Sanciones del Tribunal de Cuentas para Montenegro y Katz por el déficit de Osse y nuevas polémicas detrás de la Tasa Vial

Montenegro y Katz, con amonestaciones del HTC por llevar a Osse al déficit en 2023

Una fuerte objeción realizó el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la Provincia a Buenos Aires al manejo que el gobierno municipal y la conducción de Osse realizaron sobre la situación financiera de la empresa estatal durante 2023, aplicando sanciones de amonestación al intendente Guillermo Montenegro y al presidente Carlos Katz por llevar a la firma a un fuerte déficit.

Ello quedó formalizado en un fallo del organismo de contralor encabezado por Federico Thea sobre la Rendición de Cuentas 2023, publicado esta semana en el Boletín Oficial bonaerense, donde encontraron responsables a Montenegro y Katz -también a la contadora del organismo- por el déficit de $1.241.825.202,49 que Osse registró en aquella oportunidad, marcando un pronunciado desequilibrio financiero en las cuentas.

El HTC le objetó a los funcionarios responsabilidad por el incumplimiento de diversas normativas que prohíben la realización de gastos sin la previa fijación de los recursos con los que se financiarán, como lo establece el Artículo 31 de Ley Orgánica de las Municipales (LOM) y los Artículos 17° y 44° de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios, entre otros.

Precisamente, en la LOM “se establece el principio de responsabilidad de los funcionarios municipales por todo acto que autoricen, ejecuten o dejan de ejecutar excediéndose en el uso de sus facultades o infringiendo los debates que les concierne en razón de sus cargos”, incumplimiento en el que recayeron Montenegro y Katz, si bien la medida ahora podrá ser recurrida.

En sus descargos, que fueron desechados por el HTC, tanto Katz como Montenegro explicaron que el déficit se originó fundamentalmente a partir del retraso de las tarifas en comparación con la inflación. En 2023, el Concejo Deliberante autorizó un primer aumento del 80%, al que se sumó uno segundo acumulativo del 20%, totalizando 116%, frente al 211% de inflación que dejó el último año del gobierno de Alberto Fernández. La postura del HTC parece evidenciar que la empresa debería haber aplicado aumentos mayores para lograr un equilibrio financiero, algo que todo gobierno busca evitar en medio de un año electoral como lo fue aquel y que terminó con la reelección del intendente.

Este contexto derivó en el "deterioro de las cuentas y la imposibilidad de revertir el déficit pese a los esfuerzos realizados”, expusieron desde el gobierno. Por esto, la Administración Central debió asistir financieramente con $303 millones a Osse a comienzos de 2024 para poder pagar sueldos, recursos que fueron devueltos días después.

Además, también expresaron que según lo contempla el Estatuto de Osse (Ordenanza 7.446) se determinó que las pérdidas de 2023 serán compensadas con las utilidades de los tres ejercicios siguientes, con un impacto de hasta el 33% en cada presupuesto hasta su eliminación. Confían en que esto ocurra con el aumento fuerte del servicio que hubo durante 2024, que subió 430% en el año mediante la aplicación de una fórmula atada a la inflación, que seguirá rigiendo en 2025.

Si bien los concejales ejercen como accionistas de la empresa y son los encargados de autorizar los valores del servicio a través del Reglamento General del Servicio Sanitario, las amonestaciones solo se limitaron a Katz, Montenegro y la contadora de la empresa.

La Tasa Vial, entre tirones y silencios

Respiro para el gobierno de Guillermo Montenegro luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo diera vuelta un fallo de Primera Instancia confirmando ahora la constitucionalidad de la Tasa Vial que se aplica a la compra de combustibles y se las destina al mantenimiento de la red vial.

Los sucesivos fallos en contra que venía acumulando la política del gobierno no solo exponía la iniciativa, sino que le daba fuerza al reclamo de la oposición, que durante todo 2024 marcó la inconstitucionalidad de la medida por generarse, remarcan, una doble imposición. La novedad además se conoce a días del debate por el Presupuesto 2025, donde se mantiene la Tasa Vial, restándole potencia a la postura de los concejales no alineados a Montenegro.

Llamativo fue sin embargo que desde el gobierno local se mantuvieran en silencio ante tamaño triunfo judicial: el fallo se publicó el 27 de diciembre y recién tuvo amplia difusión esta semana tras la nota de este portal. Los motivos podrían encontrarse en la intención del Ejecutivo de no exponerse a las críticas de La Libertad Avanza, que mantiene una política abiertamente en contra de este tipo de tributos. Debate incómodo en medio de los acercamientos electorales entre el Pro y LLA, donde el propio Montenegro -también en silencio- tiene protagonismo al integrar la Mesa del Pro que dio un fuerte guiño a Milei para avanzar en una alianza en común.

En tanto, el miércoles el propio Luis Caputo volvió a cuestionar a “los intendentes que abusan de sus vecinos”, por el aumento o creación de nuevas tasas. Incluso pidió a las Provincias que apliquen medidas para que se reviertan esta situación, contemplando la suspensión de giros de fondos coparticipables.

El que también salió con los tapones de punta, pero contra la Justicia marplatense, fue el diputado provincial libertario Guillermo Castello, impulsor de la demanda que había ganado en Primera Instancia pero que ahora no solo perdió, sino que también deberá pagar millonarias costas. Tras hablar de la “casta judicial”, aseguró que “la Justicia Contencioso Administrativa ES EL GARANTE de la recaudación de la Casta Política”. Teléfono para Montenegro desde filas, ahora, amigas.

La Suprema Corte y una decisión sobre el conflicto en torno al edificio del Consejo Escolar

La demanda que el propietario del edificio donde funciona el Consejo Escolar mantiene contra la Provincia podrá avanzar tras la feria judicial, luego que la Suprema Corte resolviera que le corresponde intervenir al Juzgado Contencioso Administrativo N°1, tras desatarse un conflicto de competencia ya que ese tribunal como el Juzgado Civil y Comercial N°3 se habían declarado incompetentes.

La empresa Zambano SA reclama la falta de pago de los alquileres entre 2017 y 2022, es decir, durante las gestiones de Vidal y Kicillof, por lo que pide una reparación económica. Durante todo ese tiempo el Consejo Escolar ocupó las instalaciones luego se se venciera el contrato de locación, sin renovar las condiciones por falta de acuerdo en los montos, con idas y vueltas entre diferentes reparticiones de la administración bonaerense.

Finalmente, en marzo de 2023 se firmó un nuevo contrato pero con efectos a partir de julio de 2022, quedando pendiente el período anterior de 58 meses ahora reclamado judicialmente. En abril de 2024 la Dirección General de Cultura y Educación hizo un último intento por resolver el conflicto, ofertando $430 mil por mes, “especulando con la ostensible desvalorización de la moneda”, reclamó el demandante. A partir de allí, la vía judicial fue la única salida para los dueños del edificio donde funciona el Consejo Escolar.