El gobierno usó fondos afectados de programas sociales, turismo y la Tasa Vial para compensar la falta de recursos

El gobierno de Agustín Neme dio a conocer, a través de un decreto, una amplia reasignación de partidas presupuestarias para cubrir la falta de recursos mediante la utilización de fondos afectados, luego de que el Concejo Deliberante autorizara la medida excepcional durante diciembre.

Los fondos afectados, tal como lo indica su nombre, son recursos cuyo destino está establecido por ley u ordenanza y, por lo tanto, los gobiernos no pueden disponer de ellos libremente salvo autorización expresa del Poder Legislativo. Precisamente, en noviembre el entonces intendente Guillermo Montenegro solicitó esa excepción para disponer, hasta el 31 de diciembre, de los saldos disponibles en fondos afectados, lo que fue autorizado en diciembre por los concejales.

En ese momento se argumentaron incumplimientos de Nación y Provincia en el envío de recursos para financiar la educación municipal. Sin embargo, del detalle de partidas incluido en el Decreto 2788/25 se desprende que el dinero fue destinado, en rigor, a prácticamente todas las secretarías y a distintos entes descentralizados.

El decreto, firmado por Neme y por el secretario de Legal, Técnico y Hacienda, Mauro Martinelli, movió partidas por un total acumulado de $29,5 mil millones, cerca del 10% del presupuesto 2025. En el Cálculo de Recursos se modificaron 56 partidas por $7.764 millones, mientras que en el Cálculo de Gastos se agregaron 100 partidas por $21,7 mil millones y se eliminaron otras 33 por $13,9 mil millones.

Programas sociales, turismo y Tasa Vial: los fondos afectados más alcanzados

Las especulaciones sobre a qué fondos recurriría el Ejecutivo se confirmaron con la publicación del decreto, de 21 carillas, luego de que el Concejo Deliberante solicitara ese detalle a Martinelli antes de sancionar la ordenanza, en un pedido de informes que nunca fue respondido.

Si bien la atención estaba puesta en recursos como la Tasa Vial, la Tasa de Inspección y Seguridad (TISH) y el Fondo de Promoción Turística, fue otro fondo afectado el principal alcanzado. Se trata del Fondo de Inclusión Social, creado por la Ley 13.863 y financiado por la Provincia con el 1,5% de Ingresos Brutos, del cual se tomaron $2.134 millones.

Estos recursos se distribuyen entre los municipios según un índice de vulnerabilidad social y, en General Pueyrredon, la Ordenanza 18.829 fija su destino y prohíbe expresamente que se utilicen para el pago de sueldos. La normativa, vigente desde hace más de 15 años, deja en evidencia que el gobierno desfinanció programas sociales para afrontar otros gastos.

La ordenanza establece que el 24% del fondo debe destinarse a la asistencia de jóvenes en situación de calle o judicializados; el 21% a reparación, mantenimiento y construcción de infraestructura, equipamiento e insumos; el 17% a becas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo; otro 17% a programas vinculados a la emergencia habitacional; un 17% a seguridad alimentaria; y el 4% restante al Programa de Emprendimientos de la Economía Social.

En segundo lugar aparece el Fondo de Promoción Turística, que se financia con un adicional del 10% sobre la TISH que pagan industrias y comercios. En este caso, el Ejecutivo reasignó $1.203 millones que debían usarse para promover el turismo en Mar del Plata. El tercer lugar corresponde a la Tasa Vial, con $1.164 millones que no se destinarán al mantenimiento de la red vial financiada a través de una alícuota sobre los combustibles líquidos.

Más atrás figuran decenas de fondos de distinta índole. Por un lado, se pueden unificar $544 millones de recursos vinculados a fines sociales y ambientales. El más significativo es el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental, con $446 millones, seguido por el Programa Hogares Convivenciales, con $48 millones. También se reasignaron partidas de programas como Envión, Polideportivos Barriales, becas para menores, Comunidades sin Violencia y Operadores de Calle, entre otros.

Completan los primeros lugares los fondos afectados por la venta de terrenos, con $507 millones, y recién en sexto lugar aparece la TISH, con $182 millones, pese a ser el principal recursos municipal de origen no tributario.

El destino de los fondos afectados: ganadores y perdedores

Además del uso de fondos afectados, la ingeniería de reasignación incluyó saldos de cajas y bancos por $1.467 millones y recursos de libre disponibilidad, junto con múltiples movimientos internos dentro de las secretarías.

Al analizar las reasignaciones por concepto, el principal destino fue el cumplimiento de compromisos con el personal. Se incorporaron nuevas partidas por $15.256 millones, aunque también se registró una reducción de $3.090 millones, casi la mitad vinculada a la baja de horas extras. De ese total, $10.550 millones se destinaron al pago de salarios y otros $4.002 millones al pago de cargas sociales adeudadas.

También se observan transferencias por $2.694 millones a los cuatro entes descentralizados, aunque sin especificación del destino. En el área de Desarrollo Social se registró un incremento de $615 millones para la compra de alimentos. Además, se destinaron $475 millones al pago de proveedores y $434 millones al pago de contratistas.

Más allá de la partidas destinada a proveedores, marcado es un recorte en una partida destinada al pago de cuentas comerciales a corto plazo, por $4.440 millones. Queda por clarificar si se trata de un aumento de deuda flotante con proveedores o una consecuencia de la menor compra de bienes de uso, entre dos posibles explicaciones.

Al observar el impacto por secretarías, la más beneficiada fue la de Legal, Técnico y Hacienda, con un aumento de $14.000 millones, al concentrar el pago de salarios. La otra con crecimiento fue Desarrollo Social, con $1.348 millones, compensando parcialmente el desfinanciamiento de programas específicos.

En contraste, el resto de las secretarías sufrió recortes. La más afectada fue Obras, con una baja de $4.008 millones, principalmente por la no ejecución de obra pública presupuestada. Le siguió Seguridad, con una reducción de $2.748 millones, que incluyó recortes en personal, servicios de vigilancia, equipamiento y transferencias a la Provincia.

El listado se completa con Desarrollo Local (-$298 millones), Salud (-$221 millones), Participación Ciudadana (-$219 millones) y Educación (-$88 millones).