Urgencias y necesidad de un plan integral: qué se planteó en la audiencia previa a prohibir el ingreso de detenidos a la UP N°15

La audiencia que la semana pasada antecedió la decisión de la Jueza Mariana Irianni de prohibir el ingreso de nuevos detenidos y condenados a la Unidad Penal Nº15 de Batán tras advertir un alarmante grado de sobrepoblación carcelaria y un deterioro “generalizado” en las instalaciones, tuvo la representación de distintos sectores que plantearon una serie de prioridades para la puesta en valor del establecimiento.

En calidad de partes se presentaron la Defensora General Departamental, Cecilia Boeri; la Defensora de Ejecución, Fabiana Danti; Juan Pablo Lódola en representación de la Fiscalía General; y Jorge Besoky y Daniel Negri por la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

Como citados estuvieron representantes de los Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, de Desarrollo de la Comunidad y de Infraestructura y Servicio Público. También se convocó al Servicio Penitenciario Bonaerense y los jefes del Complejo Penitenciario y de la Unidad Penal N°15 de Batán.

La audiencia se completó con invitados por Colegio de Abogados, el de Magistrados y Funcionarios, el de Arquitectos, por la Universidad Nacional de Mar del Plata, por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por la Universidad Tecnológica Nacional y por la Comisión Provincial por la Memoria.

El encuentro multipartes intentó consensuar soluciones a corto, mediano y largo plazo, a través de una planificación sostenida en el tiempo, respecto de las reparaciones integrales necesarias para la puesta en valor de la Unidad Penal.

Cecilia Boeri, titular de la Defensoría General Departamental, expresó la necesidad de adecuar las instalaciones actuales de la UP15 a la normativa internacional y nacional vigentes en base a factores operacionales, normativos y jurisdiccionales. En tal sentido planteó que ante la presencia de casi 1600 detenidos deben planificarse estrategias “que nunca pueden implicar el desalojo de tantas personas intempestivamente, sin menoscabo a mayores derechos”.

Antes de peticionar el dictado de la medida cautelar, la Defensora remarcó los requerimientos que debe poseer una cárcel en la actualidad, propuso un modelo autosustentable y la implementación de un mecanismo de compensación “entre los internos/detenidos, que favorezca el mantenimiento de su hábitat a fin de facilitar la resocialización, fin último de la pena”.

Por su parte, el fiscal Juan Pablo Lódola en representación del Fiscal General Fabián Fernández Garello, citó la normativa internacional sobre estándares mínimos de capacidad y condiciones de detención en establecimientos carcelarios y recordó que las restantes unidades penitenciarias de la provincia no se encuentran en mejores condiciones que la UP 15.

A su entender el plan de reacondicionamiento deberá contemplar entre las urgencias, básicamente el sistema de electricidad, el de desagües y cloacas, así como la lucha contra incendios. También sugirió coordinar las resoluciones con las medidas dispuestas por la Justicia de Ejecución Penal.

Obras paradas, sin conexión a la red de agua ni cloacas

La Directora Provincial de Política y Gestión Penitenciaria de la Subsecretaría de Política Penitenciaria, Dina Rossi, habló del Plan de Infraestructura en marcha en la provincia, pero reconoció que la construcción del nuevo pabellón colectivo para solucionar el problema de allanamiento está suspendida por haberse revocado la licitación a la empresa que no cumplió con los plazos acordados.

Lo cierto es que a la fecha, la Unidad Penal N°15 de Batán no se encuentra conectada a la red de agua corriente ni a la red cloacal de la ciudad. La provisión del servicio de agua depende de la Autoridad del Agua, de competencia provincial. Si bien los funcionarios presentes indicaron que la existencia de un Plan en marcha para dotarla de ese servicio, varios participantes remarcaron la necesidad de convocar a autoridades provinciales.

Además de ordenar cautelarmente la prohibición de ingresos, Irianni intimó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense para que en un plazo no mayor a treinta días –a más tardar el 3 de octubre de 2022- presente un plan de reconstrucción de la Unidad Penal N°15 ponderando prioridades, junto a un cronograma de obras, que se extienda a lo largo del tiempo y que permita ponerlo en valor.

También pidió detalles en orden a los proyectos que se consideren instrumentar -por ejemplo, división de la unidad en dos módulos, uno de máxima seguridad y otro de población común-, determinando las empresas e instituciones que deberán intervenir en la reconstrucción y/o refacción, priorizando criterios de autosustentabilidad y mantenimiento como incluídos en la proyección.

Ese plan deberá priorizar terminar con las filtraciones de agua, demoler el otro sector en la zona de talleres que tiene compromiso estructural, re-hacer instalación eléctrica y de gas, reforzar el sistema contra incendios, colocando tanques de agua para tener presión en hidrantes y reacondicionar la red cloacal.