Amparo contra las concesiones viales que impulsa Milei: la ruta 226 bajo la lupa

Lo reclaman sin cesar desde Tandil y también se suman otros distritos: las concesiones viales que impulsa el gobierno de Javier Milei sobre decenas de rutas argentinas generan un gran rechazo por la precariedad de los pliegos y los permisos de licitación por varias décadas en donde no se prevé ningún tipo de inversión por parte de los privados. A la situación de la trascendental ruta 226, también se adhieren otros cuestionamientos sobre la privatización de las carreteras nacionales 3, 5 y 205 e incluso sobre lo que se pretende hacer en la autopista Riccheri-Ezeiza.

En las últimas horas el intendente del partido de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un amparo con medida cautelar por considerar inconstitucional la resolución 1843/2025 relacionada con los denominados tramos sur, atlántico, acceso sur y pampa de la red federal de concesiones que comprende las citadas rutas.

Amparo con foco en las concesiones de las rutas 3, 5, 205 y 226

La acción de Gray cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo de Pablo Cayssials, con la importante finalidad de solicitar la nulidad de la mencionada resolución.

La presentación del intendente bonaerense y gran referente del PJ coincide con las constantes denuncias planteadas por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) respecto a la denominada Red Federal de cConcesiones (RFC).

Desde el comité manifestaron su respaldo a la decisión de Gray y consideraron que tiene “el objetivo fundamental de resguardar a los usuarios viales de los abusos que sufrirán con el plan del gobierno nacional”.

La postura del CONADUV

Según el CONADUV, la intención del gobierno de Milei es “continuar con un régimen de falso peaje que actúa como un impuesto al tránsito, claramente inconstitucional, injusto, e inviable y antieconómico, y que generará serios perjuicios sociales y económicos afectando a los usuarios viales directos e indirectos, y a toda la sociedad en su conjunto”.

Además, señalan desde el organismo, la acción judicial cita entre otros temas, “la falta de un ente regulador creado por ley que contemple la participación de los usuarios viales directos e indirectos”.

Desde el comité reiteran la necesidad de implementar “un proyecto vial libre de peajes, que contemple toda la red caminera del país”, y exhortan al gobierno a que se reasignen en forma efectiva los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.