Echan a empleado de Caps que robaba contactos de la historia clínica para acosar mujeres

Un empleado municipal que se desempeñaba en el Caps La Peregrina fue echado por la Municipalidad de General Pueyrredon por violencia de género, luego que se comprobara que extraía contactos de la historia clínica de pacientes para contactarlas y acosarlas. No solo ello, sino que también irrumpía indebidamente en los consultorios mientras eran atendidas adolescentes, además de tener malos tratos hacia sus compañeras mujeres.

Los hechos quedaron revelados en el marco de un sumario llevado adelante por la Comuna, que concluyó en la cesantía del exagente que cumplía funciones en la salita de salud ubicada en el acceso a Sierra de los Padres, a un margen de la Ruta 226.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia de empleadas del Caps y se impulsaron a través de un Informe de la Asesoría Confidencial de la Dirección de Políticas de Género, en el marco del Protocolo de Abordaje y Actuación ante Situaciones de Violencia Laboral Contra Mujeres y Identidades Trans. Allí se concluyó que existieron “conductas inapropiadas tales como intromisiones indebidas en los consultorios al momento de estar atendiéndose pacientes mujeres y uso de datos confidenciales del sistema de historia clínica para contactar mujeres”. Asimismo, se remarcaron situaciones de “maltrato, falta de respeto a compañeras mujeres, demoras en las tareas administrativas, configurando estas conductas violencia de género dentro del ámbito laboral”.

En el expediente abierto se tomó declaración testimonial a cinco empleados -dos hombres y tres mujeres-, que aportaron elementos que condujeron al despedido del acusado. Por caso, una agente declaró que “tenía actitudes raras como estar vacunando a adolescentes por ejemplo, y se metía al consultorio, no respetaba la intimidad de la paciente, en la guardia también se metía en el consultorio generalmente cuando había pacientes mujeres y jovencitas”. La testigo expuso que “no había motivos que justificara (al sujeto) a estar adentro del consultorio cuando se atendía una paciente”.

En otros pasajes, el resto de los testigos apuntaron que tenía “una actitud cambiante con el vínculo con los compañeros en general, de alguna manera había diferencias en el trato entre el personal femenino y masculino, por ejemplo les ponía más barreras a las chicas con el uso de materiales, insumos, proclive a querer mandar”. En tanto, también se brindaron diversos ejemplos de “trato despectivo”, con “gritos a compañeras” y “actitudes violentas” verbales.

Luego que el denunciado se negara a declarar -si bien aportó tres testigos que negaron los hechos-, la Dirección de Sumarios concluyó que el acusado asumió “una conducta calificada como una infracción grave al principio de probidad administrativa, toda vez que cabe preponderar que el ejercicio de la función administrativa, importa el estricto apego a las normas administrativas y éticas tanto dentro como fuera del ámbito laboral”.

En tanto, al Junta de Disciplina agregó que “los comentarios sexistas; la incomodidad laboral, el contacto físico innecesario, los rozamientos; las intromisiones indebidas; el uso del sistema confidencial de historia clínica para contactar pacientes/usuarios del sistema de salud del sexo femenino; el envío de mensajes inapropiados e insinuaciones; los gritos y maltratos laborales a las mujeres/compañeras de trabajo son conductas que configuran las faltas ´muy graves´ que tienen como consecuencia la cesantía”.

Tras el dictamen, el 14 de noviembre el intendente Guillermo Montenegro y la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, emitieron un decreto en el cual se declaró la cesantía del ahora ex agente por violencia de género.