Aumento de tasas: para no quedar desfasado por la inflación, el gobierno analiza una cláusula gatillo

Incertidumbre. Esa es la palabra que mejor define el horizonte económico de Argentina con la llegada de Javier Milei a la presidencia, a la espera de las primeras medidas en la materia y sus iniciales consecuencias. Incertidumbre también se vive en el equipo económico de Guillermo Montenegro, que por estas horas termina de delinear el Presupuesto 2024, con la premisa del "equilibrio" y con sus grandes trazos ya resueltos hace más de un mes y medio, pero cuya elevación al Concejo Deliberante se postergó dos veces a la espera que haya precisiones sobre el presupuesto nacional y el provincial, y, fundamentalmente, mayor exactitud sobre los recursos que se asignará a los municipios.

En ese contexto, una principal preocupación aborda al Ejecutivo local, la posibilidad de una caída abismal de la recaudación real por una disparada de la inflación. El escenario de estanflación que el propio Milei pautó para los primeros meses de su gestión amenaza con que los ingresos por tasas municipales, que representan el 40% de los recursos, se licúen durante 2024 en caso de aprobarse un único aumento, como ocurrió en los cuatro años de su primer mandato. Esto sin considerar además el estado de mora en el cual podría ingresar una cantidad no despreciable de contribuyentes.

Por ello, por estas horas en el gobierno se analiza proponer en la ordenanza Fiscal una cláusula gatillo para implementar aumentos automáticos de tasas a razón que incremente la inflación, según reconocieron a 0223 tanto fuentes del Ejecutivo como del Concejo Deliberante. Los detalles de la ingeniería son minuciosamente analizados y los equipos de gobierno estudian al detalle la normativa vigente para que la propuesta no tengan objeciones desde el punto de vista técnico. Por ahora se inclinan por pautar un aumento inicial relativamente bajo - contemplando el 142,7% de inflación interanual-, que luego se actualice en función de alguna fórmula o parámetro, preferentemente vinculado a la inflación oficial informada por el Indec. Varios de estos aspectos fueron estudiados este lunes por extensas horas en una reunión de los funcionarios de la renovada Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda, comandada por su titular Mauro Martinelli, y en donde continúa con tareas el exsecretario de Hacienda, Germán Blanco, en el marco del armado de un “presupuesto equilibrado”, como pauta general.

La posibilidad sería una novedad para el manejo de tasas, mas no en cuanto a política tarifaria. Es que para este año, la empresa sanitaria estatal Osse propuso y el Concejo Deliberante aprobó la implementación de una cláusula gatillo. Al aumento inicial del 80%, se le habilitó un incremento extra del 20% en el último trimestre en caso que el Coeficiente C sufriera un aumento mayor al 80%. Dicho coeficiente está conformado por cuatro variables, el Índice Nivel General de Salarios, Índice de Precios Mayoristas Nivel General, Índice de Precios Mayoristas Nivel General e Índice de la Construcción. El umbral del 80% se superó en el tiempo previsto, por lo que en noviembre -con retroactividad a octubre- se actualizaron las boletas del servicio sanitario.

Desde el gobierno reconocen que es tal la intranquilidad de establecer un aumento único y fijo que luego sea licuado por la inflación, que están dispuestos a avanzar ahora mismo con la aprobación del Presupuesto y las ordenanzas Fiscal e Impositiva, pese a no tener referencias precisas de Nación y Provincia, más allá del inicial anunció del gobierno nacional de que se extenderá el actual presupuesto, sin actualización nominal. Es que en tanto no haya nueva normativa, las boletas de las diversas tasas deberán ser emitidas desde enero con los mismos valores que cerraron en 2023.

