Una rareza: la agenda marcada por los proyectos y no por las peleas

Guillermo Montenegro materializará en los próximos 10 días dos proyectos claves para su gestión: zona roja y fotomultas. El Frente de Todos le marca la cancha con dos iniciativas de peso.  

Las fotomultas convivirán con las infracciones en corredores comerciales.

21 de Septiembre de 2022 20:46

Guillermo Montenegro, con un perfil más bajo en las últimas semanas que el que suele tener, verá en los próximos 10 días la materialización de dos proyectos que acumularon meses y meses de peleas y discusiones con la oposición. A partir del sábado a la medianoche, Mar del Plata tendrá una zona roja y en los primeros días de octubre comenzarán a regir las fotomultas.

Las dos iniciativas, que el intendente empujó al límite de la legalidad, están envueltas en polémica, pero hay, con particularidades bien distintas, expectativas por los resultados que traerán para los vecinos de Mar del Plata.

El ordenamiento de la zona roja es un compromiso que asumió el jefe comunal con los vecinos de los barrios que convivieron la última década no sólo con el ejercicio de la prostitución, sino también con la venta de droga que se llevaba adelante en la zona.

El primer intento lo hizo a través de Nicolás Lauría, cuando el concejal todavía formaba parte de las filas oficialistas y era el jefe de la bancada montenegrista. Sin embargo, la propuesta de trasladar la zona roja a la diagonal Canosa, en las inmediaciones del estadio, encontró rápidamente la resistencia de autoridades de distintos clubes que tienen actividades infantiles allí. Hubo un debate intenso hasta que aquella propuesta quedó sepultada.

Más allá del fracaso de aquella iniciativa se plantó una semilla para dar la discusión. Los vecinos de los barrios 9 de Julio y Don Bosco reforzaron su pedido para que se retire la zona roja de sus casas. Y así, oficialismo y oposición retomaron este año el debate en base a una nueva propuesta: darle al Ejecutivo la posibilidad de definir una zona adecuada y sumar planes y programas para que aquellas personas que ejerzan la prostitución puedan hacerlo de manera segura.

Los vecinos de la vieja Zona Roja pidieron por años que se erradique.

Hubo muchos acuerdos y una diferencia insalvable: el oficialismo quería que aquellas personas que no respeten la zona indicada sean pasibles de multas y hasta una pena de arresto. En la oposición plantearon la inconstitucionalidad de esa medida y expusieron su temor por la discrecionalidad que encierra esta idea. “¿La policía va a determinar quién está ofreciendo sexo en la vía pública? Si ven a una travesti caminando por la calle, ¿qué impide que la acusen de no cumplir la ordenanza y la quieran multar o meter presa?”, fueron algunos de los argumentos.

Pese a las peleas y discusiones entre ambas partes, el Concejo Deliberante –muy cuestionado por el Ejecutivo- logró hallar la forma de sancionar la ordenanza y darle al intendente la herramienta reclamada. Pasaron los 45 días que la norma establecía para recibir propuestas y el gobierno de Montenegro definió que los 200 metros en la avenida 10 de Febrero, con vecinos a 400 o 500 metros, era el lugar ideal.

Obviamente, el consenso no es total. Hay vecinos de barrios linderos que se oponen y este jueves harán escuchar su reclamo en la Banca 25 del cuerpo legislativo. Hay colectivos de trans que aseguran que la zona es distante e insegura y remarcan que no cumplirán la ordenanza.

Trabajadoras sexuales usarán este jueves la Banca 25.

Montenegro tiene claro que el compromiso lo asumió con los vecinos que padecieron la zona roja durante los últimos años. Pone en la balanza el respaldo que recibió de esos barrios por sobre el rechazo de los nuevos vecinos y los colectivos que nuclean a trabajadoras sexuales. Y por eso, a partir del sábado, habrá fuertes controles especialmente en esos barrios y la zona de la Vieja Terminal (nueva receptora de la oferta sexual). “No vamos a retroceder ni un centímetro. A partir del sábado la ordenanza la da la herramienta a la policía de sancionar y quienes no la cumplan serán sancionados”, advirtieron desde el Ejecutivo.

Con estos temas encarrilados, al igual que la licitación para el manejo del predio de disposición final de residuos, el gobierno local decidió darle impulso a otro tema espinoso que hay pendiente: el pliego de transporte público de pasajeros. Hoy hubo una reunión clave y creen que en un par de semanas podrían enviar el proyecto al Concejo. Imaginan un contrato bastante más corto que el impulsado en el último pliego.

