, y cuenta con el correspondiente permiso para operar.

El Frente de Todos, que se abstuvo en la votación, pudo sobre la mesa las dudas que surgían del expediente, donde no se aclaraban los alcances de la obra, ni si solo la empresa se limitará a realizar el tendido o, a futuro, también pasará a ofrecer por su cuenta el servicio de internet y tv digital. “Preguntamos cuáles eran las obras y la zona de la ciudad involucrada y no hemos recibido respuesta. Aparentemente esto sería en todo el territorio, salvo algunas salvedades. Qué problema estamos tratando de solucionar”, cuestionó Virginia Sïvori.

La mirada también se depositó sobre el origen chascomusense y porteño de la firma: “Sentimos que no estamos teniendo la información de por qué viene una empresa de otro lugar a prestar un servicio con la cantidad de cooperativas y multinacionales que ya prestan servicio. Es una mirada de defensa del trabajo marplatense”, aclaró la concejala.

Otra perspectiva tuvo el oficialismo, donde desde la UCR argumentaron que no corresponde al Concejo “visualizar el plan de obra”. “Entendemos que la empresa no sea local, pero no quiere decir que las fuentes de trabajo no sean para marplatenses y batanenses”, sostuvo Marianela Romero (UCR), quien valoró la posibilidad que haya competencia empresarial en la ciudad y en lo que respecta al servicio de internet.

El Artículo 63, a debate

Una nueva controversia política, con tintes reglamentaristas, se instaló en el seno del Concejo Deliberante. La decisión del presidente de la Comisión de Legislación, Daniel Núñez, de no incluir en el temario de la última sesión el expediente para ampliar el servicio de seguridad en playas. Valiéndose del Artículo 63 del Reglamento Interno, la concejal Mariana Cuesta (FdT) había solicitado formalmente a Núñez que lo incorpore, pero el presidente se negó, asegurando tener otra interpretación del comentado artículo.

La situación generó cortocircuitos en la comisión, donde la presidenta del bloque kirchnerista, Marina Santoro, lo acusó de cometer una “irregularidad”. En respuesta, Núñez la apuró con que si esa fue la situación, que lo denuncie ante la Justicia. El bloque opositor ya adelantó que instalará el debate sobre la interpretación del Artículo 63 en la Comisión de Labor Deliberativa, para que se consensùe una postura sobre la cual trabajar a futuro.

¿Qué dice el artículo involucrado? Que las presidencias “elaborarán el orden de día…de acuerdo al siguiente orden” y en el punto 2 se contemplan “los asuntos que soliciten por escrito las concejalías, hasta la publicación del respectivo orden del día”.

El texto frío parece darle la razón al Frente de Todos y de allí se agarra el bloque para exponer las presuntas intenciones del oficialismo de dificultar el avance de expediente, donde guardavidas están expectantes por su aprobación. Este lunes el tema volverá a ser el centro de atracción en la comisión, con la presencia de los trabajadores.