Transporte público: empresarios marplatenses denuncian que el nuevo pliego de licitación los "discrimina"

La Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor (Cametap) acusó “discriminación” del gobierno de Guillermo Montenegro por las condiciones que se fijaron en el pliego con el que se pretende licitar el transporte público de pasajeros de Mar del Plata por los próximos 15 años a través de la creación del Servicio Integrado de Transporte Urbano (Situ).

En el escrito de rechazo que presentó este jueves al Concejo Deliberante, los transportistas locales focalizaron gran parte de sus críticas a las cláusulas que incluyeron los ingenieros de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la municipalidad para tratar de prevenir “prácticas monopólicas”.  

La Cametap sostuvo que “no corresponde el tratamiento dado en el pliego mediante la aplicación irrestricta de la Ley 27.442 tal como si se tratara de una cuestión de mercado” y consideró, al mismo tiempo, que “el exceso de rigorismo en la cuestión tratada parecería estar más orientada a los actuales concesionarios que a la prevención de una cuestión monopólica, que reiteramos, no es aplicable en dichos términos a la regulación de un servicio público de redes y que redunda en la generación de mayores costos o, en su caso, en la imposibilidad de optimizar bienes y recursos a fin de hacer más eficiente y económica la propia prestación”.

“La pretendida prevención de prácticas monopólicas llega al absurdo de requerir la intervención del Concejo Deliberante frente a un cambio en la composición accionaria de una prestadora, por lo cual debemos imaginar que, ante el fallecimiento de un socio, no bastaria con la culminación del proceso sucesorio para determinar la nueva composición accionaria, sino que además debería darse intervención al Departamento Legislativo municipal”, graficaron, al insistir con su postura de rechazo.

En la presentación a la que accedió 0223, los empresarios consideraron que el pliego que confeccionaron los equipos técnicos del intendente Montenegro “se presenta como un texto teórico de imposible aplicación práctica”. “La excesiva complejidad de las normas referidas al control de calidad, con fórmulas matemáticas incluidas, sin dudas constituiria una fuente inagotable de conflictos entre Concedente y Concesionarios, atentando contra una de las funciones del Estado en la concesión de un servicio público como es el control de funcionamiento del mismo”, apuntaron.

"Hay una intención de colocar a las empresas que hoy prestan el servicio en una posición de desventaja"

En la Cametap también repudiaron que el expediente licitatorio de bases y condiciones “no valore el antecedente de ser prestador local”. “Este antecedente no solo pondera positivamente a quién posee la experiencia en la propia ciudad, cuenta con la infraestructura necesaria, conoce la realidad de la movilidad local y además ha llegado a la finalización del plazo de concesión habiendo cumplido con la normativa aplicable por el propio municipio”, puntualizaron.

“En primer lugar, corresponde resaltar que las actuales operadoras del servicio de transporte público urbano, son empresas conformadas en su totalidad por vecinos que residen y tributan en el Partido de General Pueyrredón, no se trata ni de empresarios ni de grupos económicos sin vinculo personal y familiar con el municipio”, recordaron.

Los transportistas de la ciudad denunciaron que el pliego “fue elaborado despreciando la existencia actual de la prestación y, además, entendemos por los motivos que sucintamente expondremos, que discrimina a las empresas que están a cargo del mismo”. “Si se analiza integramente el Capitulo Evaluación de las Ofertas y la puntuación asignada a cada Criterio y Sub-criterio, podemos concluir en la manifiesta intención de desfavorecer a las empresas y empresarios locales que se encuentran actualmente a cargo de los servicios urbanos”, aseguraron.

“La confección de un Pliego con el nivel de desarrollo, minuciosidad y requerimientos como el presentado por el Ejecutivo local, deja en evidencia que la subvaloración de la acreditación de contar con instalaciones fijas, que constituyen los activos más importantes en la concesión del servicio público no solo por su valor económico sino por su trascendencia en la operación, obedece exclusivamente a la intención de colocar a las empresas que actualmente operan el servicio en una posición de desventaja frente a potenciales terceros oferentes”, reiteraron, en otro tramo.

"No" a la auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas

La Cametap, además, se opuso a que expertos de la cátedra de costos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), intervengan en la definición del valor del boleto, por lo que adelantó que ya está “trabajando para el armado de la estructura de cálculo de la tarifa propuesta de manera tal de realizar los cálculos y obtener las tarifas comparativas con y sin aplicación de las reformas planteadas en la propuesta” en el Servicio Integrado de Transporte Urbano (Situ).

“No hay necesidad de la auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas por cuanto dicho trámite implicaría demoras qué terminarian afectando los intereses patrimoniales del sector empresario atento a que a la demora en cuestión se debe sumar a la demora en la que incurre la autoridad de aplicación en el trámite de gestión de la aprobación. Este trámite, cabe señalar, nunca es menor a 2 meses y en escenario actual esto implica un desfasaje en el equilibrio de la ecuación ingreso-costo del orden del 10-12%”, explicaron.

En el cierre de la presentación, los concesionarios actuales le pidieron a Montenegro que elabore “un proyecto que contemple la real necesidad de los vecinos, previendo que su implementación no requiera de niveles tarifarios imposibles de afrontar y que no lesione los derechos e intereses de los empresarios marplatenses”.