Montenegro fue aceptado como querellante en la causa por la presunta adulteración del Censo 2010

El juez Ercolini también aceptó bajo la misma figura al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, autor de la denuncia. Aseguran que se infló la población de La Matanza para recibir mayor coparticipación.

Los intendentes del Pro aseguran que la supuesta maniobra le restó fondos a sus municipios

25 de Abril de 2022 13:26

Por Redacción 0223

PARA 0223

El intendente Guillermo Montenegro fue aceptado por el juez Julián Ercolini como querellante en la causa donde se investiga la posible adulteración de la población de La Matanza en el Censo 2010, con el objetivo de beneficiarla en la distribución de coparticipación. La denuncia fue impulsada por el intendente de Tres Febrero, Diego Valenzuela, quien también fue validado como querellante.

La decisión judicial fue confirmada a 0223 por fuentes del gobierno municipal, donde están expectantes que el avance de la demanda condicione la repetición de la presunta maniobra en la realización del Censo 2023 que se realizará le próximo 18 de mayo. En tanto, se analiza la posiblidad de trabajar en que más jefes comunales bonaerenses pidan sumarse como querellantes, para así darle mayor volumen político al reclamo.

Con la resolución del juez subrogante del Tribunal 11 del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal, ambos jefes comunales podrán actuar como impulsores de la acción penal, en un conflicto que salió a la luz con la denuncia pública realizada en el Congreso por legisladores de Juntos por el Cambio.

En sus presentaciones, Valenzuela y Montenegro aseguraron que de los registros públicos en cuanto a la población vacunada por Covid-19, de los electores habilitados para votar y de la matrícula educativa, surgen estadísticas que, comparadas con los de otros distritos bonaerenses, evidenciarían que la población de La Matanza informada en el Censo 2010, de 1,775,816 habitantes, no se correspondería con la real.

Puntualmente, Montenegro se explayó sobre el último aspecto, al sostener que entre el 21,5% y el 26% de la población de General Pueyrredon, La Plata, Merlo, Lomas de Zamora, Tigre y Quilmes se encuentra cursando estudios formales, un promedio muy por encima del que presenta La Matanza, con el 14,7%.

Asimismo, el exdiputado nacional justificó su legitimación como querellante en que “la referida irregularidad impacta de manera directa en la distribución de la coparticipación secundaria entre la Provincia de Buenos Aires y los Municipios que la conforman, ya que distorsiona la principal variable de conformación del Coeficiente Único de Distribución, la cual es la población”, lo que fue convalidado en las últimas horas por Ercolini.