CNU: comienza juicio histórico a civiles por crímenes cometidos previo a la dictadura

A partir de este lunes, el tribunal integrado por Víctor Bianco, Elbio Osores Soler y Luis Imas juzgará a diez civiles y un militar retirado acusados de asociación ilícita y de haber asesinado a militantes políticos entre el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976; cuando integraban la CNU, una organización de ultraderecha que operaba en Mar del Plata y La Plata como brazo armado de la Triple A.

A los acusados -entre los que se encuentra el exfiscal federal Gustavo Modesto Demarchi- se les imputa el delito de asociación ilícita y los homicidios calificados de Enrique Elizagaray (hijo del senador provincial del Frejuli, Carlos Elizagaray), Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Alberto Goldemberg, Daniel Gasparri, Jorge Stoppani y María del Carmen Maggi, decana de la Facultad de Humanidades, secuestrada y asesinada el 9 de mayo de 1975.

“Es el primer juicio que se hace en el país por crímenes cometidos antes del golpe por colaboradores directos o con presencia de organismos vinculados al Estado, como la Universidad o la Justicia Federal. De esta manera, queda ratificado que el plan de exterminio comenzó antes 24 de marzo de 1976 y a partir de esa fecha, sólo se perfeccionó”, analizó la abogada querellante Gloria León, al ser consultada por 0223. También evaluó que el proceso implica “una toma de consciencia de lo que ha ocurrido en el país” y celebró que después de 40 años, se pueda “aún se pueda hacer que los responsables se hagan cargo de lo que corresponde”.

Al juicio, en el que declararán alrededor de 280 testigos, llegan en libertad José Luis Granel, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, Roberto Alejandro Justel y Marcelo Arenaza. En tanto,  Mario Ernesto Durquet y Juan Pedro Asaro permanecen detenidos en la Unidad Penal 44 de Batán; mientras que Demarchi, Raúl Rogelio Moleón, Fernando Alberto Otero y Raúl Arturo Viglizzo, serán trasladados desde el complejo penitenciario de Marcos Paz. Durante el tiempo que dure el proceso, serán alojados en la cárcel de Batán.

Aunque al inicio de la investigación el número de imputados era mayor, a Nicolás Caffarello y Oscar Héctor Corres se les dictó la falta de mérito, mientras que Beatriz Arenaza y Daniel Ullúa viven en España, país que se rehúsa a extraditarlos porque entiende que la asociación ilícita no es un delito de lesa humanidad. Por su parte, Fernando Delgado y Eduardo Salvador Ullúa -exayudante fiscal de Demarchi- se encuentran prófugos y con pedido de captura nacional e internacional.

En la causa 13.793 también estaban involucrados Ricardo Oliveros, José Catuogno y José Luis Piatti, pero murieron y fueron sobreseídos en agosto de 2010. Patricio Fernández Ribero fue declarado insano.

Raúl Viglizzo, considerado uno de los ideólogos de la CNU, fue el último detenido en el marco de la causa por crímenes de lesa humanidad: se entregó en enero del 2014, tras ser buscado desde el 30 de noviembre 2010. Era el secretario de prensa de la organización y, con la llegada de la democracia, trabajó como docente de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires. Cuando se presentó ante la Justicia, dijo que lo hacía porque “estaba cansado de estar prófugo”.

Demarchi, el jefe de la CNU

El juicio que empieza este lunes tendrá la particularidad de que, por primera vez, en el banquillo de los acusados estará sentada una de las máximas autoridades del poder judicial local: Gustavo Demarchi, quien en 1974 se convirtió en el primer fiscal federal que tuvo Mar del Plata.

Al exfuncionario judicial, procesado desde el 9 de octubre de 2012, se lo acusa de haber sido el organizador o jefe de la asociación ilícita y de instigar seis homicidios calificados y un secuestro cometidos entre el ‘75 y el ‘76.

Según la investigación, Demarchi tenía una rol fundamental dentro de la CNU: contrataba la mano de obra para cometer los crímenes y luego pedía el sobreseimiento o archivo de las causas que involucraban a algún integrante de la organización ultraderechista. Bajo sus órdenes, operaban Ullúa, Durquet, Delgado, Fernández Rivero, el librero Asaro, Viglizzo, el fotógrafo Moleón, Piatti y González.

Luego de que varios testigos del Juicio por la Verdad advirtieran sobre la participación del abogado en delitos imprescriptibles, los jueces el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata formularon en 2008 la denuncia que dio inicio a la causa. En ese marco, el juez federal Rodolfo Pradas ordenó su detención, pero el exfiscal se fugó a Colombia, país al que ingresó en noviembre de 2010 en calidad de turista y pidió asilo político. Finalmente, fue extraditado a la Argentina el 21 de septiembre de 2012 y desde entonces se encuentra detenido en Marcos Paz.

Demarchi también fue asesor legal de la CGT, coordinador docente de la Universidad provincial y en 1983 se postuló como candidato a intendente por una lista del peronismo.

