La desmentida de YPF, tensión política en la UTN y Montenegro se pertrecha para diciembre

Ese documento no es mío

Mientras se definen detalles para el inicio de la exploración en búsqueda de petróleo en el Mar Argentino, la causa judicial que impulsan organizaciones ambientalistas para prohibir la actividad sigue su curso y en los últimos días sumó novedades. Luego que las demandantes denunciaran la existencia de un presunto documento de YPF que evidenciaría un plan de manipulación de la opinión pública para aislar a las organizaciones, la empresa estatal negó haber realizado o mandado a realizar el informe, mientras que el juez Santiago Martín rechazó incorporar el archivo como prueba documental.

En la contestación a la presentación encabezada por Greenpeace, la abogada de YPF aseguró que el documento “no fue elaborado por YPF ni por un tercero a quien YPF pudiera haber encomendado una tarea semejante”. A su vez, manifestó que “el proceder manipulador que atribuye a mi mandante, es impropio de YPF que, por el contrario, hace de la transparencia su modelo de actuación. YPF nada tiene que ver con el contenido del documento adjunto a la causa ni comparte la metodología y conclusiones que allí se alcanzan”.

Por su lado, el juez Santiago Martín rechazó la incorporación del informe como prueba, dado que “la documental puesta en crisis carece de fecha cierta como así también luce sin firma o rúbrica de la persona que lo creó, sin aportar prueba alguna o indicios que permitan inferir que el documento haya sido elaborado por YPF ni por un tercero al que YPF haya encomendado la tarea”. Asimismo, “el solo hecho de que allí figure el logo de la empresa no resulta suficiente para considerar que éste fue quien lo creó, desde que cualquier persona con mínimo conocimiento y recursos puede realizar la tarea”.

Clima caliente y judicializado en las elecciones de la UTN

Las elecciones de claustros en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Regional Mar del Plata no se jugarán solo en las aulas y los pasillos, sino también en los estrados de la justicia federal. Es que la agrupación Frente de Estudiantes Tecnológicos Independientes (FETI) presentó un recurso de amparo donde pidió una medida cautelar para suspender las elecciones previstas para el 13 y 14 de septiembre, denunciando la presunta proscripción de cuatro de sus candidatos.

Según la presentación realizada ante la Secretaría Civil y Comercial del Juzgado Federal Nº2 a cargo de Santiago Martín, la Junta Electoral no oficializó la candidatura de cuatro estudiantes por no cumplir requisitos normativos, situación que rechazan. El 9 de agosto, la Junta Electoral excluyó a dos candidatos de Feti, argumentando que no cumplen la regularidad académica, si bien integran los padrones definitivos; y a otros dos por incumplimiento de regularidad según Ordenanza 1549, que establece la aprobación de dos materias por ciclo lectivo para ser alumno regular. La agrupación aduce que a estos candidatos solo le resta una materia para recibirse, por lo que es imposible que aprueben dos materias.

En la demanda, apuntan contra el presidente de la Junta, el Ingeniero Lucas Lani, actual vicedecano en el equipo comandado por el decano Fernando Scholtus. Sostienen que, con la baja de las candidaturas, “se están vulnerando derechos y principios de jerarquía constitucional y convencional, el principio de igualdad y no discriminación, vertebrado de toda condición de ejercicio de derechos fundamentales; y principios propios del derecho electoral”. A su vez, apuntan contra un “impedimento flagrante de un sector político de participar del ámbito democrático por antonomasia de la Universidad, como lo son las respectivas elecciones de claustros”.

La cautelar solicitada busca suspender las elecciones hasta en tanto se resuelva la situación de las cuatro candidaturas anuladas. Por el momento, el juez Martin le dio vista al fiscal para que dictamine sobre la competencia y habilitación de la instancia, donde se esperan novedades para las próximas horas, habida cuenta de la inminencia de las elecciones.

Pollos y navideños para hacer frente a los movimientos sociales

Con los resultados de las PASO en mano, el intendente Guillermo Montenegro confía en poder sostener en las elecciones de octubre los más de 30 mil votos de ventaja que obtuvo frente a Fernanda Raverta y lograr su segundo mandato. En ese escenario, uno de los primeros conflictos que deberá afrontar es uno típico de todo diciembre, el reclamo de asistencia alimentaria para familias vulnerables ante las fiestas de Navidad y Fin de Año de parte de los movimientos sociales, que este año se podría ver recargado en el contexto de la profundización de la crisis económica que vive Argentina.

Para hacer frente al reclamo, el gobierno ya programó para el 28 de septiembre la realización de dos licitaciones para la compra de 200 mil pollos y 60 mil canastas de productos navideños, para pertrecharse de cara a la dura negociación que le espera con las organizaciones. En total, prevé desembolsar 437 millones de pesos, según los presupuestos diseñados por Economía. Las canastas contendrán productos como pan dulce con frutas, budín, turrón de maní, tomate, jardinera en lata, durazno al natural, mayonesa y garrapiñada.

Las cantidades son las mismas que había comprado en 2022, aunque en aquella oportunidad las licitaciones se habían realizado a fines de octubre. Este año, con la incertidumbre que genera la inflación en aumento, el Ejecutivo se adelantó un mes para tener margen de maniobra frente a imprevistos que dificulten la compra. Ante la eventualidad que esta vez deba contar con más recursos que el año pasado, el gobierno se guardó la carta de poder ampliar la compra en hasta un 20%. ¿Le alcanzará?

Al paro, pero con tensiones evidenciadas

Tras casi cuatro años de una convivencia generalmente armoniosa, más allá de algunos conflictos puntuales, el vínculo entre el intendente Guillermo Montenegro y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) expone su momento de mayor distanciamiento justamente en el perìodo donde todo jefe comunal pide mayor contemplación, en la previa de las elecciones ejecutivas.

El paro de 48 horas que dispuso la entidad gremial sorprendió a propios y extraños, en el marco de una paritaria que auguraba algunas tensiones, pero que se pensaba, de ambos bandos, acordar sin necesidad de medidas de fuerza. Presionada por la presencia de agrupaciones opositoras y, fundamentalmente, por las bases que reclaman una actualización que acompañe la inflación prevista para agosto tras la devaluación pos PASO, la conducción de Antonio Gilardi debió convocar a una asamblea general para debatir el ofrecimiento de un aumento salarial del 37% -17% para septiembre y 20% para noviembre- en base a los salarios de enero.

En la asamblea realizada el miércoles, aportan voces que fueron testigos, se evidenció la intención de la dirigencia de no ir al paro, que esperaba una nueva oferta de última hora que nunca llegó desde el Palacio Municipal. “Nos van a dictar la conciliación obligatoria”, alegó un experimentado referente del STM en medio de la asamblea, como para mantener el diálogo abierto. Los reproches de algunos trabajadores no tardaron en llegar, quienes se mostraron inflexibles e impulsaron el paro del jueves y viernes.

“Si aceptamos lo que nos ofrecen, quedamos 20 o 30 puntos debajo de la inflación”, reconoció ante 0223 el secretario adjunto del STM, Daniel Zacarías, uno de los hombres sentados a la mesa con el gobierno. El sindicato reclama que los porcentajes propuestos no se apliquen a los sueldos de enero, sino que la recomposición se aplica a los salarios de julio.