Desde la oposición y distintos sectores de la sociedad civil aún creen que la ordenanza es inconstitucional y más temprano que tarde algún juez así lo fijará. Por ahora, los amparos colectivos que interpusieron fracasaron, pero es probable que haya nuevas presentaciones cuando la ordenanza empiece a regir.

Las fotomultas llegaron a Mar del Plata sin el respaldo del Concejo Deliberante. Cuando el debate estaba empantanado, el intendente halló un atajo: una modificación en la ley orgánica de las municipalidades de fines del año pasado permitía poner en marcha un convenio con una universidad sin pasar por el cuerpo legislativo.

Montenegro, junto a Berni, el último viernes en Mar del Plata.

Así, avanzó y en estos 10 días esperan poner a punto los primeros 40 dispositivos para que el tránsito de Mar del Plata sume radares a su control. Aquí también hay quienes creen que hay puntos grises en la implementación. El concejal Alejandro Carrancio, por caso, presentó un pedido de informes para saber qué empresa proveerá las cámaras a la Universidad de San Martín y cuál fue el destino de las cámaras que quedaron en poder del municipio tras el paso de la UTN de La Plata en la gestión de Carlos Arroyo.

Desde el Ejecutivo revelaron a 0223 que de la primera tanda de 40 sólo tres cámaras tendrán la tecnología para medir el exceso de velocidad. “Justo tres, el mismo número que dejó la UTN…”, deslizó un empresario crítico del nuevo acuerdo. Más allá de las suspicacias, el número de cinemómetros suena a poco cuando la velocidad es uno de los principales problemas en el tránsito.  

El director general de Transporte, Federico Chioli, indicó que el plan general es llegar a tener 30 cinemómetros y unos 200 radares en semáforos.

Desde el principal bloque opositor también intentan sacudir la calma con propuestas para la ciudad y no con discusiones políticas. En el Concejo Deliberante, la concejal del Frente de Todos, Mariana Cuesta, propuso que el servicio de seguridad en playas comience el 1º de octubre, en lugar del 1º de noviembre.

Encontró eco rápidamente, no sólo en los guardavidas, sino también en el presidente de la comisión de Turismo, Horacio Taccone, que incluyó el proyecto en el orden del día y logró su aprobación por unanimidad en la primera comisión, con la abstención del oficialismo.

Las primeras apreciaciones del Ejecutivo sobre este proyecto apunta a la financiación: quién pagará el mes extra de servicio de seguridad en playas. En la oposición afirman que el beneficio de tener una ciudad de 12 meses no puede lograrse sin costos. “Garantizar la seguridad de quienes vienen a Mar del Plata es indispensable”, plantean.

El mes próximo la ciudad recibirá un aluvión de jóvenes por la final de los Juegos Evita, un encuentro que dinamiza, especialmente, al sector hotelero. También comenzarán a llegar los turistas del Previaje 3. “Políticas nacionales y provinciales hacen que Mar del Plata reciba un fuerte impulso turístico. El municipio tiene que hacer su parte”, indicaron.

La otra propuesta fue en la Legislatura bonaerense, pero con impacto directo en Mar del Plata. El senador del Frente de Todos, Pablo Obeid, propuso que el predio de 29 hectáreas donde actualmente funciona el Mar del Plata Golf Club de Playa Grande se transforme en un parque público cuando venza la concesión, en 2031.

El predio es propiedad municipal y en 2001 se firmó la concesión por 30 años, a cambio de un canon anual de 10 mil dólares. El proyecto de Obeid intenta instalar el debate sobre el futuro de un lugar privilegiado.

Las reacciones no abundaron. En la oposición optaron por la cautela y no hubo pronunciamientos en las redes sociales luego de la presentación del proyecto de ley. Cerca de Montenegro, por lo bajo, eligieron no ir contra la propuesta, pero sí recordarle al Frente de Todos que hay muchos espacios públicos en Mar del Plata que “necesitan intervención ya, no en 9 años”.

La Rambla, por ejemplo. Logramos que la provincia incluya una partida en el presupuesto para su puesta en valor, pero ahora la plata no aparece”, señalaron desde el Ejecutivo local. “¿Y de Camet no hablan? ¿Y de las plazas?”, replicaron desde la oposición.

En tiempos políticos convulsionados en la Argentina, donde por ejemplo se debate la eliminación o no de las Paso, Mar del Plata atraviesa semanas en las que los principales espacios discuten proyectos con injerencia concreta en la vida de los marplatenses. Y no es poco.