La cacería del “5 x 1” y el secuestro y asesinato de "Coca" Maggi

Ernesto Piantoni, abogado y uno de los líderes de la CNU, se dirigía a su casa cuando, al llegar a Formosa, entre Olavarría y Güemes, fue interceptado por un Peugeot 504 verde claro, desde el que le dispararon una ráfaga de ametralladora antes de huir. Las heridas le provocaron la muerte horas más tarde, en una cama de la Clínica Modelo. Era 20 de marzo del ‘75 y con el asesinato del letrado comenzaba una sucesión de secuestros y crímenes a sangre a fría que generarían conmoción en la ciudad. 

Si bien en un principio se adjudicó a Montoneros el ataque a Piantoni y hasta se especuló con una interna de la Unión Obrera Metalúrgica, nunca se halló a los responsables del hecho. No obstante, durante la madrugada del 21 de marzo, en pleno velatorio, se gestó la represalia. Según se desprende de los testimonios recabados en la causa, Demarchi -líder natural y amigo del fallecido- fue el encargado de trasmitir a sus compañeros el mensaje de Cristina, la viuda: “Quiero la cabeza de los responsables aquí”. Así, un grupo de personas de entre 25 y 30 años salieron armadas a recorrer las calles marplatenses en busca de militantes de agrupaciones políticas opositoras a la CNU local, con una consigna precisa: “Cinco por uno”.

La cacería arrancó en la vivienda de la calle España 856, a donde los sujetos ingresaron tras identificarse como integrantes de la Policía Federal. Allí vivía Enrique “Pacho” Elizagaray, principal referente de la Juventud Universitaria Peronista local, quien fue asesinado a balazos cuando intentaba escapar por los techos. En total, recibió 23 impactos de arma de fuego. 

Luego fueron por el militar retirado Jorge Enrique Videla Yanzi y sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo Enrique, quienes fueron secuestrados y trasladados a bordo de autos particulares. Los tres cuerpos aparecieron poco después en el paraje Montemar y en un estado que daba cuenta de la crueldad de los ataques: Jorge Lisandro tenía 57 heridas de bala, su hermano Guillermo 27 y su padre Jorge, 33.

Pero la venganza por la muerte del líder de la CNU no había terminado: los mismos individuos armados irrumpieron en la cada de Falucho 3634 y se llevaron al médico cirujano -ligado a la Universidad- Bernardo Goldemberg, cuyo cadáver apareció en la periferia de la ciudad, con 42 heridas de bala.

Los atacantes utilizaron ametralladores tipo Itaka y proyectiles 9 y 11,25 milímetros. La existencia de balas en el suelo permite presumir que las víctimas fueron ultimadas en los sitios donde fueron encontradas.

Los asesinatos de los contadores públicos Daniel Gasparri y Jorge Stoppani, perpetrados el 25 de abril de ‘75, también son adjudicados a la CNU. Ambos  fueron secuestrados la noche del 24 de abril y sus cuerpos sin vida, hallados alrededor de las 13.30 del día siguiente sobre calle Edison, a unos tres kilómetros de la avenida Mario Bravo, en el paraje conocido como "Lomas de Cabo Corrientes". El cadáver de Gasparri estaba completamente carbonizado en el interior de su auto Peugeot 504, mientras que a unos siete metros de allí se hallaba el de Stoppani, con innumerables impactos de bala.

A María del Carmen Maggi, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, la secuestraron en su casa de Maipú 4085, alrededor de las dos y media de la madrugada del 9 de mayo de 1975. Alfredo Maggi, su padre, contó que estaban durmiendo cuando fueron sorprendidos por unos fuertes golpes en la puerta de entrada y ventana del comedor de la casa. Al asomarse, desde el primer piso de la vivienda, vio una docena de hombres, bien vestidos  y con ametralladoras, que dijeron pertenecer a la Policía Federal y pidieron que los acompañara por cuestiones de rutina. “Coca”, que en ningún momento opuso resistencia, terminó adentro de un Peugeot 504 blanco, que arrancó y se fue a toda velocidad. 

Esa fue la última vez que se la vio con vida: su cadáver fue encontrado recién un día antes del golpe de Estado, cerca de la laguna de Mar Chiquita. Estaba semienterrado y en avanzado estado de descomposición. De un informe de inteligencia del Servicio de Informaciones de la Policía Bonaerense surge que tenía la misma ropa del día del secuestro y, por las heridas que presentaba, la habían matado poco después de haberla llevado de su casa del barrio Pompeya.

Los testimonios aportados en el Juicio por la Verdad permitió desentrañar que el asesinato de Maggi estuvo vinculado con el violento proceso de integración de la Universidad Católica a la Universidad Nacional: tanto la decana como el rector honorario de la UCA, monseñor Eduardo Pironio, se resistían a la unificación que promovía la organización de ultraderecha, cuyos miembros más duros habían sido expulsados de la casa de altos estudios tras el crimen de la estudiante Silvia Filler, el 6 diciembre del '71.