La pesca advierte una “situación límite” y pide una reforma fiscal, laboral y regulatoria

La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPEAR ALFA) advirtió este martes que la industria pesquera nacional enfrenta “un escenario complejo” marcado por una estructura de costos sobredimensionada, impuestos múltiples, regulaciones obsoletas y crecientes dificultades para competir en el mercado internacional. Según la entidad, este conjunto de factores pone en riesgo inversiones, producción y empleo tanto a bordo como en tierra.

Desde la Cámara remarcaron que la Argentina “no es formadora de precios”, ya que los valores internacionales de los productos pesqueros se fijan en mercados externos. Por ese motivo, señalan que la única vía para recuperar competitividad es reducir los costos operativos y de producción, hoy fuertemente condicionados por impuestos, tasas y exigencias que —aseguran— quedaron desalineadas de la realidad tecnológica y económica del sector.

Sobrecostos que afectan la operación diaria

Desde la entidad describieron una cadena de gastos que impacta directamente en el margen de las empresas. Entre ellos mencionan contribuciones patronales y ART con valores que, según el sector, no guardan relación con la siniestralidad real, Derecho Único de Extracción, CITC, CCL y presencia obligatoria de inspectores a bordo, tasas y cánones de SENASA, Prefectura Naval Argentina, Aduana, FONAPE y Consorcios Portuarios Regionales y la continuidad de las retenciones a la exportación, un gravamen que —aseguran— erosiona directamente la competitividad en mercados donde compiten con países de menores cargas fiscales.

A este esquema se suma el impacto del Impuesto a las Ganancias, que no solo afecta a las empresas sino también a la remuneración del personal embarcado, lo que —según la Cámara— agrava la situación en un sector marcado por la volatilidad y la imposibilidad de fijar precios.

A su vez, advirtieron que la industria sigue regulada por marcos normativos “desactualizados”, como la REFOCAPEMM (Decreto 572/94), la norma N° 1-2024 y otras disposiciones que establecen dotaciones mínimas de personal que no contemplan los avances tecnológicos actuales de los buques.

En paralelo, señalan que las ART mantienen valores elevados sin diferenciación por función o nivel de riesgo, y que las empresas terminan pagando primas que “no reflejan la siniestralidad real ni la prevención financiada”.

Impacto laboral: pérdida de empleo y falta de inversión

Como consecuencia del esquema actual, la entidad sostiene que la industria atraviesa una etapa de bajos márgenes que no representan ganancias sino mera subsistencia. Esa situación —indican— derivó en menos inversiones tecnológicas y en una caída del empleo registrado, tanto en planta como en tripulaciones.

Los regímenes laborales vigentes también son señalados como un obstáculo: períodos de prueba demasiado cortos, indemnizaciones poco adaptadas a contratos por marea o zafra, y una administración “excesivamente compleja” de los beneficios no remunerativos.

En el marco de la agenda de reformas laborales impulsada por el Poder Ejecutivo —basada en el DNU 70/2023 y los principios del Pacto de Mayo—, la Cámara planteó una serie de medidas que consideran urgentes:

1. Reforma tributaria y de aportes

2. Desregulación y desburocratización

3. Reforma laboral para las tripulaciones

4. Comercio exterior