Uno por uno: los errores "inconcebibles" de la fiscal María Isabel Sánchez en el caso de Lucía Pérez

Este jueves se expusieron todas las falencias de la fiscal que realizó la instrucción del hecho que revolucionó a Mar del Plata y el país. Hoy, Sánchez sigue trabajando en la fiscalía de Flagrancia y ni siquiera se tramitó algún pedido de destitución. 

Sánchez omitió numerosas pruebas que podrían haber sido claves para la investigación por el abuso y el femicidio de la adolescente. Foto: archivo 0223..

23 de Febrero de 2023 16:27

Por Redacción 0223

PARA 0223

Leandro Arévalo sorprendió este jueves al comenzar su alegato en el segundo juicio por Lucía Pérez “pidiendo disculpas en nombre del Ministerio Público Fiscal” ¿Por qué Arévalo tuvo que pronunciarse de esta forma ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2? Fue por María Isabel Sánchez y por cada uno de los errores “inconcebibles” que cometió la agente que en octubre del 2016 debió hacerse cargo de la investigación para esclarecer la muerte de la adolescente de 16 años en el sur de Mar del Plata.

A muy pocas horas de tomar conocimiento del hecho, la fiscal Sánchez decidió brindar en aquel momento una conferencia de prensa donde ventiló detalles aberrantes y en la cual aseguró que la chica había sido víctima de una “agresión sexual inhumana”. Estas declaraciones no pasaron por alto en la sociedad y encendieron un revuelo generalizado que días después se tradujo en la realización del primer paro nacional de mujeres en el país. Sin embargo, con el correr de la instrucción y la evidencia de las pericias, se demostró que los dichos de Sánchez no eran ciertos.

El fiscal Arévalo brindó este jueves un alegato contundente ante el TOC Nº2. Foto: archivo 0223.

Así, después de que en octubre de 2017 se definiera la primera elevación a juicio, Sánchez fue apartada de la causa gracias a una "licencia psiquiátrica". La funcionaria ni siquiera llegó a tener participación en el primer debate de 2018 que terminó con la absolución de Matías Farías y Juan Pablo Offidani por el abuso y el femicidio: en su lugar estuvo Daniel Vicente.

Sin hacer mención específica a su colega durante todo el alegato, Arévalo, quien en el 2021 resultó designado como fiscal para este segundo juicio, consideró que la labor inicial del Ministerio Público significó un “perjuicio para el conocimiento del hecho” y, sobre todo, “un perjuicio para las pretensiones de justicia” de la familia de Lucía. “Esto es lo que explica que hoy, en el 2023, estemos juzgando un hecho que ocurrió hace casi siete años, en el 2016”, razonó el hombre de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº7.

El fiscal también confesó que al tomar contacto con el expediente para este debate tuvo que “lidiar y tratar de solucionar gran parte de los errores” que cometió Sánchez inicialmente, al momento de recolección de pruebas en la investigación. “Hay una serie de falencias estructurales que no se pueden dejar pasar y que son significativas en el resultado final del caso”, sostuvo, al enumerar distintas fallas de la pesquisa.

Se perdieron pruebas claves

Arévalo dijo que “no hubo presencia directa ni indirecta” de María Isabel Sánchez en los primeros momentos del hecho, algo que “derivó en la pérdida de elementos de prueba” que podrían haber sido claves para solventar las graves acusaciones que se formularon contra Matías Farías y Juan Pablo Offidani por el abuso sexual y el femicidio de Lucía. “Farías estaba presente y con sus pertenecías en el lugar de los hechos. Se hicieron averiguaciones que era lógico hacer en el marco de un hecho que todavía no se sabía calificar, y de todo eso que se hizo no hay nada documentado. Solo hay un acta inicial”, ejemplificó.

Una advertencia insólita

El fiscal también recordó este jueves que Sánchez le permitió a Farías, el principal imputado en la causa, regresar a su vivienda de calle Racedo al 4800 después de la muerte de Pérez bajo la advertencia de “no tocar nada de lo que está en su casa”. “Esto quiere decir que Farías durmió y pasó la noche en su domicilio sin ningún tipo de recaudo tendiente a evitar la pérdida de prueba”, graficó.

El segundo juicio por Lucía Pérez ya ingresó en su etapà final. Foto: 0223.

“Farias y Offidani tenían consigo esa misma tarde  de octubre sus celulares, y no se los secuestró. También estaba la posibilidad de someterlos a exámenes de sangre y orina para determinar la posible presencia de tóxicos, y no se hizo nada”, cuestionó el representante del MPF en el debate oral.

¿Una declaración por escrito?

Por otra parte, Arévalo dijo que “inconcebiblemente” la fiscal Sánchez le permitió a Farías presentar declaración con un escrito. “La fiscal aceptó esto a pesar de que tenemos un Código Procesal Penal ideado, pensado y plagado de actos vinculados a la oralidad, que marca el confronte como regla básica de entendimiento, y que descarta que el 308 pueda ser incorporado por lectura”, enfatizó, e insistió: “Y cuando la fiscal atisba a preguntarle a Farías ‘de dónde salió la marihuana’, el imputado dice que no va a responder preguntas y ahí se cierra el acta. Es inconcebible”.

De todos modos, en este aspecto, el fiscal también reconoció falencias graves en otras órbitas del Poder Judicial, al tener en cuenta que esta declaración también fue admitida por la Justicia de Garantías y por la Cámara de Apelaciones. “La Procuración y la Fiscalía General tampoco dijeron nada. Ni siquiera le hicieron alguna observación a Sánchez”, reprochó.

A su vez, el titular de la UFI Nº7 recordó que la médica de policía tampoco “se hizo presente en el lugar de los hechos” cuando se tomó conocimiento del trágico desenlace de Lucía. “Transcurrieron 7 años discutiendo en qué condiciones había llegado el cuerpo a la sala de primeros auxilios de Playa Serena, y esto fue porque no hubo una revisión médica acorde en ese momento. Entonces, la autopsia ya inicia con esa falencia”, indicó.

Sin consecuencias

Mientras se espera con expectativa el inicio del juicio político que definirá el futuro de Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, los jueces que en el primer debate de 2018 absolvieron a Farías y Offidani por las acusaciones de abuso y femicidio, en estos años no se ha conocido ningún proceso en contra de María Isabel Sánchez por las irregularidades que se constataron en su trabajo. De hecho, hoy sigue cumpliendo funciones en la fiscalía de Flagrancia.

En el primer fallo donde solamente se condenó a 8 años de prisión a los imputados por venderle drogas a menores de edad, los magistrados habían elevado un pedido a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires investigue el desempeño de la fiscal en el caso. "Si la fiscal María Isabel Sánchez se hubiese desempeñado con compromiso, vocación, profesionalismo, competencia e idoneidad este proceso no habría generado en la sociedad la expectativa de una condena ejemplar ni obligado a los operadores judiciales a dar explicaciones forzadas por algo que jamás sucedió como ella lo anunció", sostuvo, aquel dictamen firmado por Gómez Urso, Viñas y Carnevale, quien ya se jubiló.

Y en 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios también se había comprometido a investigar el accionar de Sánchez. “Debemos dejar sentado que si bien no ha sido denunciada en estas actuaciones la Fiscal que investigara en la etapa previa este aberrante delito, se estima que su participación merece ser analizada frente a los principios que rigen el debido proceso legal, lo que esta Comisión analizará concienzudamente y oportunamente se pronunciará al respecto", fue la promesa de sus integrantes, aunque aún no se han conocido novedades oficiales en este sentido.