Sancionan a Arroyo por utilizar fondos públicos para hacer campaña electoral

El exintendente Carlos Arroyo fue sancionado por el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) con cargos pecuniarios por $2 millones, luego que el órgano provincial constatará el uso irregular de publicidad oficial para hacer propaganda partidaria durante las elecciones de 2019. Además, ordenó iniciar una investigación para establecer responsabilidades por el inicio de una obra pública que no había sido licitada.

En un extenso fallo de 155 páginas oficializado en las últimas horas sobre la Rendición de Cuentas 2019, el HTC puso la lupa sobre una contratación que la Municipalidad realizó a la firma Piquet SA en mayo de 2019 para publicitar en tres pantallas y cinco carteles en la vía pública. “Las erogaciones devienen en actos personales de los funcionarios”, remarcó el HTC, dado que “la publicidad difundida no reviste el carácter de publicidad oficial”. Además, se tomó como agravante que el propio contador municipal había advertido que la contratación no se ajustaba a los parámetros dispuestos para la realización de publicidad oficial.

En las publicidades realizadas desde junio a diciembre, en contexto de las elecciones PASO de agosto y las Generales de octubre, se observa la foto de Arroyo con frases como “Juntos seguimos haciendo”, “Llegamos con asfalto a donde nunca se había llegado, más de 1.000 millones invertidos”, “Centros de salud remodelados, más de 1.000.000 vacunas aplicadas”, y “Compramos nuevas máquinas viales para nuestras calles”. En el fallo, se remarcó que se trata de “información de carácter general sin especificaciones, (lo que) impide que la población tome conocimiento de actos de gobierno concretos". Como conclusión, sostuvo que es una “información subjetiva sesgada a favor de una persona”, por lo que requirió la ampliación de información sobre las obras y actos de gobierno descritos en la cartelería.

Esa información nunca logró ser obtenida por la Delegación Zonal del HTC. En su descargo, Arroyo se excusó de responsabilidad y sostuvo que la campaña de difusión estuvo a cargo de Hacienda y el área de Prensa y Difusión. El exsecretario de Hacienda, Hernán Mourelle, adujo que en los mensajes difundidos no era posible “extenderse en especificaciones”.

Nada de ello satisfizo al Tribunal de Cuentas, que encontró responsables de la falta al intendente Arroyo y otros dos funcionarios, por violación a la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la Administración para las Municipalidades y la Ley 10.869. A todos ellos les impuso cargos pecuniarios por $2.091.681, lo que corresponde al $1.284.500 que en noviembre de 2019 se le pagó a la empresa publicitaria, más intereses. Ese dinero deberá ser depositado en un plazo de 90 días en la cuenta del HTC y se podrán transformar en multas conforme un posterior análisis tras el descargo final de los implicados.

La vereda de la polémica

Si algo caracterizó al último año de gestión de Carlos Arroyo fueron los conflictos. El inicio de la obra de reparación de las veredas de Plaza San Martín sin un proceso de licitación mediante, fue uno de ellos. El HTC certificó que el gobierno municipal inició en febrero de 2019 los trámites de la Licitación Privada Nª10/19 para el arreglo de la verada de Luro entre Mitre y San Luis pese a que la obra ya se estaba realizando. Al tomar estado público, el gobierno ordenó a la empresa involucrada frenar su realización.

En el fallo, se consideró que el contador municipal en informe de fecha 15/02/19 manifestó que la obra se encontraba iniciada y con un grado de avance importante, por lo que no correspondía impulsar un proceso licitatorio y, en su lugar, se debía gestionar el acto administrativo que convalide la contratación y autorizase el pago. Por su lado, la Subsecretaría Legal y Técnica planteó que “resultaba improcedente continuar con la ficción de un proceso licitatorio”, sostuvo el HTC.

Para analizar el caso, la Delegación Zonal del HTC solicitó diversa documentación sobre las actuaciones, que no fuer entregada en su totalidad por las actuales autoridades municipales. Por ello, el Tribunal de Cuentas encomendó a la Delegación Zonal abrir una investigación donde se indique “de manera clara y precisa si se produjo perjuicio al erario público y se identifique a los funcionarios que fueron responsables de ello”.

Entre los posibles apuntados, en el fallo se nombra a Arroyo, Mourelle y al exsecretario de Obras, Guillermo de Paz, aunque también se involucra al actual intendente Guillermo Montenegro y al secretario de Obras, Jorge González, por la información que resta ser remitida, como la correspondiente a la empresa que se realizó la obra, los montos ejecutados, el grado de avance y funcionarios que autorizaron al contratista el inicio de la obra sin haberse realizado el proceso licitatorio que fija la ley.  “Los funcionarios no deberán considerarse exentos de responsabilidad hasta tanto este Honorable Tribunal de Cuentas no se pronuncie concreta y definidamente sobre el tema cuyo tratamiento se posterga”, concluyó el fallo.