El gobierno dio su versión sobre por qué hubo déficit en 2024: coparticipación, tasas y alerta por el convenio de la educación

Pese a la relevancia que se le atribuye al equilibrio de las cuentas en el discurso oficial del gobierno de Guillermo Montenegro, la Municipalidad de General Pueyrredon volvió a cerrar otro año con déficit fiscal. Según las planillas de la Rendición de Cuentas presentadas el lunes al Concejo Deliberante, en 2024 fue de casi $3 mil millones, un número mucho menor a los $10 mil millones de 2023 -sin sumar el factor inflacionario, que ensancha la distancia en términos reales-, pero igualmente con un resultado negativo que se aleja de los mandamientos libertarios tan en boga en los tiempos que corren.

En ese marco, la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda dio su versión sobre por qué no logró un equilibrio o incluso un superávit, donde lo atribuyó a factores vinculados principalmente a la situación de la coparticipación, la dinámica de la actualización de tasas municipales y al incumplimiento de Nación y Provincia al convenio por el cual deben financiar la educación municipal. Igualmente, la lectura llegó con un matiz: “sólo representa el 2,1% total de recursos anuales cuando se consideran los gastos en la etapa devengado”, dijo el gobierno sobre el déficit.

En tanto, dentro de los motivos el gobierno no hizo mención al impacto económico de las medidas de ajuste de la administración nacional, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las transferencias de capital y corrientes. Por ejemplo, el Presupuesto 2024 preveía la remisión de $5.580 millones por estos conceptos, pero apenas llegaron $93 millones, el 1,66%. Esa diferencia explica por sí sola el resultado negativo que mostró la Comuna en 2024.

La Coparticipación, otra vez en agenda

En la Memoria del Departamento Ejecutivo donde cada repartición hace un raconto de las gestiones llevadas adelante durante el año en estudio, la secretaría a cargo de Mauro Martinelli puso como motivo medular del déficit la “reducción en términos reales de los ingresos municipales, tanto los provenientes de la coparticipación de impuestos provinciales (-14%) como en los tributos municipales (-13%)”.

Hablando todo el tiempo del “resultado financiero del Artículo 43°” como forma de evitar la palabra déficit, Martinelli aseguró que hubo una merma considerable de los ingresos registrados producto de la coparticipación que todos los meses envía la Provincia a los 135 municipios.

Dicha asignación se realiza a través del Código Único de Distribución (CUD),  que toma en cuenta distintos parámetros, como población, superficie, capacidad tributaria, servicios en salud, entre otros. Para General Pueyrredon, el CUD viene disminuyendo sostenidamente desde 2019, con un salto negativo fuerte tras los resultados finales del Censo 2022 conocidos el año pasado, ya que la población local creció a un menor ritmo que el promedio provincial. El año pasado el CUD cayó 3,43%, donde a General Pueyrredon se le asignó el 2,14% del total de coparticipación provincial.

Según los cálculos de Hacienda, esta reducción del CUD significó que el distrito recibiera $3.050 millones menos que los que hubieran ingresado de mantenerse el coeficiente de 2023, que había sido del 2,22%.

Si bien usualmente hay declaraciones donde desde el gobierno le asignan responsabilidad política al gobernador Kicillof por esta caída del CUD de General Pueyrredon, lo cierto es que el sistema está establecido por la Ley Provincial 10.752 vigente desde fines de los ´80. Su modificación es un tema de los más sensibles para senadores y diputados bonaerenses, ya se trata de un juego de suma cero: lo que pretendería crecer General Pueyrredon iría en detrimento de otros distritos, y ahí se pueden afectar intereses dentro de los propios espacios políticos.

La situación de la TSU y una cuenta con una omisión

Complementariamente, Martinelli hizo hincapié en que también influyó en el déficit el haber implementado durante 2024 un aumento de tasas por debajo del ritmo inflacionario, con el objetivo de “acompañar el esfuerzo realizado por los contribuyentes durante el necesario proceso de ordenamiento macroeconómico”.

Así entonces, se avanzó con una actualización del 20,6% en marzo y una segunda que lo llevó al 35,9% en julio. “Es posible estimar que el alivio fiscal en la emisiòn de la TSU fue de aproximadamente $9.400 millones respecto de lo que hubiera resultado de actualizar bimestralmente los anticipos aplicando en cada caso la evolución acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, sostuvo, ya que una ordenanza habilita al intendente a aplicar aumentos iguales a la inflación minorista.

Sin embargo, el postulado encubre una omisión no menor ya que no se hace mención a que el Concejo Deliberante autorizó un aumento inicial de tasas del 120%, sobre el cual luego se subieron las actualizaciones referidas por Martinelli. Así entonces, el aumento de tasas de todo 2024 fue del 199%, muy por encima del 117% de inflación del primer año de Milei.

El Convenio Tripartito y preguntas que se abren

El último de los grandes motivos que llevaron al déficit, en la mirada de Martinelli, fue la falta de ingresos por el Convenio Tripartito que la Municipalidad mantiene desde hace 15 años con Nación y Provincia, a través del cual dichas entidades financian la educación municipal. La situación ya había sido alertada por la oposición durante el debate del Presupuesto 2025 y ahora se conocieron algunos detalles.

“No se percibió a la fecha del presente $620 millones correspondientes al Ejercicio 2023 ni se ha podido avanzar en la firma del Convenio correspondiente al Ejercicio 2024 que se habìa conciliado por un importe de $2.778 millones. Esto es un total de $3.398 millones que regularmente debieran haberse percibido durante el ejercicio 2024”, manifestó Martinelli.

Las preguntas que se abren y seguramente tengan eco durante el debate de la Rendición de Cuentas en el Concejo Deliberante: ¿la deuda del 2023 corresponde a Provincia o Nación? y ¿por qué no avanzó la firma del convenio de 2024? Durante el debate del presupuesto, Martinelli había asegurado que el trámite estaba trabado en Provincia y que Nación no tenía responsabilidad, ya que primero debía firmarse el convenio específico en La Plata para luego ser elevado a Casa Rosada.