Denuncian que jueza marplatense le permitió a una empleada "trabajar en forma remota" desde Londres

Después de permanecer un año en la capital de Inglaterra, la empleada del Juzgado de Familia N°1 renunció. La AJB repudió la decisión de la magistrada y acusó un escenario de "precarización laboral".  

El sindicato acusó incumplimientos en la ley laboral tras la decisión de la jueza Mariana Villar.

14 de Julio de 2022 19:40

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) denunció que Mariana Villar, magistrada a cargo del Juzgado de Familia N°1 de Mar del Plata, le permitió a una de las empleadas de la dependencia mantener su actividad laboral “en forma telemática” desde Inglaterra durante más de un año.

“Luego de prestar servicios desde Londres durante mas de año, la empleada presentó su renuncia al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires el 3 de mayo de 2022 y fue aceptada 3 días después”, informó el gremio, al dar a conocer el caso y plantear interrogantes sobre la legalidad de la autorización que firmó la jueza local.

A través de un comunicado, la AJB cuestionó la decisión de “asignarle teletrabajo a una persona sujeta a una relación de empleo público que se encuentra fuera de la República Argentina, dado que físicamente está en una jurisdicción sometida a una legislación diferente a la nacional, con la incertidumbre de la vigencia efectiva de la tutela protectoria que tiene el derecho laboral en nuestro país”.

Para la organización sindical, la jueza Villar debería haber tomado otro camino antes de dar lugar a su resolución. “Podría haber suspendido la relación laboral encuadrando la situación en una licencia sin goce de sueldo en favor de la trabajadora radicada temporariamente en el exterior por un plazo máximo dos años, y si aquella situación transitoria se tornaba definitiva la trabajadora debía renunciar al empleo que la vincula con el Poder Judicial”, señalaron, e insistieron: “La jueza optó por prolongarla mas allá de los límites territoriales de nuestro país”.

Al considerar este caso como testigo, la AJB insistió en que “la aplicación de la tecnología en la actividad judicial permite de facto precarizar al extremo las condiciones de trabajo del empleo público en general pudiendo alcanzar consecuencias impensadas o pensadas pero minimizadas o relativizadas”.

El sindicato recordó que en el país hay un “conjunto de normas vigentes que protegen rigurosamente las condiciones dignas de labor que formalmente nos garantizan la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y Convenios de la OIT junto a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires junto a otro sinnúmero de normas de inferior jerarquía legal”.