Durante la gestión de Carlos Arroyo, el boleto aumentó un 213%

Si Carlos Arroyo termina su intendencia el 10 de diciembre con un boleto a 18,50 pesos, entonces el nivel de aumento que se habrá visto reflejado en la tarifa plana del transporte público durante toda su gestión llegará al 213 por ciento.

El debate por el costo del servicio de colectivos cobró fuerte protagonismo para el jefe comunal desde un principio. En marzo de 2016, a tan sólo tres meses de estar al frente de la Municipalidad, tuvo que decidirse la primera suba que llevó el valor de 5,90 pesos a 6,86 pesos, en el marco de un ajustada votación que requirió el desempate del presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz Saralegui, para que saliera favorable. Pero no sería la única en ese año.

En el cierre de diciembre, después de otros debates arduos y negociaciones intensas del oficialismo por conseguir los votos necesarios, el cuerpo legislativo en una acalorada sesión coincidió con el monto que había sugerido el estudio de costos aportado por el Ejecutivo y convalidó en el recinto una suba para actualizar el boleto a 7,97 pesos.

Pero la llegada de 2017 trajo un escenario inesperado para el Gobierno local: una medida cautelar interpuesta en abril por el juez en lo Contencioso Administrativo Nº2, Marcelo Fernández, dejó sin efecto la última suba que se había aplicado en la tarifa a partir de las irregularidades denunciadas por Acción Marplatense en la confección del estudio de costos.

A los pocos días, la Subsecretaría de Legal y Técnica presentó su apelación al veredicto de primera instancia y el valor del boleto se mantuvo vigente pero la resolución de la cuestión de fondo mantuvo en vilo a los marplatenses hasta noviembre, cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativa finalmente reveló su veredicto y falló a favor de la comuna.

Frente a otro pedido de actualización de la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap), diciembre volvió a ser el mes elegido por los concejales para dar los últimos pasos en el tratamiento de un nuevo aumento: el día 7 de ese mes, el cuerpo legislativo dio el visto bueno para autorizar una suba de 9,85 pesos, lo que se traducía hasta entonces en un impacto del 23,58 por ciento para el usuario del servicio.

Desde 2018 comenzaron a aplicarse los aumentos pero bajo la modalidad "escalonada". Y fue así que en agosto, los votos del oficialismo lograron sacar adelante en una sesión del Concejo Deliberante el proyecto para implementar un primer incremento en la tarifa para llevarla a 11,55 pesos desde septiembre.

En ese mismo expediente que recibió la aprobación del cuerpo legislativo en el recinto, se pactó también que en octubre el boleto pasaría a costar 12,55 pesos mientras que en noviembre se aplicaría la última actualización que llevaría el valor a 13,55 pesos.

En 2019, sin embargo, fue el propio Arroyo el que tuvo que definir los nuevos valores que regirían para el transporte público. En marzo, los concejales le transfirieron las facultades al jefe comunal para que resolviera la cuestión después de diferentes dilaciones en los debates que encendían preocupación en los empresarios que reclamaban un ajuste inmediato.

Si bien no es lo habitual, ya había un antecedente de este tipo que no resultaba tan lejano en el tiempo: bajo la misma metodología, el exintendente Gustavo Pulti pudo dar la aprobación para las dos últimas subas del transporte que se aplicaron durante su gestión al frente de la comuna.

Así, a través de un decreto, el titular del Ejecutivo local decidió otro incremento escalonado que llevó la tarifa, en una primera instancia, a 16,55 pesos para luego actualizarla a 18,50 pesos en junio. De esta manera, definió un aumento menor al que preveían otorgar los ediles, el cual oscilaba en los 18,81 pesos.

Y ahora, en el último tramo de la gestión de Arroyo, el debate por el valor del boleto se instala de nuevo a partir de la presentación que hizo la Cametap al Concejo Deliberante para aggiornar el valor del costo del servicio a 30,27 pesos.

Hasta el 1 de diciembre, en base a lo resuelto por los concejales, el jefe comunal es el que tiene la potestad de otorgar un aumento. Si cede a la presión empresarial y acepta la pretensión de disparar la tarifa a 30,27 pesos, entonces el impacto de los incrementos en el servicio habrá sido del 413 por ciento a lo largo de la administración arroyista.