Un nuevo polo judicial para once distritos: estrenan en Olavarría un edificio de 9.000 m²
La estructura construida por el gobierno bonaerense aporta un polo moderno y equipado que mejorará la calidad de atención y facilitará el acceso a la justicia para las y los ciudadanos de la región.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires finalizaron la construcción del nuevo edificio del complejo judicial de Olavarría, perteneciente al departamento judicial de Azul.
El edificio posee una superficie de 8.890 m2 y cuenta con cuatro pisos. La planta baja tiene un patio de acceso principal, dependencias de la SCBA, órganos jurisdiccionales, fueros de familia, civil y comercial, biblioteca y auditorio; en el primer piso, funcionarán los fueros de familia y laboral; en el segundo, órganos interjurisdiccionales del fuero penal y en el tercero, el fuero penal (juzgado en lo correccional y juzgados de garantías).
Asimismo, en la terraza está la sala de máquinas y los depósitos y en un subsuelo se encuentra el acceso vehicular, la alcaidía de menores y de adultos, dependencias de la Suprema Corte de Justicia de la PBA (SCBA), depósitos y talleres.
La obra, ejecutada a través de la Dirección Provincial de Arquitectura de la Subsecretaría de Obras Públicas, incluyó instalaciones eléctricas, sanitarias y termomecánicas, como así también trabajos de carpintería, herrería e instalación de ascensores.
El polo judicial de Olavarría beneficiará a múltiples distritos bonaerenses
Este polo funcionará como sede del departamento judicial de Azul, que abarca a los distritos de Azul, Benito Juárez, Bolívar, Gral. Alvear, Gral. Lamadrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué.
La nueva infraestructura contribuye al fortalecimiento del servicio de justicia en el municipio de Olavarría, ya que permitirá centralizar y modernizar las distintas dependencias judiciales en un único espacio, optimizando la organización interna, mejorando la coordinación entre fueros y garantizando una mayor eficiencia administrativa y una gestión más ágil.
Además, refuerza la presencia institucional del Estado, asegurando el acceso a la justicia en condiciones dignas, con infraestructura acorde a las demandas actuales, espacios adecuados para la atención al público y ambientes diseñados para preservar derechos, especialmente en materias sensibles como familia y penal.
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