Desalojo en el Puerto: exigen sanciones a los responsables

A raíz de la tensión vivida en el Puerto este viernes con un desalojo por parte de Prefectura a los manifestantes que realizaron un piquete en la puerta de un frigorífico, las tres centrales obreras de Mar del Plata repudiaron el hecho y pidieron duras sanciones a los responsables.

El protoloco antipiquetes anunciado por el Gobierno nacional se activó durante las últimas horas en la ciudad en el marco de una protesta que llevaron adelante fileteras de la planta procesadora de pescado de la Legan Fishing Mart S.A.

“El dueño de la empresa incumplió un acuerdo paritario con el Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (Soip), que los y las compañeras empezaron a discutir en septiembre de 2024 y por el cual en octubre acordaron un aumento del 11%, para luego decirles que les iba a pagar sólo el 1%, lo que es una verdadera tomada de pelo”, explicó el secretario general de la CGT, José Rocha.

Por su parte, Ezequiel Navarro, secretario general de la CTA Autónoma dijo: “El reclamo por incumplimiento del pago de parte del salario es legítimo, y estos compañeros y compañeras que tienen extensas jornadas de trabajo y en condiciones de gran esfuerzo físico, tienen todo el derecho a obtener un sueldo digno, y más cuando eso ya estaba acordado. Ésta es una empresa que además exporta y toda su ganancia la hace a costa del trabajo de cientos de compañeros y compañeras”.

En tanto, Graciela Ramundo, secretaria general de la CTA de los Trabajadores, expresó: “Es un avasallamiento al Estado de derecho que la Prefectura Naval Argentina que debiera cuidar el mar y los recursos marítimos de todos los argentinos, intervenga “de oficio” como nos dijeron, sin orden judicial y en un espacio territorial en el que no puede intervenir, reprimiendo con gas pimienta y las balas de goma a personas que sólo estaba reclamando el pago del salario con lo que los trabajadores mantenemos nuestra familia. Porque que quede claro, con esa plata los laburantes no la invertimos en el sistema financiero, lo usamos para comer, para pagar el alquiler y los servicios que dicho sea de paso está con costos muy elevados”.

Asimismo, Raúl Calamante, Coordinador Regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que fue quién intermedió en el conflicto entre el Soip y el empresario reflexionó: “Es una locura que un conflicto salarial sea intervenido por una fuerza federal, que no tenía nada que hacer en el lugar, que además reprimió a los trabajadores que estaban reclamando un derecho como es el salario, y que lo único que hizo fue generar mayor angustia y lesionando a varias personas. El único que tienen que intermediar ante un conlicto es el Estado, para eso estamos, y si el dueño del lugar o algunos funcionarios políticos creyeran que hay algún tipo de delito deben hacer la denuncia correspondiente, no ejercer su inluencia para que actúen las fuerzas de seguridad de forma ilegal. Son tiempos donde los conflictos requieren más Estado, más diálogo y menos violencia”.

Ante este hecho, las tres centrales obreras CTA-T, CTA-A y la CGT en unidad, repudiaron el accionar de la Prefectura Naval Argentina y exigieron sanciones para los responsables.