Ello representaría un marcado retraso en relación a la inflación. En diciembre de 2022, el Concejo Deliberante había autorizado una actualización del 73%, prácticamente la mitad -en un escenario cauteloso- de lo que se proyecta cierre 2023, ya que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 120% a octubre, según datos oficiales del Indec. Esa pauta del 73% ya había sido superada en agosto, cuando la inflación había trepado al 80%, por lo que desde el gobierno remarcan que en el año hubo una reducción real de las tasas municipales que debieron pagar las personas físicas y jurídicas.

Al momento de defender aquel proyecto, el secretario de Hacienda, Germán Blanco, había advertido sobre esta posibilidad. En ese entonces, según el relevamiento del Banco Central en el sector privado, la expectativa llegaba al 96%, mientras que la inflación estimada por Nación caía al 60%. “El promedio es del 78%, estamos cinco puntos por debajo”, se atajó Blanco ante las críticas de la oposición.

“El año que viene, los que más van a sufrir son los Municipios y se tienen que cuidar”, deslizan desde Juntos por el Cambio para justificar el apremio por aprobar el paquete de ordenanzas. Las tasas representan el principal ingreso de la Municipalidad de General Pueyrredon y se prevé que tengan mayor incidencia en el nuevo escenario económico, si se confirman los pronósticos de una caída de los recursos que llegan desde Nación y Provincia. A la fecha, según datos actualizados de la Secretaría de Hacienda, el 40,82% del total de la recaudación proviene de este origen, por unos 28,6 mil millones de pesos. Las tasas representan el 77% de los ingresos del ítem “Ingresos No Tributarios”, que a su vez explica el 53% del total de los recursos.

La preocupación también reside en la magnitud que tendrán en el futuro los “Ingresos Tributarios”, que significan el 34% de los ingresos, que son los recursos que llegan desde Provincia –principalmente- y Nación, con predominancia de la coparticipación bonaerense (el 68% de los ingresos tributarios). No solo un recorte directo de algunas partidas desde Casa Rosada afectaría la ecuación, sino también la propia caída de la recaudación en un marco recesivo, impactando directamente sobre los recursos coparticipables.

Para terminar de complejizar el cuadro, desde la Comuna explican también que seguirá la presión sindical para que los salarios de los municipales no pierdan ante la inflación, contemplando que este 15 de diciembre se reabre la paritaria con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM). El último acuerdo cerró en un 110% de aumento a noviembre, lo que ya lo ubica 10 puntos por debajo de la inflación acumulada a octubre. Para empatarle al incremento de precios, la paritaria de diciembre debería cerrar en un aumento de entre el 35% y 40%, se calcula. El pago de salarios es el principal gasto de la Comuna, por exactamente el 49,93% de egresos en el año, unos 37,6 mil millones de pesos, siempre según la información pública provista por Hacienda. En los próximos días, además, deberá hacer frente al pago del medio aguinaldo.

Por ello, el bloque oficialista de Juntos por el Cambio buscará resolver lo antes posible la conformación de las comisiones internas del Concejo Deliberante, paso necesario para poner en funcionamiento al Legislativo, tras el recambio del 50% en su composición con la jura de los concejales electos. En ese marco, recuerdan que al tener la mayoría del cuerpo -con 13 sobre 24 integrantes-, les corresponderá la mayoría en todas las comisiones, si bien están dispuestos a que la oposición presida algunas de ellas. La de Hacienda, por donde debe pasar el Presupuesto, es una.

En ese marco, el gobierno no haría uso de un nuevo pedido de prórroga para presentar el Presupuesto 2024 y las ordenanzas Fiscal e Impositiva, y sería elevado el viernes 15 de diciembre, cuando vence el segundo plazo autorizado por el Concejo Deliberante. El debate del paquete también servirá para vislumbrar el uso qué hará el oficialismo de la mayoría que ahora comenzará a disfrutar en el Legislativo. ¿Habrá un tratamiento exprés sin darle mayor espacio a los aportes de la oposición o, en cambio, se buscarán consensos para imprimirle mayor legitimidad, lo que demandará que se extiendan los tiempos? La pregunta está abierta.